Salvo contados espacios reflexivos en medios masivos de comunicación nacionales e internacionales, la tendencia analítica en torno a la compleja y delicada situación que atraviesa nuestro país gira en torno a las muy cuestionables decisiones, determinaciones y potenciales prospectivas de retroceso de la actual administración federal. Sin duda, no quisiéramos estar discutiendo estos temas; por el contrario, quisiéramos ver una clara tendencia al alza, a elevar la discusión, a subir las miras y a generar una verdadera estrategia para el Desarrollo Nacional Integral.
En nuestro entorno de la aviación ¡qué más quisiéramos que poder congratularnos de una visión de altura!¡Cómo quisiéramos hablar y reflexionar en torno de un futuro promisorio y con una clara serie de objetivos en el mediano y largo plazo alcanzables, posibles y proyectables! Lamentablemente este no es el caso, y bien lo sabemos. El 2020 ha sido un año terriblemente complejo para la aviación nacional y global, y ciertamente la crisis global por el COVID-19 nos ha sumido en un cambio de paradigma total. La aviación mundial nunca será como antes de esta crisis, y difícilmente podemos atrevernos a decifrar lo que nos espera el porvenir. Lo único que sabemos es que vamos a superar esta etapa, y que la aviación internacional emergerá más fuerte, más robusta y con ansiedad de nuevas altitudes.
Pero otra historia es México. En columnas anteriores hemos hablado a profundidad de estos temas, que parten de aspectos tan esenciales como la doctrina, la estrategia, la planeación, las aspiraciones y la determinación de objetivos. Hemos hablado de los grandes retos que le esperan a nuestra aeronáutica, y de lo mucho que hemos relegado el entorno espacial. Hemos comentado la gran crisis que vive la aviación nacional, así como los grandes dilemas y contradicciones que enfrenta. En múltiples ocasiones hemos elevado en este espacio crítica constructiva en torno a nuestras instituciones, así como hemos refrendado repetidamente la urgencia de fortalecer a nuestra Fuerza Aérea, nuestra Aeronaval, y las dependencias que las albergan y dan cabida administrativamente.
Pero de la misma manera, hemos reiterado que existen “proyectos” que más que fortalecer nuestra infraestructura aeronáutica nacional empobrecen el entorno. En más de una vez hemos hablado del futuro “aeropuerto” Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar 1, Santa Lucía, Estado de México; señalando que la prospectiva no es buena. Tal pareciera que las lecciones que han experimentado en esta obra no se han aprendido, y que las grandes brechas que han creado en el entorno se incrementan.
El pasado 2 de octubre el presidente de la República anunció como parte del proyecto llamado Tren Maya, se “decidió” construir un aeropuerto en Tulúm, siendo la SEDENA los titulares de la obra. A más de uno esta noticia le sorprendió, y a muchos más cimentó nuevamente los cuestionamientos del futuro que se avecina con esta obra.
En primer lugar, debemos entender que mientras este proyecto es viable y no necesariamente malo o improcedente, vincularlo a un proyecto como el “Tren Maya” es una contradicción profunda: vincular un proyecto viable con uno irrealizable no es una buena apuesta. Por otro lado, justificar este aeropuerto por el turismo es una contrariedad impactante: esta administración desde hace casi dos años ha suprimido, mermado y eliminado sistemáticamente todos los estímulos, infraestructura y proyección federal en turismo. El gobierno federal destinó todos los esfuerzos en la materia a otras dependencias y programas, y actualmente uno de los rubros más mermados es precisamente este. Fácil es decir que la culpa de este declive lo tiene “la pandemia”, y aunque innegablemente influye en la baja en el turismo, desde el 2019 vimos una clara caída en el turismo nacional por falta de estímulos, difusión e inversión.
Pero otro aspecto que llama la atención es quién está encargado de esta obra. La Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia administrativa que como Secretaría de Estado coordina las labores de dos Fuerzas Armadas Permanentes que son sus brazos operativos: Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Su función, misión y atribuciones se encuentran claramente delimitadas en la legislación nacional, y su razón de ser son la Defensa Exterior y la Seguridad Nacional (en ciertos casos). Construir proyectos presidenciales no figuran en su ethos, ni son misiones de los institutos castrenses.
¿Entonces, qué pasa? Aparentemente se ve al Ejército Mexicano como una opción más rentable para emprender proyectos presidenciales, sin cuestionamientos ni resistencias. Si se hiciera por otra vía estas obras habría “muchos procedimientos” y “trámites” que seguir, y un apego al orden normativo nacional e internacional. Con el Ejército no es necesario: como leales soldados cumplen órdenes, aún cuando para ello haya que saltarse algunos pasos intermedios entre la instrucción y dar cumplimiento para obtener el resultado previsto.
Esta es una gran crisis para la aviación nacional, que en el futuro veremos sus terribles consecuencias. Nadie discute que Tulúm podría ser un buen proyecto, ni de la lealtad y profesionalismo de los Ingenieros Militares. Sin embargo, debemos reconocer que esta no es su función ni misión, y que si algo debería dejar Santa Lucía/Felipe Ángeles como lección aprendida es el alto costo en reputación, en prácticas irregulares y en legado de inconsistencias operacionales que se desprenden de encargar una obra civil a una Fuerza Armada.
Se insiste, nadie cuestiona las habilidades o lealtades militares. Se reitera, se cuestiona la competencia, la trascendencia y la congruencia de estas determinaciones. Queda al lector, nuevamente, la reflexión y la última palabra.
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