Pablo Chávez Meza

Para el especialista en asuntos relacionados con helicópteros, el capitán Jorge García Gallegos, quedaron huecos en el Informe Final sobre el accidente que le costó la vida a la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más.

El especialista explicó que el reporte omitió el tiempo de vuelo y la experiencia de la tripulación en helicópteros, ya que sólo se pusieron el total de horas de vuelo y no el total de horas de vuelo en ese equipo -el accidentado-.

Además, recordó que todas las licencias de vuelo deben tener las “capacidades de vuelo” y éstas no aparecen.

Desde su punto de vista, dijo, algo que no se ha clarificado, es el hecho de que si ya existían reportes acerca de la aeronave, por qué el helicóptero seguía volando.

Y es que este 24 de diciembre próximo se cumplen cuatro años del accidente que le costara la vida a la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más -entre ellos dos de la tripulación-.

En su momento, el ahora ex secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, presentó el Dictamen Final del accidente, donde destacó que la causa probable fue la pérdida de control del helicóptero.

Esto, debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, lo que provocó que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactará con esa configuración, contra el terreno.

Hasta la fecha, no hay personas responsables sentenciadas por este hecho, sólo detenidos a quienes no se les ha juzgado por los delitos que se les acusa.

Pablo Chávez Meza

El próximo 24 de diciembre se cumplen cuatro años del trágico accidente aéreo donde perdieron la vida la recién llegada gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, así como los pilotos Marco Antonio Tavera Romero, Roberto Javier Coppe Obregón y Héctor Baltazar Mendoza. Sin embargo no hay ninguna persona sentenciada por este percance, pero sí tres detenidos, aun sin sentencia.

Este es el caso de María Magdalena N, quien en esa misma fecha, cumplirá dos años de estar recluida en el penal de Huejotzingo, Puebla, sin sentencia alguna pero con graves afectaciones a su salud.

La abogada defensora de la joven pasante de ingeniería, Elidet Pérez Hernández, explicó que hasta la fecha no se les ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, la cual había sido programada para el 25 de mayo pasado.

Explicó que después se reprogramó para el 7 de septiembre de este año, sin que tampoco se llevara a cabo, por lo que no se cumple con los términos señalados en el Código de Procedimientos Penales.

Los delitos por los que se decidió detener a María Magdalena N., fueron por “homicidio a título de culpa” en agravio de las cinco personas que fallecieron en el helicóptero, el 24 de diciembre de 2018; “daño a la propiedad ajena a título de culpa” y “falsedad de declaraciones dadas a una autoridad”, en agravio de la correcta procuración de justicia.

De acuerdo con su abogada, los hechos que se le imputan a su cliente ocurrieron el 24 de diciembre de 2018, con la caída del helicóptero, marca Agusta, matrícula XA-BON, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano S.A., de C.V., con el desplome de la aeronave en el predio San José Lindero, municipio de Santa María Coronango, Puebla.

Según el dictamen, las causas (probables) del desplome del helicóptero son fallas de dos actuadores lineales de roll alabeo SAS1 y SAS2. La empresa que prestaba sus servicios en materia de aeronáutica, era Rotor Flight Services de R.L., de C.V., donde laborada la acusada, quien era pasante de Ingeniería en Aeronáutica al momento del accidente.

La abogada dejó en claro que su clienta “no era responsable ni encargada ni supervisora del taller, la encargada era otra persona, una mujer que a la fecha está dada a la fuga”, puntualizó.

En las investigaciones, la autoridad determinó que Magdalena omitió revisar los detalles de los trabajos que requería la aeronave, cuando estas funciones no se encontraban dentro de sus tareas, ya que ella sólo capturaba las discrepancias que le proporcionaba el técnico.

Por esto, dijo, se le acusó de falsedad de declaraciones, porque “supuestamente ocultaron información”. La abogada, reiteró que su clienta siempre compareció, nunca se ocultó a pesar de ser citada a la Fiscalía de Puebla, cuando ella tiene su domicilio en la Ciudad de México.

Un caso politizado

La abogada refirió que hasta el momento no les han dado fecha ni hora para una nueva celebración de audiencia intermedia para Magdalena.

La litigante explicó que a la fecha se han presentado diversos escritos para la solicitud de Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, sin que se tenga un acuerdo de conformidad, dado que la autoridad sólo refiere “que no han variado las condiciones por las que se impuso, a pesar de que la solicitud se hace en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La abogada Pérez Hernández denunció que su cliente ya muestra problemas de salud, debido al confinamiento al que se ha sido objeto por casi ya dos años.

“Al día de hoy, en el caso de María Magdalena N., no se le ha dado un pronta y expedita Justicia en relación a su procedimiento, lo que se tiene de su asunto es que no se ha podido llevar, en los términos que establece la ley, prácticamente todo su proceso. No se ha llevado su audiencia intermedia a pesar de que el próximo mes cumple ya dos años  interna en el penal de Huejotzingo, Puebla.

“No nos han fijado fecha de audiencia, y por otro lado nos enfrentamos a una situación sobre la solicitud de una audiencia para una revisión de medidas cautelares y ha habido negativa por parte del juzgado para poder señalar esa audiencia y poder cambiar la medida cautelar”, aseveró.

La abogada afirmó que su clienta muestra ya problemas de salud, debido a que le donó un riñón a su mamá, quien es su dependienta económica, y está teniendo mermas en su persona.

El tiempo pasa, los términos no se cumplen y esto va en detrimento de su salud; por lo que la abogada consideró que el tema se ha politizado, pese a que ya hay un dictamen que dice que fue un accidente por fallas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo el arresto de Miguel “N”, trabajador de Rotor Flight Services, presuntamente implicado en el accidente aéreo de la exgobernadora de Puebla, Erika Alonso, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

De acuerdo con las autoridades del estado, la detención se llevó a cabo como parte de una investigación del accidente. Su aprehensión se realizó bajo los cargos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena culposo y falsedad de declaraciones ante una autoridad.

La @FiscaliaPuebla cumplió una quinta orden de aprehensión como resultado de la investigación del evento aéreo registrado el 24 de diciembre de 2018. La persona aprehendida es Miguel N., quien también labora en Rotor Flight Services.

Detalles: https://t.co/Ik6cAKjqjN pic.twitter.com/aVVc7dZXT2

— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) December 29, 2020

Con esta suman cinco detenciones a trabajadores del taller, todos bajo los mismos cargos, a pesar de que el dictamen oficial publicado en marzo de este año por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó que las causas probables del accidente fueron atribuibles a las propias autoridades y al operador.

La SCT señaló prácticas de mantenimiento ineficaces por parte de la empresa que prestó el servicio de mantenimiento, una inadecuada cultura de seguridad del operador, y una insuficiente supervisión del mantenimiento y operación de la aeronave por parte de las autoridades.

La acción penal ejercida contra José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N”, Israel “N”, y Miguel “N”, no está ligada al dictamen oficial, ya que el personal técnico no fue señalado como responsable de los hechos en donde murieron la exgobernadora de Puebla, su esposo el senador Rafael Moreno Valle, los pilotos Marco Antonio Tavera y Roberto Coppe Obregón, además de Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador.

A exactamente dos años del accidente aéreo de un helicóptero Agusta Westland A109, en el que murieron los políticos Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, los pilotos Marco Antonio Tavera y Roberto Coppe Obregón, así como Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador;  la fiscalía del estado de Puebla hizo pública la detención de cuatro empleados del taller de mantenimiento Rotor Flight Services por homicidio culposo, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad de declaraciones.

Por otro lado, el dictamen oficial publicado en marzo del presente año por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló prácticas de mantenimiento ineficaces por parte de la empresa que prestó el servicio de mantenimiento, una inadecuada cultura de seguridad del operador, y una insuficiente supervisión del mantenimiento y operación de la aeronave por parte de las autoridades.

De esta manera se determinó que las causas probables del accidente fueron atribuibles a las propias autoridades y al operador: Rotor Flight Services, por tanto la acción penal ejercida contra José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”,  no están ligadas al dictamen oficial ya que el personal técnico no está señalado como responsable de los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional, documento que rige la materia en todo el mundo, el objetivo de la investigación de un accidente aéreo es que “nunca ocurra el mismo accidente dos veces”, por tanto su fin no es punitivo.

Al momento, se desconocen los elementos que tiene la autoridad del estado de Puebla para llevar a cabo esta detención. “Está en tela de juicio la decisión de detener a 4 trabajadores. Si hicieron una investigación legal como debe ser y plenamente fundamentada, no hay problema, pero no se sabe con qué base tomaron esa decisión”, declaró un especialista e investigador de accidentes que se mantuvo cerca de la Comisión investigadora de este accidente, y solicitó el anonimato.  

El dictamen de la SCT señala que Servicios Aéreos del Altiplano, la empresa dueña del helicóptero, no contaba con la suscripción al paquete de Publicaciones Técnicas del helicóptero modelo A109S, lo que pudo ocasionar que el personal técnico involucrado en la operación de la aeronave no tuviera la información técnica actualizada. 

A la par, la Comisión Investigadora señaló como una de las causas probables la pérdida de control del helicóptero ocasionado por un alabeo repentino hacia la izquierda que no pudo ser controlado por el piloto al mando, lo que provocó que la aeronave se invirtiera en vuelo e impactara en el suelo.

Además, se reveló que el personal carecía de la Lista Maestra de Equipo Mínimo emitida en mayo de 2018, que contenía “serias modificaciones respecto a cómo tratar fallas en el Sistema de Aumento de la Estabilidad (SAS), por lo que los trabajos de mantenimiento se realizaron siguiendo una Lista anterior, emitida en 2015.

En la conferencia de prensa donde se presentó el dictamen, el entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, explicó que existió una presión por parte del operador para que se continuaran realizando vuelos aún “teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del Sistema de Aumento de Estabilidad, más allá de los requerimientos respectivos establecidos en la Lista de Equipo Mínimo aplicable al helicóptero”.

“¿Por qué la Fiscalía se va contra estas personas? si por un lado estaban actuando bien de acuerdo al documento emitido en 2015, pero estaban actuando mal de acuerdo al de 2018. ¿Estas actuaciones de quien son culpa? El taller es el que les tiene que dar los recursos para hacer su trabajo”, añadió el experto en entrevista con A21.

Agregó que, si dicho componente falla, el Augusta experimenta vibraciones excesivas que podrían confundir o llevar a una mala toma de decisiones a un piloto.

La Comisión investigadora, formada por la Dirección General de Aviación Civil (hoy Agencia Federal de Aviación Civil), la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, y las empresas Leonardo y Pratt & Whitney, no encontró evidencia de que Servicios Aéreos del Altiplano cumpliera con los cursos iniciales o periódicos de seguridad aérea, ni los de vuelo controlado contra el terreno, ni uno que avalara los procedimientos en caso de emergencia o evacuación del helicóptero.

Un mes después del accidente, la DGAC (hoy AFAC) realizó la Verificación Técnico Administrativa mayor extraordinaria y reportó que el operador ni siquiera contaba con un Manual de Adiestramiento (Instrucción y Capacitación) aprobado por la Autoridad Aeronáutica. Esto representa una falla del operador por no certificar su adiestramiento y de la autoridad por no supervisar, de acuerdo con el especialista.

A todo esto se agrega que el taller aeronáutico Rotor Flight Services ha estado involucrado en otros siete accidentes aéreos  fatales con diferentes modelos de Agusta 109: el primero de ellos ocurrió en 2007, en Oaxaca; el segundo y tercero ocurrieron en 2008 en el Estado de México; en 2016, también en Edomex, se accidentó un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana; en 2017, ocurrió otro desplome en Tajín, Veracruz y durante un vuelo entre la Ciudad de México y Toluca; finalmente en marzo de 2018 se desplomó un helicóptero cuando intentaba despegar del patio de una empresa proveedora de gas LP en Tlalnepantla, Edomex que no fue fatal. 

Por otra parte, la responsabilidad de proveer la capacitación adecuada correspondía a Servicios Aéreos del Altiplano, sin embargo, “la empresa no presentó evidencia documental que demuestre haber impartido el adiestramiento inicial en el equipo Agusta Westland A109 al Capitán involucrado en el accidente, como lo establece su Manual General de Operaciones”, señala el informe de hechos ACCDTARA004/2018MMPB.

Pese a esto, la DGAC expidió a Coppe  entre febrero y marzo de 2018 una licencia con vigencia hasta el 16 de febrero de 2021.

Resulta muy difícil aceptar que un accidente donde pierdan la vida personajes relevantes de la política nacional, sean sólo eso: accidentes. La tendencia natural de los ciudadanos es a desconfiar y a armar teorías acerca de quién pudo intervenir para que los políticos en cuestión perdieran la vida y así lograr objetivos inconfesables.

Contra lo que parece ser la “mejor teoría” de la conspiración, la verdad es que la peor de todas las noticias no es que exista un sabotaje planeado y ejecutado meridianamente. Lo peor de todo es que los accidentes sean exactamente eso y que la verdad sea falla en el sistema. Y esta es la peor noticia simple y llanamente porque eso quiere decir que todos estamos expuestos.

En el caso del desplome e incendio posterior del helicóptero donde el 24 de diciembre del 2018 viajaban Martha Ericka Alonso, a la sazón gobernadora de Puebla, y su esposo, el senador panista, Rafael Moreno Valle, las teorías de una intervención planeada se han multiplicado por doquier. Lo mismo ocurrió en su momento con el accidente donde perdió la vida Juan Camilo Mouriño en noviembre del 2008. Y en ambos casos estamos hablando de una falla sistémica que lo que quiere decir, en el fondo, es que hace falta que el Estado se tome en serio eso de que la aviación: es un tema de seguridad y de altísima prioridad.

De esta forma, el dictamen final sobre el accidente de Puebla que, en resumen, sostiene que la causa probable es “la pérdida de control del aparato debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno” . En otras palabras: dos tornillos sueltos dieron al traste con la vida de dos políticos relevantes y una tripulación que se puede decir, era de lo mejor.

Según el titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, hay indicios que la empresa operadora habría presionado -suponemos que a los pilotos- para continuar los vuelos, aunque no existieran las condiciones adecuadas, razón por la cual esta empresa será sometida a auditorías y se le suspendió el permiso.

Lo interesante del caso es que unos años antes hubo dos accidentes en helicópteros del mismo modelo (Augusta A109S), el primero en octubre del 2011, que se impactó en Coyoacán, donde viajaba Fernando Alberto García Cuevas, hoy legislador del PRI quien resultó herido pero la tripulación falleció. El otro accidente fue en septiembre del 2014, un aparato del gobierno del Edomex, desplomado en Lerma. En ambos casos se encontraron fallas de mantenimiento, deficiencias en el adiestramiento y en el otorgamiento de licencias y capacidades, así como en las condiciones de los helipuertos.

Hoy que la Dirección General de Aeronáutica Civil se ha convertido en la Agencia Federal de Aviación Civil, bajo el mando de Rodrigo Vázquez Colmenares, existe la directriz de reforzar tanto el área de Investigación de Accidentes (lo cual urge) como la de Operación Aérea, con un énfasis especial en la seguridad operacional. 

Si alguna lección puede aportarnos estos tres accidentes, es que lo importante de la investigación será que los errores no vuelvan a repetirse. Buena chamba, sin duda. E-mail: raviles0829@gmail.com