Nuestra aviación pasó otro año de altas y bajas y empezando este 2019 podríamos decir que enfrenta una época de incertidumbre, porque nadie puede predecir con exactitud cómo viene el futuro de la industria de cara a las decisiones que han sido tomadas hasta hoy por el nuevo Gobierno de López Obrador en materia aeronáutica.

Solo el tiempo habrá de decirnos si fueron decisiones acertadas o no aunque, desde ahora y para empezar, las finanzas del país se han visto afectadas de varias maneras y se prevé una mayor afectación y graves problemas en el futuro cercano.

Es importante decir que, desafortunadamente, las personas hoy encargadas de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo no tienen la forma –o no le quieren decir al Presidente– lo que verdaderos expertos y especialistas nacionales y extranjeros, reconocidos y calificados de todo tipo en materia aérea, han dicho de muchas maneras y en cuanto medio ha sido posible sobre la cancelación del proyecto Texcoco y la iniciación de un proyecto “parche” en Santa Lucía, que bien puede poner en entredicho el progreso de nuestras industrias aérea y turística en un momento en que nos son más necesarias para garantizar el desarrollo del país.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto ha levantado las cejas de todo tipo de inversionistas que ya han empezado a llevar su dinero a países con mejor calificación financiera, y se están perdiendo millones de dólares con la cancelación de lo que hubiera sido el segundo aeropuerto más grande del mundo al finalizar sus distintas etapas.

De esta manera se abre la posibilidad para otros países de convertirse en “hubs”, con todas las enormes ventajas sociales y económicas que esto representa y dejando a México en situación definitiva de falta de competitividad.

Seguramente perderemos muchos dólares por la huida de turistas que van a preferir vuelos desde otros aeropuertos mejor conectados, y seguramente también veremos el aumento de precios en las tarifas de avión porque las diferentes aerolíneas están desde ahora pensando en el altísimo costo que va a representar la implementación de una complicada logística para el movimientos de pasajeros y personal.

Un punto aparte es el que se refiere a la posición que habrán de tomar organismos internacionales para certificar un proyecto en Santa Lucía, uno que ellos mismos han explicado que por variadas razones no es viable, por lo que autorizar a sus aerolíneas a volar a nuestro país puede ser mucho más complicado de lo que podríamos pensar.

De hecho, la FAA (Administración Federal de Aviación de los EU) y la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) tendrán la última palabra para permitir, en un caso, y recomendar, en el otro, operaciones aéreas en el binomio aeroportuario Santa Lucía-Benito Juárez, que lo único que hoy garantiza es el aumento de conflictos de todo tipo, principalmente en lo que se refiere a garantizar la seguridad de millones de pasajeros que por ahí viajan cada año.

Personalmente creo que detrás de la decisión de cancelar Texcoco hay algo más grande que el ego de una persona: son muchos millones de pesos los que se se están perdiendo –sin contar las deudas y la destrucción de lo construido–, que bien servirían para edificar y arreglar escuelas, hospitales y mucho más… y esa persona lo sabe.

Atrás de la cancelación de Texcoco y de la posible puesta en marcha de Santa Lucía existe algo muy extraño que, algún día y de alguna manera, va a salir a la luz. Resulta totalmente fuera de lógica que un país con tantas y urgentes necesidades tire miles de millones a la basura y condene a los ciudadanos a pagar por las malas decisiones de sus gobernantes, y además que ponga en entredicho la buena marcha de sus finanzas como ya ha quedado claro desde el día del anuncio de la cancelación en octubre del 2018.

Se puede prever que los problemas mayores sobre este asunto van a empezar a surgir muy pronto y que van a complicar el desarrollo del gobierno de AMLO porque no todos los tenedores de bonos e inversionistas del proyecto Texcoco están de acuerdo en las propuestas de él y de su equipo para resolver este importantísimo tema… al tiempo.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) difundió las condiciones y rendimientos futuros que cada serie de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sumará a su vencimiento.

En una nota informativa, el organismo que representa a las principales aerolíneas extranjeras y nacionales –excepto Interjet– que operan en el país, destacó que los bonistas “deberán tomar decisiones con base en cifras de rendimientos y valores futuros” de cada una de las series, que en conjunto suman 6 mil millones de dólares (mdd).

2/2 Para los dos bonos vencimiento 30 años, el retorno de inversión a futuro es aprox. 5856 mdd (más el repago de los bonos por 4000 mdd). Estos bonos eran créditos que se iba a pagar solo con las TUAs futuras. Si no llegan a un acuerdo, lo pagaremos todos con nos. impuestos

— Rodrigo Pérez-Alonso (@rperezalonso) 12 de diciembre de 2018

Esta observación se presenta en el marco de la determinación de cancelar esta obra por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como de las medidas de reestructuración de esta deuda a través de una oferta de recompra y cambios en los convenios de emisión por eventos de incumplimiento, implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“A la fecha, la Secretaría de Hacienda y los tenedores de bonos están en negociaciones para determinar si se liquida parte de esos bonos, entre otras cosas y, los nuevos términos y condiciones de los mismos”, apuntó la Cámara.

Canaero recordó que estos papeles están garantizados a través del pago de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) que hoy en día pagan los usuarios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y que seguirían siendo recaudadas en el aeropuerto que se construye en Texcoco, si éste entrara en operación.

Así, enlistó las 4 emisiones de notas garantizadas preferentes (bonos) como sigue:

1. “Bono 2026” por US$1,000,000,000 al 4.250%, con vencimiento en 2026
2. “Bono 2046” por US$1,000,000,000 al 5.500% con vencimiento en 2046
3. “Bono 2028” por US$1,000,000,000 al 3.875% con vencimiento en 2028
4. “Bono 2047” por US$3,000,000,000 al 5.500% con vencimiento en 2047

“Cada uno de los bonos establece que se deberán pagar rendimientos (cupones) a los tenedores de los bonos en forma semestral, de acuerdo con distintas tasas de rendimiento determinadas en los mismos”, detalló Canaero.

Finalmente, desglosó los montos futuros que deberán esperar los tenedores de bonos, tomando en cuenta los pagos emitidos y los plazos de cada serie:

Como nota al pie, Canaero aclaró que existen otras fuentes de financiamiento del proyecto que no se mencionan en su nota, como la Fibra E que recaudó unos 30 mil millones de pesos y que tiene un rendimiento objetivo del 10%.

Representados por el bufete internacional de abogados Hogan Lovells, los bonistas afirman sumar el consenso tanto de los tenedores de más del 50% de una de las cuatro series de bonos verdes, como de más del 50% del monto total de seis mil mdd emitido por el Gobierno anterior.

Los bonos verdes son un mecanismo de inversión que la administración Peña Nieto colocó mercados internacionales para financiar una parte de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su determinación de cancelar el proyecto en Texcoco, las series MexCAT han estado bajo presión. Sin embargo, con el anuncio de recompra algunas emisiones recuperaron parte de su valor.

El pasado 4 de diciembre, el grupo Ad Hoc externó su preocupación ante la propuesta de recompra, principalmente en lo relacionado con la pretensión del Gobierno de cambiar los contratos para evitar eventos de incumplimiento.

Recordemos que el pago de rendimientos de estos bonos a su vencimiento está respaldado por las tarifas de uso aeroportuario (TUA) que pagan los usuarios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se trasladarían al NAICM.

En un reporte reciente, la calificadora Fitch consideró que si la oferta de recompra no procediera, esto provocaría “un acuerdo político prácticamente insostenible”, ya que las tarifas seguirían siendo recolectadas y las condiciones y capacidad del aeropuerto no se mejorarían.

En la anterior colaboración explicamos que se debe de contar con un plan de desarrollo y un fideicomiso de inversión en bienes raíces para implementar proyectos de infraestructura de gran calado como lo es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).  Pero, así como es necesario gestionar las actividades y fases, y hacerse de los recurso económicos para ello, es necesario que en los proyectos de infraestructura se prevea para su ejecución –así como para su cancelación– aspectos tales como garantías, consecuencias de la terminación anticipada, la suspensión de obra, el ajuste de costos, los anticipos, la rescisión administrativa, etcétera.

Tomemos como ejemplo para nuestro comentario –el cual es información pública que que puede ser consultada en la sección de contratos del sitio aeropuerto.gob.mx– el contrato de servicios relacionados con obra pública, por precios unitarios y a tiempo determinado, que firmó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SA de CV (GACM) con Netherlands  Airport Consultants para el diseño ejecutivo de construcción de pistas, calles de rodaje y plataformas (contrato no. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015).

Además de especificar su “objeto” a través de anexos técnicos –dado el variado entramado de acciones de alta complejidad técnica que se debieron ejecutar–, el monto a pagar por las mismas, el plazo de ejecución y la forma de pago, en este contrato resulta especialmente interesante el conocer las cláusulas relativas a la “no cesión del proyecto; “el ajuste de costos”; “la pena convencional”; “la rescisión administrativa del contrato”, y la “suspensión o terminación anticipada”. Todo lo anterior debido al anuncio de parte del presidente electo de su decisión de suspender el proyecto con base en un ejercicio de opinión al que llamó “consulta al pueblo bueno y sabio”.

No cesión del proyecto. Es la cláusula sexta y señala que el contratista –la empresa holandesa– no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones del contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito del GACM, en los términos de la normativa que lo regula (la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su respectivo reglamento).

Si bien esta disposición establece la carga de cumplimiento en la empresa extranjera –debido al principio de reciprocidad entre las partes que rige los contratos–, sin duda representa una imposibilidad de “traslado automático” de esa carga a las obras que pudieran darse en un supuesto de asignación directa –sin licitación– para el proyecto de construcción en la base aérea de Santa Lucía, tanto para ejecutarse por la misma empresa como por un tercero, si esto no le llegase a convenir.

Ajustes de costos. Esta previsión de tipo financiera no es otra cosa que actualizar el valor o monto del contrato conforme a los cambios que pueda haber en el mercado y que por circunstancias de orden económico imprevistas afecten de modo directo o indirecto los costos y financiamiento de la ejecución, lo que suele pasar cuando en los proyectos muy grandes se requiere tecnología, mercancías y materiales en gran cantidad, o en gran tamaño o de índole muy especializada, y cuya disponibilidad esté sujeta a una cadena de suministro sometida a presiones internacionales y cuotas compensatorias propias del comercio exterior. ¿Cómo pasa esto?

Existen muchas variables. Pero una buena referencia fue la reacción de los mercados cambiarios y bursátiles en las postrimerías del anuncio de la cancelación del NAICM, que Andrés Manuel López Obrador emitió el 29 de octubre pasado. Este simple pronunciamiento generó pérdidas a muchos de los inversionistas por el valor en costos directos, indirectos y títulos de dejada, que los afectaron negativamente. Es importante notar que el método que nuestro ejemplo establece es conforme a la ya mencionada Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento.

Pena convencional. Es una pena acordada por la partes de un porcentaje determinado a retener del pago debido al contratista por una ejecución defectuosa, de modo distinto o a destiempo, de lo acordado en el contrato. Es distinto al incumplimiento del contrato. La pena convencional supone un “mal cumplimiento”.

Rescisión administrativa del contrato. Prevé la rescisión del contrato por parte del GACM sin necesidad de declaración judicial por un sistemático incumplimiento de las condiciones pactadas por parte del contratista. Es decir, el supuesto contrario de lo que aparentemente va a pasar si se suspende el proyecto de Texcoco –supuesto en el cual el incumpliendo recae sobre el Grupo Aeroportuario. Si bien no requiere declaración judicial y opera “de pleno derecho”, una rescisión administrativa de contrato no es arbitraria sino que debe ser fundada, motivada y contrastable con evidencia física y documental.

Terminación anticipada del contrato. La segunda parte de la cláusula décimo tercera es la importante –en nuestro “contrato-ejemplo”– de cara a lo que pasó y va a pasar: el Grupo Aeroportuario puede dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad alguna –con excepción de pagos adeudados– por “causas de interés general”, “causas justificadas o que causen daño al país” y que no sea posible determinar por cuánto tiempo se alargaría una suspensión de contrato ya en curso.

¿Me pregunto cual de estas tres causales opera mejor de cara a lo anunciado y a lo que está por ejecutar el presidente electo? Anticipo que el interés general, con las pobres condiciones formales y técnicas con las que se llevó a cabo la consulta, no creo que pueda ser justificada  ante un juez.

En nuestra próxima colaboración concluirá nuestro análisis de otros aspectos de este tipo de contratos de infraestructura aeroportuaria.

Poco más de cinco mil 500 personas participaron en la marcha “Sí al Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco”, la cual recorrió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la manifestación, decenas de ciudadanos se manifestaron en contra de la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) a través de una consulta nacional en al que participó poco más de 1% del padrón electoral.

Durante la marcha se mostraron mantas en las que se externó el rechazo a la toma de decisiones para futuros proyectos de infraestructura a través de consultas populares, así como en apoyo a la continuación de las obras en Texcoco.

Algunos de los participantes cuestionaron los elementos técnicos relacionados con la orientación de las pistas para el proyecto que se planteó en la base militar de Santa Lucía, en donde el Gobierno entrante pretende construir dos pistas para operaciones civiles.

“Orientación de pistas 18-36 del NAICM de Texcoco, con normas OACI. Orientación 05-23, obsoleta”, señalaba una manta en relación a la orientación de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“No a las consultas a modo” y “México no es Morena” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el paso de la marcha por el Paseo de la Reforma y avenida Juárez, en el centro de la capital del país.

Otros de los manifestantes se pronunciaron contra la asesoría que José María Riobóo brinda al equipo del presidente electo para la construcción del eventual Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

“EPN 2012, Grupo HIGA, Juan Antonio Hinojosa Cantú, la Casa Blanca. AMLO 2018, Grupo Riobóo, José María Riobóo, Santa Lucía”, se leyó en otro cartel expuesto durante la manifestación.

En tanto, algunos participantes cuestionaron el costo de la cancelación del NAICM, estimado en 120 mil millones de pesos, en contraste con los 80 mil millones que costaría terminar las obras en Texcoco.

La marcha fue convocada por organizaciones civiles a través de redes sociales. Al término de la misma, los participantes acordaron realizar una nueva manifestación el 2 de diciembre a las 11:00 horas, un día después de la toma de posesión del presidente electo.

Twitter: @rsotomorales

Con la anunciada cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, se ha comentado mucho sobre las consecuencias jurídicas y el costo económico que traerá consigo dicha decisión. Y esto, principalmente, por la terminación anticipada, rescisión o incumplimiento de contratos y sus respectivos convenios modificatorios, ya celebrados por los contratistas y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la fiduciaria, en este caso concreto Nacional Financiera. Por ello resulta de interés –de cara al momento que se vive entorno a la polémica decisión del presidente electo– conocer y entender algunos aspectos relacionados con este tipo de contratos.

El desarrollo de los países supone, como lo ha hecho a nivel histórico, la necesidad de planear y ejecutar grandes obras de infraestructura que permitan a los estados crear canales de distribución y comunicación adecuados para el normal desarrollo de sus economías. Esa necesidad se ha traducido en la creación de estructuras económicas y jurídicas que faciliten de manera sustancial el desarrollo de este tipo de proyectos.

En ese contexto se ha venido desarrollando el concepto del Project Finance, término creado por los banqueros para referirse a métodos particulares de movilizar recursos con el propósito de financiar grandes proyectos de infraestructura que carecen total o parcialmente de recursos para su ejecución (Cf. Maximiliano Rodríguez Fernández, Mercatoria, Vol. 5, Número 1, 2006, Colombia).

Ahora bien, el Project Finance supone la existencia de varios elementos propios de este tipo de proyectos y de figuras contractuales sin las cuales sería imposible la estructuración y ejecución de los mismos. Tales elementos se encuentran claramente señalados por la práctica nacional e internacional. Entre ellos encontramos los contratos de crédito, fideicomisos de infraestructura, previsión de flujos de efectivo, aumentos de capital, administración de deuda, etcétera, así como los documentos indispensables que respalden todo ello y prevean los tiempos de ejecución de proyectos de infraestructura.

Generalmente se requiere la obtención de grandes sumas de dinero y se debe trabajar mucho en la “percepción del proyecto” para lograr contar con la capacidad económica para adelantar, con cargo a sus propios recursos, la realización del mismo, de manera tal que pueda ser financiado ya sea por organizaciones financieras sean Bancos o Fondos de Inversión (cuyo primer objetivo es no perder y sí ganar). Es por ello que lo sucedido la semana pasada puede traer efectos colaterales graves al desarrollo de la industria aeronáutica del país.

Elemento de vital importancia en el caso del NAICM son los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces, por su acrónimo, FIBRAS. Estos son instrumentos cotizados en los mercados públicos de valores que ofrecen a los inversionistas pagos periódicos (rentas) y a la vez tiene la posibilidad de recibir ganancias de capital (plusvalía), permitiéndole al pequeño y gran inversionista participar en proyectos específicos con montos pequeños de capital. En suma, son vehículos que permiten desarrollar el financiamiento de infraestructura y bienes raíces del país.

Su origen se remonta al 2006 cuando la Bolsa Mexicana de Valores, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y otros participantes del mercado de valores, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comenzaron a implantar esquemas que funcionan en mercados de valores internacionales y permiten el acceso a bienes raíces de calidad –administrados con transparencia y eficiencia por profesionales del ramo– a pequeños inversionistas, fondos de pensiones (Afores) y sociedades de inversión, en condiciones de transparencia y supervisión. (Algo muy atractivo es el régimen fiscal específico al que responden, pero que por razones de tiempo y espacio no referiremos aquí).

Así, la partes involucradas en una FIBRA son:

• Fideicomitente, aporta los inmuebles al fideicomiso.
• Fideicomisario o beneficiario del fideicomiso, son los tenedores de los CBFI, es decir, el gran público inversionista.
• Fiduciario, es la institución de crédito que tiene encargo de los inmuebles, la responsabilidad de vigilar el cobro de las rentas y el pago de los flujos generados.
• Comité Técnico, es un grupo de personas que representan a los fideicomitentes y toma las decisiones sobre la administración del patrimonio del fideicomiso.
• Administrador del Fideicomiso, es responsable de recolectar las rentas, el mantenimiento de los inmuebles, etc.
• Agente estructurador, es la institución que lleva a cabo la estructura legal y financiera del fideicomiso.
• Intermediario colocador, es la institución que realiza la venta inicial o colocación de los certificados en el mercado de valores.
• Representante común, es la institución que representa a los tenedores de los certificados y distribuye los rendimientos a cada tenedor.

Así pues, tenemos dos aspectos dominantes de la relación contractual: 1) el aspecto técnico de alta complejidad; y 2) el aspecto financiero, también de alta complejidad. Decir que una solución para “salvar el NAICM” es licitarlo, es una solución también “de alta complejidad” por la instrumentación de la subrogación, sustitución, cesión, endosos, etcétera, de un montón de instrumentos accesorios a los principales contratos de obra pública, convenios relacionados con otros bienes y servicios requeridos por el GACM, que al momento es una empresa paraestatal.

Por ejemplo, sólo los aspectos relacionados con el cambio de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones requerirían una “reingeniería jurídica” que permita a la autoridad refrendar al concesionario, licenciatario, permisionario o autorizado. Además, en el caso de la FIBRA, la percepción del mercado y su valor en el mercado.

En nuestras próximas colaboraciones seguiremos explicando otros aspectos relacionados con los contratos de infraestructura aeroportuaria para que el lector pueda dimensionar la “camisa de once varas” en la que nos encontramos metidos, como consecuencia de la decisión del pasado día 29 de octubre de 2018.

Por Salma Domínguez.

Afectaciones al abasto de agua en la zona norte del Estado de México; riesgos de pérdida de biodiversidad –particularmente de aves migratorias y especies endémicas– en el Lago de Zumpango, y devastación de ecosistemas naturales y áreas protegidas, son algunas de las preocupaciones de las comunidades cercanas a la base aérea militar Santa Lucía, donde el Gobierno entrante planea construir un aeropuerto civil.

Estas y otras situaciones (como la ocupación de terrenos agrícolas para zonas comerciales y la saturación vial) se asemejan a aquellos que señalaron en su momento los opositores a la obra insignia de la administración peñanietista: el Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Entrevistada por La Jornada, Patricia Ramírez Bastida, bióloga de la UNAM, afirmó que peligran 114 especies endémicas y migratorias, entre ellas, garzas, patos, zambullidores, rapaces, tordos, iris, gaviotas, y gallaretas.

Además, advirtió que la cercanía con el lago de Zumpango que pondría en riesgo las operaciones aéreas por la gran cantidad de aves (260 mil ejemplares que vuelan el área).

En general, las comunidades cercanas al área de la construcción temen que se vayan a devastar grandes extensiones de recursos naturales y áreas protegidas, como sucedió con Texcoco. Además, les preocupa que estas obras repercutan en sus actividades cotidianas y su modus vivendi.

Abasto de agua, en riesgo

Armando Hernández, delegado de la comunidad de Los Reyes Acozac, municipio de Tecámac, opinó para El Universal que “más que beneficio, nos va a traer afectaciones”, principalmente por la destrucción del ecosistema y la sobreexplotación de mantos acuíferos.

Añadió que la dotación de agua necesaria para un aeropuerto de esa magnitud “nos va a dejar sin el líquido a los pueblos”. Otras autoridades auxiliares en esta demarcación aledaña a la instalación militar apuntaron que las comunidades sufren problemas de suministro desde hace ya varios años.

Por su parte, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo al noticiero La Nota Dura de El Financiero que con el proyecto de Santa Lucía se estará “poniendo en riesgo la sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México, lo mismo que hubiese ocurrido en Texcoco”.

En ese mismo sentido se pronunció Ricardo Obando, vocero del movimiento ‘Agua para Todos, Agua para la Vida’, quien advirtió que los cuatro principales mantos acuíferos que abastecen a la capital del país están sobreexplotados, incluyendo el Cuautitlán-Pachuca.

Estas aguas subterráneas se ubican en la región inmediata a la población de Zumpango (donde se ubica la base militar), y sobre ellas pesan varios decretos (publicados en el Diario Oficial de la Federación) que velan por su conservación.

Como confirmó el pasado 29 de octubre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador,  en la actual base militar se construirán dos pistas adicionales, un edificio terminal y otras adecuaciones, como parte de un sistema aeroportuario que quedaría completo a más tardar en 2022.

Ante la eventual cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, Volaris pidió al futuro Gobierno que anteponga la seguridad de las operaciones aéreas en la definición de aquella infraestructura que se construya en su lugar.

“La prioridad número uno en el desarrollo de cualquier alternativa debe garantizar la seguridad del público viajero, de todo el personal y de las operaciones”, citó la compañía a través de un comunicado.

Lee más: Confiamos en que el nuevo gobierno nos entienda: Volaris

A tres días del anuncio emitido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se decantó por la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía y la modernización y ampliación de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Toluca, Volaris reiteró su voluntad de trabajar junto con su administración para lograr los índices más altos de seguridad.

“Debemos dirigir nuestros esfuerzos en pro de las iniciativas a través de las cuales podamos lograr esa prioridad en los siguientes años –en el AICM dada su actual saturación–, y trabajando mano a mano con las nuevas autoridades para garantizar este supuesto”, apuntó.

La aerolínea que comanda Enrique Beltranena evitó pronunciarse sobre términos técnicos u operativos de las propuestas emitidas por el equipo de Transición, pues dijo desconocer detalles de las mismas.

Finalmente, indicó que buscará aportar a la generación de soluciones que garanticen la seguridad y sean viables logística y financieramente.

Ante los recientes acontecimientos relacionados con el proyecto del NAICM,
Volaris manifiesta que: pic.twitter.com/a0lwUQiI15

— Volaris (@viajaVolaris) 1 de noviembre de 2018

Este martes, la Cámara Nacional de Aerotransportes –a la que está afiliada Volaris– reiteró que, por seguridad y eficiencia, la opción más conveniente para el país sería continuar con el proyecto de Texcoco.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) reiteró su postura a favor de continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, dado que es el proyecto que ha sido evaluado en términos de seguridad aérea y eficiencia de acuerdo con estudios nacionales e internacionales de “prestigiadas organizaciones de regulación y seguridad del transporte aéreo”.

“Esta Cámara seguirá trabajando por mantener estos dos pilares fundamentales que han contribuido por décadas al desarrollo de nuestro país, de nuestra industria y de la generación de miles de empleos”, apuntó la organización que representa a las aerolíneas mexicanas. 

Refiriéndose a la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) y la consultora estadounidense The MITRE Corporation, entre otros; la Cámara explicó que la prioridad número uno en esta industria es la seguridad aérea, así como el apego al Estado de Derecho y los Tratados Internacionales.

“De acuerdo con estudios nacionales e internacionales que evaluaron la seguridad aérea, la seguridad en tierra, la conectividad, la capacidad de largo plazo, la competitividad en el país y la generación de empleos, la mejor decisión para el país es continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco”, apuntó. 

#Comunicado SEGURIDAD AÉREA, prioridad de la industria https://t.co/MbqVcB4LhA

— CANAERO (@CANAEROMX) 31 de octubre de 2018

La Canaero también recordó su disposición a aportar su “experiencia y conocimientos técnicos” para que el sector cumpla con los más altos estándares y certificaciones internacionales en materia de seguridad aérea y eficiencia.

Desde la campaña presidencial, la organización que aglutina a las principales aerolíneas que operan en cielos mexicanos –excepto Interjet–, promovió la idoneidad del NAICM como respuesta a la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), obstáculo que, consideró, impide un mayor desarrollo económico tanto de México como de la industria.

Sin embargo, este lunes –y después de una consulta nacional de cuatro días en la que 70% de casi 1.1 millones de ciudadanos votó por el proyecto AICM-Toluca-Santa Lucía–, López Obrador afirmó que con esta alternativa se resolverían en tres años las necesidades de infraestructura para movilizar hasta 70 millones de pasajeros anuales.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) consideró que la solución propuesta por el Gobierno electo de un sistema aeroportuario del Valle de México –que incluya a la base militar de Santa Lucía– es un proyecto que podría poner en riesgo sus condiciones laborales.

A través de un comunicado, la representación gremial advirtió que una configuración que incluya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y al eventual Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), “detonará cambios importantes en la distribución de las labores de los tripulantes”.

“Estaremos atentos a los eventuales riesgos que en materia laboral pudiesen presentarse por posibles afectaciones a nuestras fuentes de empleo”, expusieron los pilotos.

Ante esto, la organización sindical analizará a detalle el proyecto con el fin de “defender con toda la fuerza legal” los derechos de los pilotos.

La semana previa a la consulta nacional, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) aseguró que trasladar operaciones al AIT provocaría la duplicidad de costos para las aerolíneas, incluyendo aquellos asociados a las plantas laborales.

Ante esto, ASPA exhortó al Gobierno entrante a apostar por el desarrollo e implementación de una Política Aeronáutica Integral, que no sólo se concentre en la solución de problemas regionales sino que amplíe sus estrategias a otros aeropuertos del país.

“Ya existen aeropuertos que se encuentran llegando a sus niveles de saturación y que requieren de un plan de desarrollo similar” al que se planteó para el proyecto de Texcoco, afirmaron los pilotos.

Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), luego de conocerse el resultado de la consulta ciudadana en la que poco más de 700 mil votos se decidieron por el trinomio AICM-Santa Lucía-Toluca como alternativa.

Ofrece asesoría técnica

Frente a los resultados, ASPA reiteró que de acuerdo con los estudios técnicos hechos y publicados durante el proceso de discusión previo a la consulta, la opción Texcoco era la más viable en términos de seguridad, conectividad, eficiencia y capacidad para mover a pasajeros y carga.

“La decisión tomada nos parece de muy corto plazo, ya que el diseño de un aeropuerto con las características de crecimiento del transporte aéreo comercial en México requiere de un diseño y operación aeroportuaria capaz de solventar de manera eficiente las necesidades comerciales del sector”, apuntó la representación sindical.

No obstante, el gremio se dijo dispuesto a aportar su conocimiento técnico aeronáutico para la implementación de los planes anunciados por el Gobierno electo, en apego a los métodos y recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional.

“Los pilotos aviadores mexicanos tenemos la capacidad y profesionalismo para operar las aeronaves, cumpliendo con todos los factores técnico-aeronáuticos involucrados para una operación segura en beneficio del público usuario y del desarrollo de México”, concluyó.