La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y un requisito esencial para el correcto funcionamiento de la democracia.
El Poder Judicial de la Federación en México, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene la crucial tarea de interpretar las leyes, resolver conflictos entre poderes y garantizar la constitucionalidad de las acciones gubernamentales.
En México, esta independencia está garantizada principalmente por el principio de división de poderes establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49 que establece una separación y equilibrio entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este artículo también establece que “los poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”.
Cada uno de los tres poderes tiene su propio ámbito de acción, estructura organizativa, funciones y responsabilidades.
Esta división tiene orígenes históricos, remontándonos a pensadores como Aristóteles, John Locke y Montesquieu. Y fue Montesquieu, quien propuso la separación en tres poderes como una forma de evitar la concentración del poder y el despotismo, ya que argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; hasta que encuentra límites”. Entonces para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder.
Esta idea se popularizó y ha sido adoptada por muchas constituciones, incluyendo la de Estados Unidos, las primeras constituciones francesas y nuestra Constitución.
En México, el principio de división de poderes se incorporó desde la Constitución de Apatzingán de 1814 y ha permanecido en todos los documentos constitucionales posteriores, aunque con variaciones en la estructura y funciones de los órganos. La Constitución actual mantiene esta división, depositando el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los Juzgados de Distrito.
Esta división de poderes consagra la independencia del Poder Judicial, misma que se manifiesta en varios aspectos:
- Nombramiento de jueces y magistrados: Los ministros de la SCJN son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado, lo que busca un equilibrio en su selección.
- Inamovilidad: Una vez nombrados, los jueces federales gozan de inamovilidad, lo que les permite ejercer sus funciones sin temor a represalias políticas.
- Presupuesto autónomo: El Poder Judicial cuenta con un presupuesto propio, lo que le permite operar sin depender directamente del Ejecutivo.
- Decisiones vinculantes: Las resoluciones de la SCJN son definitivas e inatacables, lo que refuerza su autoridad.
Como podemos observar, la independencia judicial no solo implica la separación formal de poderes, sino también “garantías concretas para los jueces y magistrados”. Estas incluyen la selección y nombramiento adecuados, remuneración digna, estabilidad en el cargo, y un sistema de responsabilidades que no amenace su autonomía.
Es por ello que la independencia judicial tiene dos dimensiones: la objetiva, referida a la autonomía institucional del Poder Judicial, y la subjetiva, que atañe a la imparcialidad de cada juez en sus decisiones. Ambas son esenciales para asegurar un sistema de justicia confiable y eficaz.
En México la independencia judicial en México tiene su historia, destacando las reformas constitucionales de 1994, 1996 y 1999 como hitos que fortalecieron la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas modificaron la composición de la Suprema Corte, crearon el Consejo de la Judicatura Federal y establecieron garantías adicionales para la independencia de los juzgadores.
Sin embargo, la independencia del Poder Judicial en México enfrenta desafíos significativos:
- Presiones políticas: A pesar de los mecanismos constitucionales, no es inusual que el Poder Ejecutivo o el Legislativo intenten influir en las decisiones judiciales.
- Corrupción: Aunque se han implementado reformas para combatirla, la corrupción sigue siendo un problema que amenaza la integridad del sistema judicial.
- Desigualdad en el acceso a la justicia: Las disparidades socioeconómicas en México a menudo se traducen en un acceso desigual a la justicia, lo que puede comprometer la percepción de independencia del Poder Judicial.
- Sobrecarga de trabajo: El sistema judicial mexicano enfrenta una cantidad abrumadora de casos, lo que puede afectar la calidad y la prontitud de las resoluciones.
En los últimos años, se han implementado reformas para fortalecer la independencia judicial, como la creación del Consejo de la Judicatura Federal para supervisar y administrar el Poder Judicial, y “la implementación de concursos de oposición para el nombramiento de jueces”.
Esto en virtud de que es indudable que las personas encargadas de impartir justicia deben poseer no solo un amplio conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar su función jurisdiccional, “sino también una sólida interiorización de principios fundamentales como la excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la imparcialidad, la independencia y la honorabilidad”.
Para alcanzar este objetivo, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la responsabilidad de seleccionar a quienes ejercerán como juzgadores, un proceso que se rige por los principios mencionados anteriormente. En este tenor, nuestra Constitución Mexicana, en su artículo 101, establece que la elección de jueces federales “debe realizarse mediante concursos de oposición”. Estos concursos son diseñados e implementados por la Escuela Judicial, garantizando así un proceso de selección riguroso y transparente.
Este enfoque asegura que quienes acceden a posiciones en la judicatura federal no solo cuentan con la preparación técnica necesaria, sino que también están comprometidos con los valores éticos esenciales para una administración de justicia íntegra y eficaz. Así, se fortalece la confianza pública en el sistema judicial y se contribuye al mantenimiento del Estado de Derecho en México.
Es por ello que, el día de hoy, el debate sobre la independencia del Poder Judicial sigue vigente. Recientes propuestas de reforma, como los cambios en la forma de elección de los ministros, han generado controversia y preocupación sobre posibles amenazas a esta independencia.
Un aspecto crucial, es mantener la independencia económica del Poder Judicial y para garantizar su autonomía, es necesario que cuente con recursos suficientes y que su presupuesto “no pueda ser manipulado por otros poderes como forma de presión”.
Para la industria Aérea es de vital importancia (como para muchas otras industrias y sectores) el trabajo que realiza el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que existe jurisprudencia obligatoria que defiende por ejemplo los derechos de los pasajeros, se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad a procesos legislativos que no han seguido el debido proceso, y como no recordar, el famoso caso de creación del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) que representa a las y los Controladores que laboran en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), ya que no les permitían la creación de su sindicato, y en el año de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro inconstitucionales los artículos 68 y 71 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en 1999, el 11 de mayo, el más alto Tribunal falló en ese mismo sentido y permitió a los Controladores de Tránsito Aéreo a organizarse en un sindicato gremial independiente. Logrando así los trabajadores registrar su sindicato ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien les había negado su solicitud, basándose en el artículo 68 de la Ley Burocrática, que estipulaba la existencia de un único sindicato por dependencia gubernamental.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló unánimemente a favor de los trabajadores, estableciendo jurisprudencia al respecto. El fallo se fundamentó en la Fracción X del artículo 123, Apartado B, de la Constitución, que garantiza el derecho de los trabajadores a asociarse para defender sus intereses comunes.
Es importante destacar que la Suprema Corte también se apoyó en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Senado mexicano en 1950. Este convenio, en su artículo 2, establece que “tanto trabajadores como empleadores tienen el derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que consideren convenientes, sin distinción ni autorización previa, con la única condición de observar los estatutos de dichas organizaciones”.
Por ello, la independencia del Poder Judicial de la Federación en México es un principio constitucional fundamental, respaldado por una larga tradición histórica y jurídica, que se ha ido fortaleciendo con el tiempo.
El derecho al acceso a la justicia es la piedra angular de un Estado de Derecho funcional, donde cada individuo tiene la posibilidad real de hacer valer sus derechos y resolver sus conflictos legales de manera justa, eficaz y oportuna, a través de un sistema judicial confiable y equitativo.
Su preservación y continuo reforzamiento son esenciales para mantener el Estado de derecho y garantizar la impartición de justicia imparcial en el país.
¿Y tú, qué opinas sobre la importancia de la Independencia del Poder Judicial?
¡Hasta el Siguiente Vuelo!
Erándeni Calderón.
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