Urge facilitar el entendimiento legal sobre estas tecnologías en el público: experto
A nivel mundial, México cuenta con un gran rezago en cuestión de regulación de drones y un primer paso para impulsar este tema sería facilitar el entendimiento legal de la materia al público en general, explicó Luis Salazar Brehm, experto en el área.
La semana pasada, Salazar Brehm participó en una mesa de diálogo con representantes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, India, Japón, Reino Unido, Perú, España y Estados Unidos, en el marco de la AUVSI XPONENTIAL 2019, feria que muestra los avances, ideas, prácticas y tendencias en la industria de los vehículos aéreos no tripulados (UAVS) o drones.
“Las bases de la regulación a nivel mundial son establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sin embargo, antes de que se realicen cambios en los Anexos, cada Estado debe publicar su propia regulación en materia de drones. En este sentido, México lleva un retraso considerable” declaró el experto en entrevista con A21.
En comparación con otros países de América Latina, México se mantiene a la par, sin embargo, sería recomendable que los gobiernos y la industria traduzcan las regulaciones de los UAVS en un lenguaje más claro, ya que existe un gran desconocimiento en el uso de estos sistemas.
“Hace falta mayor difusión sobre cómo se debe volar, qué se debe y no se debe hacer con un dron. Si no se tiene un conocimiento del lenguaje y dónde se puede consultar, es complicado y riesgoso”, comentó.
Se puede aprender de otras naciones como Reino Unido y Estados Unidos, las cuales han impulsado recientemente nuevas legislaciones para regular de mejor manera el boom de las aeronaves no tripuladas, aún cuando se han presentado incidentes como el cierre del Aeropuerto Internacional de Gatwick, en Londres, tras el avistamiento de un dron en las cercanías de la terminal.
Estados Unidos, a través de su agencia espacial, la NASA, cuenta con seis proyectos para analizar cómo integrar los drones al espacio aéreo y colabora con el sector privado para establecer las bases de regulación.
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