Una vez, hace más de diez años, regresaba de comprar unas deliciosas tortas de carne asada para mí y otros compañeros de rampa, quienes estaban sentados afuera de la oficina, viendo como desembarcaban elementos de la Policía Federal de un Boeing 727 -mi avión favorito- color azul oscuro, que se asemejaba a un cautivador e imponente submarino alado. Entonces, mientras los elementos de la PF estaban formados en plataforma esperando abordar un autobús, vimos lo que parecía una avioneta Cessna 182 salir del área de aviación general, para tomar velocidad en la calle de rodaje y despegar en ella. Ante la súbita maniobra ilegal, caímos en cuenta, riéndonos en asombro por la osadía del piloto, que se habían robado la aeronave justo frente a los ojos de la Policía.
Testigos de este tipo de eventos somos bastantes, ya que el robo de aeronaves no es inusual en el mundo, pero es particularmente común en países latinoamericanos, impulsado por la necesidad de aviones para el contrabando de drogas, mercancías, personas o combustible, y uno que otro fraude de seguros. Los métodos del hurto son mayormente sin violencia, porque involucran a civiles, al parecer inofensivos, que pasan los filtros de la seguridad de aviación general de un aeropuerto, aprovechando el hecho que dichas revisiones son generalmente más laxas o menos rigurosas que las realizadas en su contraparte comercial. Aunque ha habido casos como el de Mulegé, BCS, en el 2006, donde personas armadas irrumpen en pista para tomar una avioneta extranjera con una familia a bordo, como si robasen un auto.
Ya habiendo tomado posesión de la aeronave y logrado despegar, no es tan complicado evitar ser capturados, dado que sólo está vigilado un 32% del espacio aéreo mexicano y, según satélites de la CIA norteamericana, México es el tercer país con más pistas en el mundo (después de EU y Brasil), con 1,714 en el 2021, brindando muchas opciones en donde la aeronave pueda aterrizar para manipular la matrícula y repostar combustible, de ser necesario.
Algunos hurtos, sin embargo, no requieren de hacer escala técnica doméstica, como el de septiembre del 2020, cuando dos personas ingresaron al aeropuerto de Cuernavaca (CVJ) haciéndose pasar por mecánicos y se robaron un jet Hawker 800, mismo que fue destruido en un accidente en la selva guatemalteca un día después, donde se encontraron dos cuerpos, armas y droga. El vuelo despegó de CVJ, aterrizó en Zulia al noroeste de Venezuela y prosiguió a Guatemala, donde se estrelló. También, en enero del 2021, un Sabreliner 60 despegó de Guadalajara con plan de vuelo hacia Querétaro, pero desapareció del radar y reapareció haciendo un aterrizaje de emergencia en una playa jamaiquina.
Los robos de aeronaves tuvieron su pico en 1980, cuando se detectaron 241 aeronaves desaparecidas, pero desde 1998 México tiene el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) para resguardar su espacio aéreo, conformado por radares en las fronteras norte y sur, así como aviones radar, drones y personal de monitoreo. Aún así, como la cobertura del SIVA se queda corta, EU llegó a prestar un radar que se ubicó en Hermosillo, a cambio de recibir información en tiempo real del monitoreo del SIVA en la frontera sur del país. El equipamiento, mantenimiento y operación de sistemas de protección por medio de radares es muy costoso, y naciones en desarrollo carecen de recursos suficientes para implementarlo.
Ante dicha situación, el año pasado se autorizó un presupuesto para el desarrollo del radar mexicano “Camazot”, proyecto en el cual se involucran la Sedena, el IPN, el Instituto Nacional de Astrofísica y la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el propósito de disminuir la dependencia de radares extranjeros. Además, la recientemente aprobada Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se deriva también de esta necesidad de actualización, promoviendo una coordinación militar de actividades hasta ahora mayormente civiles, que reporta a un Consejo conformado por altos mandos del gobierno y de fuerzas militares.
Esta naciente ley es un paso estratégico para recuperar el estado de derecho e incrementar el poder nacional, que viene siendo la capacidad o fuerza del Estado para realizar sus objetivos, buscando una mayor cobertura del espacio aéreo, dando legitimidad, y eventualmente recursos, a un sistema de vigilancia que cada día es más obsoleto, porque las aeronaves usadas (y robadas) en el país son cada vez más modernas y evasivas. También, se relaciona directamente con la efectividad de una política crucial como es la antidrogas, dada la importancia que representa primordialmente en las relaciones con EU, y secundariamente con los demás países latinoamericanos, quienes los últimos años vienen experimentando un aumento en el robo de aeronaves.
La nueva Ley viene acompañada, entendiblemente, de la suspicacia de la población ante el involucramiento de las fuerzas armadas en labores públicas, derivada de una militarización directa e indirecta a través de los últimos sexenios. No obstante, la protección de la soberanía del espacio aéreo es el mayor objetivo de la Fuerza Aérea, y eso es precisamente lo que dicha ley establece mediante la coordinación; por lo tanto, en este puntual caso, denunciar la militarización de una responsabilidad militar es, a mi parecer, inaplicable.
A pesar de ello, es necesario no perder foco del importante hecho que, para lograr la verdadera recuperación de la soberanía aérea mediante el combate a los vuelos ilegales, es indispensable la correcta y justa aplicación de las leyes. Sólo así se puede combatir al principal debilitador del estado de derecho, y a su vez del poder nacional, que viene siendo la impunidad.
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