El pasado jueves, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer de circuito, integrado por María Elena Leguízamo, Roberto Lara y Tereso Ramos, decidió negar a Gastón Azcárraga el amparo solicitado ante las órdenes de aprehensión por los delitos contra la Ley del Mercado de Valores, demanda que fue interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).
No es un asunto menor. La defensa de Azcárraga, asumida por el despacho de los Aguilar Zínser, ha sorteado aquí y allá las muchas demandas interpuestas por sindicatos y grupos de trabajadores e incluso de inversionistas, proveedores, pequeños empresarios que tenían a su cargo la venta de boletos, pasajeros que se quedaron con tickets sin utilizar, etc., en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana.
La demanda que es objeto de este amparo tiene que ver con que la situación crítica que enfrentó al aerolínea Mexicana de Aviación, que hacia agosto de 2010 ya era parte del grupo Posadas y otros inversionistas, no le fue informada a la Bolsa Mexicana de Valores. Tampoco se informó que se suspenderían operaciones.
Aun cuando estas omisiones no reflejan el tamaño del quebranto que sufrieron los actores involucrados en el cese de operaciones de la empresa, el hecho de que la Ley del Mercado de Valores pueda servir para desnudar parte de las violaciones legales que se cometieron en contra de esta aerolínea, es ya un avance.
Se entiende que, una vez que se conozca que el amparo solicitado por la defensa del exdueño de Mexicana, se reactiven las órdenes de aprehensión y que la interpol haga su parte para traerlo a México. Falta aún saber si este personaje pedirá asilo político en los Estados Unidos –como en su momento se dijo- para evitar comparecer ante la justicia.
No obstante, es obvio que esta acusación no da lo suficiente para lograr que se haga justicia en el caso de los extrabajadores de Mexicana. El tema es de mucho fondo y una de las primeras acciones que deberían tomarse, en caso de que en verdad se quiera actuar en apego a la ley, es analizar las violaciones que se hicieron a la legislación vigente por parte no sólo de los accionistas del Nuevo Grupo Aeronáutico (figura jurídica que sustituyó a Compañía Mexicana de Aviación) y luego Tenedora K, precisamente con la misión de desconocer las obligaciones que esta aerolínea tenía con proveedores y empleados, además de los actos de los funcionarios federales en turno.
Por eso es que se pide con insistencia que se revisen el cese de operaciones de Mexicana y sus filiales, Click y Link, así como las omisiones y negligencias en que incurrieron sus directivos y los funcionarios de la época, en particular el entonces subsecretario de Transportes, Felipe Duarte; el titular de DGAC, Héctor González Weeks ; y el secretario del ramo, Juan Molinar Horcasitas, ya fallecido.
La transferencia ilegal de acciones de una empresa concesionaria de servicio público, CMA a NGA; la venta simulada de las acciones a Tenedora K y todas las secuelas de un concurso mercantil que fue manipulado, el destino oscuro de los recursos que caían en los fideicomisos y todas las acciones que se siguieron en los siguientes meses, son materia suficiente para que los jueces prescriban varios años de cárcel a los responsables, incluido el personaje al que hoy se le persigue. Con esto podrá resarcirse a los trabajadores su patrimonio.
Hay un compromiso para que este proceso continúe, ya sea en los cuatro meses y medio que restan para que termine esta administración, o en la siguiente. Ambas dieron su palabra a los trabajadores para que se haga justicia en un caso que sin duda hará historia. Lo seguiremos de cerca.
Lo oí en 123.45: Se acerca la hora de la justicia. E-mail: raviles0829@gmail.com. Twitter: @charoaviles.
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