Después de la recuperación de la categoría 1 en materia de seguridad aérea y del desarrollo inusitado de la industria que estamos viendo, después de los años más intensos de la pandemia por COVID, es el momento justo para establecer en México una política aérea de Estado.
En mi columna del 19 de abril de este año, “Política aérea de Estado, se requiere más que nunca”, fue referida a este importante tema y a continuación me permito reproducirla porque me parece que hoy está más vigente que nunca:
La globalización de la aviación comercial en todo el mundo ha traído, desde siempre como consecuencia, verdaderas batallas por ganar la competencia entre las grandes aerolíneas.
En la actualidad, estas batallas ya se han convertido en verdaderas guerras comerciales globales, en donde no se perdonan los errores políticos, sociales o económicos que afectan de diferentes maneras a la industria.
México significa, para todas las líneas aéreas del mundo, un enorme y financieramente jugoso nicho de oportunidades debido a su potencial turístico, de carga y negocios.
Debido a esto, México debe preocuparse por establecer reglas claras, modernizando sus particulares estructuras, regulando y anteponiendo antes que nada los propios intereses de la República y de su industria de la aviación.
Sin duda, el primer paso que debe darse como principio de una política aérea de Estado, es lograr el regreso de nuestras autoridades aeronáuticas a la categoría 1, para darle a nuestra aviación el lugar que merece en el entorno mundial.
Por hoy, la aviación comercial de México se encuentra de muchas maneras atada de manos y, debido a la degradación a categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), nuestras aerolíneas, a pesar de sus buenos números actuales, no pueden expandirse y desarrollarse de cara a una reactivación postpandemia, que está abriendo enormes oportunidades que están siendo aprovechadas por las mayores megatransportadoras.
Nosotros estamos perdiendo y ellos están ganando
En la industria aérea, todo está cambiando de manera vertiginosa, la única manera de que nuestro país se pueda adaptar a los nuevos tiempos es implementando una verdadera política aérea de Estado, que garantice los intereses de nuestra industria y, al mismo tiempo, ponga límites a la competencia desleal y a prácticas depredatorias por parte de los más grandes y poderosos consorcios aéreos internacionales.
La soberanía de nuestro espacio aéreo mexicano debe mantenerse y seguir regulada, evitando cualquier posibilidad de modificar las libertades del aire que rigen a la industria desde 1947, incluida la de cabotaje, que ha demostrado ser la mayor destructora de la aviación comercial.
En lo interno, esta política aérea debe estar dirigida a lograr, a través de las autoridades aeronáuticas, reglas claras, justas y adecuadas para todas las líneas aéreas del país.
Debe garantizarse, antes que nada, la seguridad de pasajeros y equipo que se transporta por aire, e implantarse reglas emanadas del gobierno mexicano para lograr eficiencia y desarrollo sostenido en la industria.
Lo anterior debe iniciar, obviamente, a nivel de las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), impulsadas por el Gobierno Federal, que debe ser el precursor de esta política aérea de Estado, la que por cierto ha sido buscada sin respuestas desde todos los niveles de la aviación comercial de México, durante hace ya muchos años.
Los cambios a la actual ley de aviación civil no son suficientes, ni siquiera son los necesarios para lograr una verdadera política de aérea Estado.
En este esfuerzo deben participar los actores de todos los niveles de la industria aérea de nuestro país, para que se logre un consenso técnico, administrativo y profesional que sea aceptado y estudiado por nuestros legisladores que, en su momento, serían los encargados de su discusión y aprobación.
Los intereses de la industria aérea mexicana deben ser cuidados y, al hacerlo, se estará cuidando la soberanía de nuestro espacio aéreo y, por consecuencia, la soberanía de la República.
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