Muchas veces, a lo largo de los sexenios, nuestra industria aérea nacional de alguna manera, aunque no siempre, fue abandonada, pero nunca como ahora había sido el blanco directo de ataques constantes por parte del gobierno de México.
Desde el inicio del actual gobierno, se han dado muestras del poco interés que se tiene en una industria que aporta alrededor de 40 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto del país cada año, y alrededor de millón y medio de empleos directos e indirectos.
Al inicio de la pandemia de COVID, casi todos los gobiernos del mundo otorgaron apoyos de diferentes maneras para ayudar a sus aerolíneas, al menos, a lograr subsupervivencia.
Tristemente, en México no sólo no se ha apoyado de ninguna manera a la industria sino que, por el contrario, ha debido librar batallas constantes que no le permiten alcanzar el desarrollo pleno y aprovechar totalmente el boom de viajeros y carga que se empieza a vivir después de la crisis del COVID.
El gobierno y la autoridad aeronáutica no solamente no se ayudan a sí mismos, sino que se ponen obstáculos por sí solos, y la prueba clara es su degradación a categoría 2 a que están todavía sujetos.
El último decreto presidencial que obliga a la reducción de miles de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez, que ya han sido vendidos para la próxima temporada de invierno, vendrá a pegar en las finanzas y eficiencia operativa de nuestras líneas aéreas, justamente en la temporada del año en que se movilizan mayor cantidad de pasajeros, y cuando los negocios dependientes del turismo logran su mejor momento.
De paso, el gobierno federal se va a disparar en el pie al dejar de recibir una buena cantidad de millones de pesos por concepto de impuesto por uso de derecho de aeropuertos con el que, por cierto, se están pagando los bonos del cancelado aeropuerto de Texcoco.
Instituciones internacionales como IATA, y nacionales como la Canaero además de ASPA, el Colegio de Pilotos Aviadores y demás técnicos profesionales, junto con las aerolíneas más importantes de México, que son verdaderos conocedores de la industria, han dejado clara su posición con argumentos y datos sólidos en contra de la reducción de operaciones en el Benito Juárez.
Serán muchas y graves las consecuencias de una decisión de este tamaño que, claramente, ha sido tomada sin un estudio serio y sin la participación de todos los profesionales aéreos, con la sola intención de obligar a las líneas aéreas mexicanas a emigrar una buena cantidad de sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Las tres aerolíneas más importantes han sido prácticamente obligadas, desde hace un año, a realizar algunas operaciones en este aeropuerto militar-civil que, por cierto, no requiere de muchos aviones, requiere de muchos pasajeros y estos no quieren viajar hacia y desde el AIFA, de entrada por la falta de infraestructura y otras restricciones que complica llegar y salir de él.
Por otra parte, también se ha tomado la decisión de suspender el proyecto de remodelación del aeropuerto Benito Juárez, incluida la posible construcción de la Terminal 3, la que resultaría en un verdadero desahogo al tráfico, no sólo de aeronaves, sino también de pasajeros.
Hoy sucede que tenemos un aeropuerto cancelado (Texcoco), que hubiera sido un hub de primer mundo, un aeropuerto militar-civil (Santa Lucía) que, por más que se quiera, no está funcionando como debiera y no se le ve futuro, otro aeropuerto limitado mal atendido y poco utilizado por la aviación comercial (Toluca), y un aeropuerto Internacional (Benito Juárez) abandonado, en terapia intensiva y sin posibilidad, por ahora, de recuperación, a menos que llegue un milagro.
¿Quiénes serán los encargados de asesorar y aconsejar al presidente de México en materia aeronáutica?
Quizá son ellos los verdaderos culpables de este desastre que puede vivirse en la aviación comercial de México, y de la afectación a miles de pasajeros que planean volar el próximo invierno, aunque debemos decir que la responsabilidad de las decisiones corresponde al ejecutivo federal.
La operación de Mexicana de Aviación militar, a partir de diciembre (sobre la cual existen muchas dudas de que pueda convertirse en una realidad segura, económica y eficiente) va a tener como base el AIFA, y es un intento más por abrir vuelos en este aeropuerto, el cual podrán llenar de aviones por ahora pero, como hemos dicho antes, no de pasajeros.
Faltan dos meses para que esta decisión, totalmente unilateral convertida en decreto para reducir operaciones aéreas, sea una realidad, pero no hay que olvidar también que las administraciones de nuestras aerolíneas están acostumbradas al manejo de crisis y seguramente encontrarán recursos legales, entre otros, para evitar que sus operaciones y sus finanzas colapsen.
Como sea, tal parece que nuestra industria aérea sólo debe aguantar la embestida por 9 meses más para que, entonces, se pueda iniciar la reconstrucción de lo destruido.
Ojalá que así sea.
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