¿Interjet es candidata a ser rescatada o requisada?

Si quisiera, el Estado tiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo una requisa de Interjet, sin embargo, ¿lo haría?, a estas alturas de la crisis y en pandemia, ¿es conveniente intervenir?

La especialista en aviación y abogada en derecho aeronáutico, Rosa María Montero, hace un análisis del papel del Estado y la responsabilidad del operador en una crisis como la que enfrenta actualmente.

Antes de 1995, cuando el gobierno, además de otorgar las concesiones a las aerolíneas, proveía infraestructura y combustible, una requisa era una acción común por parte del Estado. Los sindicatos emplazaban a huelga  fundamentada en el interés público, para garantizar que el transporte aéreo no se interrumpiera y el usuario se viera protegido. Si no era la requisa, el gobierno tomaba varias acciones ante una crisis económica o una huelga.

“Cuando los aeropuertos eran solo manejados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por ejemplo, el gobierno tomó acciones para apoyar a la industria, incluso disminuyendo o condonando los adeudos. Los directores de las aerolíneas negociaban con quien fuera en ese momento el secretario de Hacienda y se ponía en la balanza qué era más importante: pagar las deudas o continuar operando las rutas, que en ese entonces además estaban otorgadas sobre bases prácticamente exclusivas, no había otro que las operara. Hoy sí hay quien sustituya esas rutas”, explica Rosa María Montero.

En 1995 se concesionan parte de los aeropuertos y ASA se convierte en una unidad económica que debe ser rentable, sin embargo a la fecha sigue siendo la principal abastecedora de combustible. En 2001, estando Alejandra Barrales, como Secretaria General del sindicato de sobrecargos, pidió que el Gobierno se abstuviera de requisar a la empresa (en este caso Aeroméxico) porque se minaban los derechos de los trabajadores, y a partir de entonces, el Estado dejó de requisar.

Desde que se incluyó la requisa económica en la Ley de Vías Generales de Comunicación, los sindicatos del sector la denunciaron, argumentando que era una medida para limitar el derecho de huelga, pues al intervenir para evitar la suspensión de los servicios, se debilitaba la presión que pudieran ejercer en la mesa de negociación.

“Se hizo por respetar el derecho de los trabajadores. ¿Qué pasa ahora?, no hay requisas y el derecho de los trabajadores se queda flotando también, pues curiosamente, para la aviación, la requisa tuvo como efecto colateral, la preservación de la fuente de trabajo”, dijo la experta.

El artículo 83 de la Ley de Aviación Civil dice que “en caso de alteración para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, de los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente”.

La requisa por parte del Estado tuvo como origen, principalmente, un emplazamiento a huelga que ponía en riesgo la continuidad del servicio público como justificación, para salvaguardar el interés público. La requisa económica está prevista en la Ley de Aviación Civil, sin embargo, el Estado puede emprender otras acciones en apoyo de una concesionaria, como el rescate, la reversión, la nacionalización o la adquisición de acciones y, con ello, la vigilar y tomar decisiones.

Para la experta, hay que tomar en cuenta los adeudos que Interjet tiene no solo en México, sino los que ha acumulado fuera, con Estados Unidos, por ejemplo. La situación se agrava por los efectos mundiales de la pandemia del covid-19, que necesariamente afectarán también a las aerolíneas mexicanas, no solo a Interjet.

“Suponiendo que se rescata o se apoya con inversión pública, de cualquier manera (Interjet) tiene que pagar los adeudos en EU, y el Estado tendría que confiar en que aquí va a pagar los servicios y los impuestos, tiene que dar garantías de pagos, y ¿con qué activos?".

Hay otras acciones que el gobierno puede tomar, como parte de una política aeronáutica de solidaridad con la industria aeronáutica, basada en el interés público y con el fin de salvaguardar la vía general de comunicación. Mediante el apoyo económico basado en la disminución de sus adeudos de servicios prestados por empresas públicas y por el propio Estado, por ejemplo, eliminando la actualización y recargos en impuestos y derechos, suprimir cantidades derivadas de cláusulas de penalización por retraso en los pagos y la elaboración de un calendario de pagos parciales.

“Si es un rescate de la industria aérea como tal para fortalecer las vías generales de comunicación, las acciones que se tomen deberán favorecer a todas las concesionarias”, puntualizó.

Para la abogada en derecho aeronáutico, Interjet debió presentar un plan adecuado y negociar con el Gobierno para evitar la crisis, pues ahora su situación está más debilitada. La decisión de proteger las vías generales de comunicación y, en consecuencia, apoyar a las concesionarias, corresponde exclusivamente al gobierno, finalizó.