Ha aumentado la percepción de que al presidente de la República ni le dicen todo ni le explican correctamente cómo funciona el sector aéreo nacional (bien podría ser que sí le expliquen y él prefiera no verlo, pero sería un tanto bizarro pensar que toda su información está deliberadamente cambiada). El viernes pasado, durante la mañanera, tomó el celular para hablar con el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Isidoro Pastor, quien textualmente dijo que “todos los operadores de carga aérea que asistieron al recorrido que hizo el titular de la SICT, Jorge Nuño, al AIFA” estuvieron de acuerdo en mudarse y estaban “impresionados” (SIC) de lo que pudieron observar, pues las instalaciones son modernas, amplias y funcionales. “Sobradas”, dijo.
Lo que es un hecho es que dichas empresas y algunas agrupaciones, entre las que se incluyen la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), expresaron sus preocupaciones respecto a la obligatoriedad perentoria del cambio. Estas preocupaciones de la propuesta de decreto que las obliga a dejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) están dentro de la página que para el efecto tiene la CONAMER (o Comisión Nacional de Mejora Regulatoria).
Si los informantes del secretario y del presidente tomaron nota de los diversos pronunciamientos que como industria les fueron solicitados, podrían haber notado que, en general, no se opusieron al cambio, pero sí pidieron un plazo mucho más largo que el que el decreto contemplaba (90 días). Muchos pidieron 180 días, la mayoría (al menos si consideramos que IATA incluye a varias) solicitaron 365 días, o sea UN AÑO de plazo.
No estamos hablando de caprichos, sino de realidades. Ahí están descritas las razones, son empresas privadas que necesitan hacer números, gestionar inversiones o créditos, hacer planes, analizar opciones, etc. (todo lo que, dicho sea de paso y sin querer ofender a nadie) no requieren los gestores del AIFA. Ellos tienen dinero asignado. Tienen tropas que trabajan a destajo, tienen el favor presidencial para exigir a Hacienda presupuestos, para presionar al Congreso por marcos legales, para expropiar, entrar, salir, aconsejar al jefe, etc. Las empresas privadas, mis estimados militares: NO LO TIENEN. Ellos no viven del presupuesto, viven de las ventas, de las estrategias y planes que cuestan, del riesgo, de cuidar sus finanzas.
Decir que “todos estaban de acuerdo” es decir verdades a medias. Nadie se opuso, pero todos pidieron más tiempo. Es cierto que no lo expresaron así en las instalaciones del AIFA durante el recorrido -rodeados de militares y con la presión de las autoridades que les pueden dar o quitar sus concesiones-. Pero sus opiniones están expuestas en la página de CONAMER, que para eso se creó. Por cierto, nunca se cerró ese expediente, o al menos la página no lo consigna así hasta el mismo 3 de febrero, fecha en que entró en vigor el decreto publicado. Según el presidente “se les dio más tiempo”, según las matemáticas, se les dieron sus 90 días, más los 18 originales de la fecha en que DHL Express iniciaría su vuelo solitario.
Por otro lado, salió un inversionista milagro que se apunta para Aeromar, sólo que le falta depositarle al gobierno al menos 250 millones de pesos antes del 15 de febrero. Pendientes. E-mail: raviles0829@gmail.com
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