En los diversos artículos de opinión publicados en esta columna, Café Espacial en Aviación 21, he insistido en que el sector espacial mexicano se encuentra en una etapa decisiva. El diagnóstico que he delineado es claro, México posee talento, mercado y necesidad de articular y desarrollar el sector espacial (estratégico y transversal) como catalizador para otras industrias y motor de desarrollo nacional, pero carece de una política espacial que trascienda coyunturas y ciclos políticos. También he subrayado que el verdadero reto no es técnico, sino institucional, pasar de administrar excepciones a construir normalidad. Administrar excepciones o «gestión por excepción» es gestionar la «excepción a la regla» para mantener el flujo operativo funcionando correctamente, sin necesidad de supervisar minuciosamente la norma.

Para ello, he propuesto la construcción de los cimientos que se requieren para fortalecer al sector, a saber, la Política Espacial de México (PEM), una política de Estado orientada a desarrollar capacidades espaciales propias que garanticen la soberanía tecnológica, apoyen la seguridad nacional, impulsen el desarrollo económico y científico, la innovación (es decir, dejar de ser usuario y pasar a ser desarrollador, integrador y proveedor de capacidades espaciales, alineadas al desarrollo nacional), utilizando el espacio como infraestructura estratégica al servicio de la sociedad y habilitador de soluciones a grandes los retos que enfrenta la nación; la Ley Nacional de Desarrollo Espacial (una vez aprobada la Reforma constitucional en materia espacial, actualmente congelada en el Senado), que genere marcos jurídicos más sólidos, reglas claras y estándares previsibles que permitan operar con certidumbre, atraer inversión (nacional y extranjera); formar capital humano especializado; el Plan Estratégico de Desarrollo Espacial (civil y militar), México y sus fuerzas armadas deben desarrollar capacidades espaciales nacionales, para no depender de tecnología y constelaciones extranjeras para necesidades nacionales de lanzamiento, sistemas ISR, PNT, entre otras que permitirán salvaguardar la seguridad nacional; el Sistema Nacional de Innovación Espacial, un marco permanente de coordinación, financiamiento y ejecución que articule a gobierno, industria, academia y sociedad para desarrollar capacidades espaciales propias, convertirlas en valor económico y usar el espacio como palanca de desarrollo nacional; y el Programa Espacial Mexicano, el conjunto articulado de misiones, proyectos y capacidades (infraestructura y servicios) que permitan al país diseñar, operar y aprovechar sistemas espaciales propios al servicio del desarrollo nacional.

Asimismo, he enfatizado que el espacio debe ser entendido como lo que es, una infraestructura estratégica-transversal y no como promesa recurrente del futuro. En mis diferentes colaboraciones, he advertido que la falta de comprensión del sector, de continuidad y visión de largo plazo ha limitado la capacidad de México para consolidar proyectos espaciales propios. La política espacial, reitero, no puede depender únicamente de la cooperación internacional o de casos aislados de éxito académico, sino que debe articularse como política de Estado, vinculada con la industria, academia, sociedad civil organizada en el ámbito espacial, la seguridad -a cargo de las fuerzas armadas- y la innovación tecnológica. Para ello, se requiere de voluntad institucional, marcos jurídicos sólidos y visión estratégica para que México deje de administrar excepciones y construya normalidad en su política espacial.

Como lo he reiterado en varias columnas, la inversión en el desarrollo espacial ofrece amplios beneficios, que van más allá del simple interés por la exploración científica, se trata de una apuesta por el futuro, que permite a las naciones con capacidades espaciales consolidar su posición en el escenario global, impulsar el desarrollo tecnológico y económico, y garantizar su seguridad. Por ello, cada vez más naciones -en el mundo- apuestan por invertir en el estratégico sector espacial para su desarrollo, China (si bien su actividad espacial inició hace 70 años en conjunto con la Unión Soviética, la CNSA se creó apenas en 1993) es el caso más paradigmático, que ha logrado consolidar un ambicioso programa espacial que busca la paridad con los Estados Unidos (la competencia Artemis – ILRS, la he abordado en múltiples ocasiones en esta columna), pero también podemos revisar las experiencias del sector espacial de la India, Corea del Sur, España, Turquía, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, cada uno con sus propios intereses y particularidades, que por supuesto incluyen marcadas asimetrías, en algunos casos.

A este respecto, el análisis comparativo entre los Estados Unidos y México es obligado, particularmente en materia aeronáutica y de drones, pero extrapolado al sector espacial, que se complementa con la visión crítica que he reiterado en múltiples colaboraciones relacionadas al sector espacial en México. Mientras EE. UU. convirtió la normalización en plataforma de escala, México sigue atrapado en la lógica de la excepción. La propuesta que presentado en colaboraciones anteriores y que aquí reformulo (actualizo) coincide con la lección estadounidense, la regulación debe ser motor de competitividad y no un obstáculo burocrático. La política espacial mexicana, reitero, requiere de voluntad política institucional para dejar de improvisar y comenzar a construir un marco sólido que permita operar a escala, atraer capital y generar innovación.

El análisis del desarrollo de los EE. UU. en materia aeronáutica y de drones ofrece un espejo útil para diseñar el futuro del sector espacial mexicano. La experiencia estadounidense muestra que la clave no está únicamente en el talento o en la existencia de mercado, sino en la capacidad institucional de normalizar procesos, generar certidumbre regulatoria y convertir la regulación en plataforma de escala. México, por su parte, enfrenta un dilema similar en el sector espacial, cuenta con talento, necesidades estratégicas y un entorno geográfico que justifica el uso intensivo de tecnologías espaciales, pero carece de un marco institucional sólido que le permita transformar las condiciones de la incipiente industria en un ecosistema sostenible y competitivo.

En los EE. UU., la normalización del uso de drones no se limitó a la aviación civil. Se trató de un esfuerzo transversal que involucró seguridad, defensa, logística, manufactura y política industrial. El dron dejó de ser visto como un artefacto aislado, pasó a considerarse infraestructura operativa y pieza estratégica de poder económico. La regulación se convirtió en un mecanismo para atraer inversión, talento y proveedores, generando un círculo virtuoso donde la claridad normativa impulsó la expansión del mercado. México, en contraste, ha administrado el tema de manera fragmentada, con autorizaciones caso por caso y sin un marco que le permita operar a escala. Esta diferencia es crucial, mientras EE. UU. convirtió la regulación en motor de competitividad, México sigue atrapado en la lógica de la excepción, por ello, requiere urgentemente articular la política industrial y espacial que impulse la competencia estratégica y soberanía tecnológica hacia la competitividad global. Es fundamental superar estas lecciones y desafíos para asegurar el futuro del sector espacial mexicano.

En la extrapolación al sector espacial mexicano es evidente que la pregunta no es si México tiene talento, mercado o necesidades específicas en materia de desarrollo de su sector espacial: las tres condiciones existen. La pregunta real es si el gobierno entiende la importancia del sector en su dimensión estratégica y transversal para el desarrollo nacional (reitero, cada vez más países -en todo el mundo- apuestan por desarrollar su sector espacial -civil y militar- y crear una agencia espacial, dependiente directamente de la presidencia de la república), así como, si existe voluntad institucional para dejar de administrar excepciones y comenzar a construir la normalidad. Normalizar el espacio no significa abrir indiscriminadamente el acceso a órbitas o frecuencias, sino diseñar reglas claras, estándares previsibles y responsabilidades bien repartidas que permitan operar con seguridad y eficiencia. Un satélite normalizado no es un satélite sin control; es un satélite cuyo control no depende de trámites improvisados, sino de un marco regulatorio sólido que otorga certeza jurídica a operadores, inversionistas y usuarios.

La experiencia estadounidense con drones ofrece varias lecciones aplicables al sector espacial mexicano. La primera es la necesidad de una autoridad que genere certidumbre regulatoria. En México, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) -de origen- ha carecido de recursos y facultades suficientes para desempeñar este papel de manera plena. Sin un marco jurídico robusto y una autoridad con capacidad de decisión (la Junta de Gobierno de la AEM y la propia Agencia, deben depender directamente de la presidencia de la República), el sector espacial seguirá dependiendo de voluntades políticas coyunturales y de la lamentable improvisación administrativa puesta en práctica en el sector. La segunda lección es la coordinación interinstitucional, una Junta de Gobierno interinstitucional, dependiente de la presidencia de la República -por tratarse de asuntos estratégicos y transversales- garantiza una articulación expedita y eficiente del sector espacial nacional. En EE. UU., la normalización de drones implicó articular aviación civil, defensa, seguridad y autoridades locales. En México, el sector espacial requiere una coordinación similar entre presidencia, economía, ciencia, tecnología e innovación, defensa, marina, seguridad nacional, comunicaciones, así como gobiernos locales, universidades, industria y sociedad civil organizada en el ámbito espacial. La tercera lección es la importancia de los datos operativos. EE. UU. avanzó hacia decisiones basadas en evidencia, reduciendo la incertidumbre a lo desconocido, México necesita construir sistemas de innovación e información espacial que permitan evaluar riesgos y oportunidades con mayor precisión.

Pero quizá la lección más incómoda es que la normalización no es solo un asunto técnico, sino estratégico. En Estados Unidos, la discusión sobre los drones incluyó manufactura, cadenas de suministro, exportación y autonomía tecnológica. El dron fue concebido como pieza de poder económico. México debe entender que el espacio no es únicamente un tema científico o de soberanía, sino también un componente de política industrial y de competitividad global. Los países que convierten sus reglas en plataformas de escala atraen capital, talento y clientes; los que no lo hacen terminan consumiendo tecnología ajena y operando tarde.

El país cuenta con vastas oportunidades, una geografía compleja, sectores intensivos en monitoreo, costas extensas, nodos energéticos, polos turísticos, zonas agrícolas y áreas donde la conectividad es costosa; por ello urge una política de Estado en materia espacial. Pocos entornos justifican tanto el uso inteligente de sistemas espaciales como México, satélites de observación (cuyos beneficios cubren un amplio espectro de soluciones a industrias, sectores y grupos sociales), constelaciones de comunicaciones y sistemas de navegación pueden transformar la gestión ambiental, la seguridad, la logística y el desarrollo económico. Sin embargo, en este momento el diálogo y el discurso público no están a la altura del potencial del sector estratégico. La actual administración sigue pensando que el desarrollo llegará por acumulación de casos de uso, cuando en realidad llegará por decisión explícita de tratar al espacio como infraestructura estratégico – operativa del presente.

El error ha sido concebir el espacio como una promesa recurrente del futuro. La normalización exige cambiar la pregunta de “qué se puede autorizar” a “qué condiciones hacen posible operar a escala con seguridad”. En el ámbito espacial, esto significa pasar de discutir permisos aislados para proyectos universitarios o privados a diseñar un marco que permita la operación sistemática de constelaciones, estaciones terrenas, el desarrollo de plataformas de lanzamiento (puertos espaciales) y vehículos lanzadores nacionales, además de la integración de México en cadenas globales de valor.

La comparación con los EE. UU., muestra que el espacio debe ser tratado como un sector transversal de competencia estratégica. Esto implica reconocer que la política espacial no puede depender únicamente de la cooperación internacional, sino que debe articularse con una política industrial nacional sólida. México necesita vincular su sector espacial con manufactura avanzada, cadenas de suministro regionales (ejerciendo el liderazgo en la ALCE) y programas robustos de exportación, aprovechando el nivel adquirido por el sector aeronáutico nacional. La autonomía tecnológica no significa aislamiento, sino capacidad de negociar desde una posición de fortaleza económica, diplomática y científica.

Resumiendo, mis diversas colaboraciones sobre el tema, el futuro del sector espacial mexicano dependerá de la capacidad de articular seis ejes estratégicos: autonomía tecnológica, marco jurídico sólido, formación de talento, cooperación internacional, aplicaciones sociales y económicas, e impulso a la innovación y el emprendimiento. La autonomía tecnológica es crucial para disminuir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar la continuidad de proyectos nacionales. Un marco jurídico actualizado permitirá regular las actividades espaciales con base en estándares internacionales, protegiendo los intereses nacionales. La formación de talento especializado y la vinculación con la industria son indispensables para crear una masa crítica de profesionales capaces de sostener el crecimiento del sector. La cooperación internacional debe orientarse hacia alianzas estratégicas que aporten transferencia de conocimiento y tecnología, mientras que las aplicaciones sociales y económicas aseguran que los beneficios del espacio se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Finalmente, el fomento a la innovación y al emprendimiento abrirán espacio para la generación de startups y empresas emergentes que dinamicen el ecosistema espacial mexicano.

La lección de EE. UU. es clara, la normalización convierte la regulación en plataforma de escala. México debe dejar de administrar excepciones y comenzar a construir la normalidad en el sector espacial. Esto exige -como ya lo señalé- voluntad política, coordinación interinstitucional, infraestructura, datos operativos y visión estratégica. El espacio no debe seguir siendo tratado como promesa del futuro, debe ser asumido -de manera inaplazable- como infraestructura estratégica del presente.

México se encuentra en un punto de inflexión, en el que puede optar por mantener un papel periférico en el escenario espacial global o asumir el reto de construir un sector sólido, autónomo y competitivo. La clave está en transformar los desafíos actuales -limitaciones de recursos, dependencia tecnológica y marcos institucionales incipientes- en oportunidades estratégicas que impulsen el desarrollo nacional. Si logra consolidar una visión de largo plazo, el país no solo fortalecerá su soberanía, sino que también podrá posicionarse como líder regional en materia espacial.

El escenario prospectivo, que también he planteado (véase “El sector espacial de México, un escenario prospectivo”, marzo 20, 2026), no es únicamente una proyección de posibilidades, sino una invitación a la acción. Invertir en ciencia, tecnología y talento permitirá que el espacio se convierta en motor de desarrollo y bienestar para México. La experiencia estadounidense con drones demuestra que la normalización es el camino para convertir la regulación en ventaja competitiva. México debe aprender de esa lección y aplicarla al sector espacial, construyendo un marco sólido que permita operar a escala, atraer inversión y generar innovación. Estas reflexiones, derivadas del análisis del sector espacial nacional en las múltiples colaboraciones publicadas -a través de la columna semanal Café Espacial en Aviación 21- aportan un cierre contundente. México no carece de talento ni de mercado, sino de decisión política para transformar el espacio en infraestructura estratégica del presente. La experiencia estadounidense con drones demuestra que la normalización es el camino para convertir la regulación en ventaja competitiva. Si México logra -pronto- articular voluntad política institucional, coordinación interinstitucional y visión estratégica, podrá dejar de consumir tecnología ajena, desarrollar capacidades espaciales propias y comenzar a facturar su propio futuro espacial. El espacio, como lo he advertido reiteradamente, no debe seguir siendo tratado como promesa del futuro, sino asumido como motor de desarrollo nacional y regional.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

En múltiples ocasiones en esta columna he expuesto los múltiples beneficios sociales que ofrece la ciencia y tecnología espacial para la población. En esta ocasión analizaremos como la tecnología satelital puede institucionalizarse en México -si hay voluntad gubernamental- como política pública de derechos humanos, en apoyo humanitario a los colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas.

En este contexto, la tecnología satelital de observación de la Tierra (EO), equipada con sensores ópticos, infrarrojos y de radar, puede ser una herramienta clave para apoyar a los colectivos de madres buscadoras en México, ya que mediante el reconocimiento satelital permite identificar posibles fosas clandestinas, rastrear patrones geográficos de desapariciones y acceder a zonas de difícil acceso con mayor precisión; además, su uso, combinado con drones, sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección, permite que la ciencia y tecnología espacial se convierta en un recurso estratégico, que fortalece las labores humanitarias, forenses y capacidades de búsqueda, ofreciendo evidencia objetiva y herramientas de precisión que trascienden la narrativa oficial.

El uso de la tecnología por parte de los colectivos representa un soporte adicional esencial que impacta directamente en los resultados. Como antecedente, la revista SciELO (junio, 2019) documenta que el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte (Sinaloa) utilizan prácticas comunicacionales y tecno políticas -mediante redes sociales-, que constituyen “tecnologías de esperanza”, para visibilizar fosas clandestinas.

Aplicaciones de la tecnología satelital en la búsqueda

La utilización de aplicaciones satelitales tiene una Incidencia benéfica directa de la tecnología espacial en la búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado.

-Las imágenes satelitales (monitoreo geoespacial), de alta resolución y sensores químicos permiten detectar alteraciones en el terreno (excavaciones recientes, alteraciones en vegetación, movimientos de tierra) que pueden indicar con precisión la existencia de fosas clandestinas; con la ventaja de una cobertura amplia y monitoreo constante.

-Constelaciones satelitales privadas. Empresas como Planet Labs o Maxar ofrecen imágenes de alta resolución que pueden ser usadas por ONGs y universidades para documentar hallazgos y presionar a las autoridades.

-Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), integran datos geoespaciales para mapear patrones de desaparición, ubicar sitios de interés y cruzar información, superponer capas de datos, con testimonios, denuncias y hallazgos previos. Asimismo, los hallazgos permiten construir mapas de riesgo y zonas críticas (sobre los miles de centros de adiestramiento, reclutamiento forzado y ejecución existentes en el territorio nacional, como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG), visibilizando la magnitud del problema.

-La teledetección, utiliza sensores remotos para identificar anomalías en suelos y cuerpos de agua, apoyando la arqueología forense y reduciendo la exposición directa de las buscadoras. Los sensores químicos cuentan con la ventaja de una alta sensibilidad a los cambios biológicos (descomposición).

-Los drones, con cámaras térmicas complementan la visión satelital, inspeccionando con precisión aéreas específicas cercanas en zonas inaccesibles, como barrancos o pozos, a un bajo costo relativo.

Retos y consideraciones estructurales

-Acceso desigual a tecnología avanzada. Los colectivos de madres buscadoras dependen del apoyo estatal o académico en alianzas con universidades y ONGs para acceder a imágenes satelitales recientes y de alta resolución.

-Capacitación técnica. Se requiere formación en SIG, teledetección, manejo de drones y análisis de imágenes para que las madres buscadoras y/o sus equipos de apoyo logístico puedan usar estas herramientas tecnológicas de manera autónoma.

-Seguridad en campo. La presencia del crimen organizado -con capacidades y tecnología de punta- implica riesgos; la tecnología ayuda a reducir la exposición directa de las madres buscadoras, pero lamentablemente no elimina el peligro; más de 22 han sido asesinadas en 15 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes realizan estas labores. Por ello, es necesario el uso de satélites y drones (utilizados en Jalisco -según El País, enero 29, 2024- con apoyo de la Universidad de Oxford), para evitar la confrontación directa.

-Resistencia institucional. La opacidad y negación oficial de la dimensión real del problema dificultan la incorporación de evidencia satelital en procesos judiciales.

-Seguridad digital. El manejo de datos sensibles debe protegerse contra espionaje y represalias del crimen organizado.

-Transparencia. Es necesaria y urgente la publicación de mapas de riesgo y hallazgos de las autoridades en plataformas digitales abiertas.

-Uso humanitario. La narrativa de la utilización de esta tecnología con fines de búsqueda debe centrarse en el apoyo social y científico, evitando confrontación política.

-Cooperación institucional e internacional. Es fundamental que universidades, ONGs y agencias gubernamentales colaboren para democratizar el acceso a estas tecnologías. Vincular a agencias espaciales y ONGs permitirá la realización de proyectos conjuntos con la ESA, NASA, CSA, entre otras agencias y universidades latinoamericanas.

Impacto nacional e internacional

La tecnología espacial y satelital no es solo un recurso técnico, es un instrumento político y humanitario que puede romper el círculo de impunidad que prevalece en torno a esta realidad insoslayable. Al generar evidencia verificable, apoyar la localización de fosas y visibilizar patrones de desaparición, la tecnología satelital se convierte en una aliada estratégica de los colectivos de madres buscadoras y en un mecanismo de presión internacional frente a un Estado que niega esta realidad.

En el complejo momento que vive el país, el gobierno actual que dice “gobernar por y para el pueblo”, las desapariciones -por reclutamiento del crimen organizado y trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado- se incrementan cuantiosamente, con el cobijo de la impunidad y opacidad; a pesar de que instancias internacionales han evidenciado la gravedad humanitaria del asunto, empeorada por la violencia armada y agravado por la infiltración del crimen organizado en las instituciones.

En este contexto, el 11 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público su informe “Desaparición de personas en México”, documento oficial CIDH -OEA, de 236 páginas que incluye 40 recomendaciones, 11 de las cuales están enfocadas en fortalecer las políticas sobre búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y puede descargarse en el siguiente vínculo:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2026/informe_desapariciones_mx_spa.pdf

El informe visibiliza el fenómeno de la desaparición de personas en México, aborda los esfuerzos que realizan las mujeres buscadoras, madres, personas, familias y colectivos que buscan a sus seres queridos. En el primer capítulo, el informe desglosa la situación actual de la desaparición a partir de los perfiles de las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), al 3 de junio de 2025, se computaban 128.713 personas desaparecidas, de las cuales 98,788 son hombres de entre 20 y 34 años de edad (en la mayoría de los casos por reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado), y 29,503 mujeres de entre 12 a 19 años (en su gran mayoría con fines de trata de personas y explotación sexual). A la fecha de aprobación del informe, según estimaciones independientes, la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000. Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica.

Previamente, el 17 de octubre de 2025 el Comité contra la Desaparición Forzada / Committee on Enforced Disappearances (CED) de la ONU tomó una decisión histórica al activar por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada (ratificada por México el 18 de marzo de 2008), remitiendo de manera urgente la situación de crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas; destacando el reclutamiento forzado y la colusión con el crimen organizado. Esta resolución (activación) -sin precedentes- que representa un hito para investigar la desaparición forzada, responde a la existencia de indicios fundados de que las desapariciones se cometen como una práctica sistemática -de forma generalizada- y no aislada en el país; alcanzando magnitudes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El CED alertó entonces que México concentra la mayor cantidad de acciones urgentes a nivel global (819 casos acumulados hasta inicios de 2026). Como parte de las resoluciones y acciones críticas recientes (abril, 2026), se denunció el colapso del sistema forense institucional (crisis forense y clandestina), evidenciando que el número de restos humanos sin identificar en el país escaló de 52,000 en 2021 a cerca de 72,000 cuerpos y fragmentos en 2026, hallados en más de 4,500 fosas clandestinas. La ONU ha documentado que las desapariciones están relacionadas con la operación del crimen organizado en México, a menudo con la aquiescencia, tolerancia o participación directa de autoridades locales, estatales y federales.

Empero la crítica internacional no termina ahí, la situación se agrava recientemente por el hecho de que -recientemente- de manera tangencial un tribunal federal de los Estados Unidos ha señalado abiertamente al gobernador de Sinaloa -en funciones e integrante del partido en el poder-, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y armas, relacionándolo claramente con el crimen organizado (por lo que solicitan su extradición); considerando que según la insistencia de Trump “son los carteles, simplemente, quienes gobiernan” el país, señalando que el crimen organizado ha infiltrado las más altas esferas del poder en México y poniendo en duda el legítimo combate al crimen organizado por parte del gobierno.

Ante esta descomunal realidad, en un país dónde el gobierno hace muy poco o nada para ayudar a los colectivos de las madres buscadoras, es necesario y urgente acelerar la utilización de tecnología satelital con propósito humanitario para dar esperanza a esos colectivos; cuyos beneficios pueden reflejarse en el corto y mediano plazo e impactar positivamente en beneficio del segmento de la sociedad directamente afectada. En este deplorable escenario, lo más grave es que mientras el gobierno de México trata de mantener su imagen de nación soberana, que enfrenta eficazmente sus problemas nacionales, el mandatario estadounidense -justificándose- evidencia a nuestro país como un “Estado fallido” que requiere de intervención externa, en el contexto de la seguridad nacional americana.

En suma, la ciencia y tecnología espacial (combinación de imágenes satelitales de alta resolución, drones con sensores térmicos y mapas SIG colaborativos) puede transformar la búsqueda de desaparecidos en México al ofrecer herramientas de precisión, reduciendo riesgos, aumentando la eficacia y la visibilización de hallazgos. Sin embargo, esto depende de que el Estado acepte apoyo internacional y garantice la seguridad de las madres buscadoras. Para los colectivos, el acceso a imágenes satelitales, drones y sistemas SIG no solo fortalece sus capacidades técnicas, sino que también les brinda un respaldo científico y político frente a la lamentable inacción estatal, que se entiende, ya que, al utilizar estas tecnologías en este ámbito específico, no habría justificación de porque no utilizarlas también en otras áreas sensibles como el rastreo y trazabilidad del huachicol fiscal.

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En la narrativa pública del programa espacial Artemis, los grandes protagonistas suelen ser los cohetes SLS, las cápsulas Orión o los módulos de alunizaje privados. Sin embargo, el informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de la NASA (IG26006, publicado en abril de 2026), Contratación de la NASA de servicios relacionados con los trajes espaciales de última generación / NASA’s Acquisition of Next-Generation Spacesuit Services, nos alerta -en un primer plano- sobre una verdad fundamental, sin trajes espaciales operativos, certificados y compatibles, no hay exploración humana posible, por muy avanzada que sea la arquitectura de lanzamiento; de ahí la necesidad de ofrecer en esta colaboración un enfoque analítico y divulgativo adecuado, relacionado con este tema, para la especializada audiencia de Aviación 21.

Más allá de ser considerado un mero subsistema auxiliar, el traje espacial es, en términos de ingeniería y gestión de riesgos, una “nave espacial personal”, además de un sistema estratégico, cuya fiabilidad es inseparable de la seguridad de la tripulación y de la viabilidad misma del programa Artemis. El informe del OIG expone con claridad que el estado actual de los trajes de nueva generación constituye uno de los cuellos de botella más críticos y subestimados de la estrategia lunar estadounidense. En este artículo -de opinión- analizo la relevancia del referido informe, que identifica el problema estructural en el contexto estratégico actual de Artemis y evalúa sus implicaciones para la política espacial, la industria aeroespacial y la credibilidad internacional de la NASA.

Un legado agotado, el problema de las EMU de la EEI

Desde los años setenta, la NASA ha dependido de las Unidades de Movilidad Extra vehicular / Extravehicular Mobility Units (EMU), diseñadas originalmente para el programa del Transbordador Espacial / Space Transportation System (STS) y adaptadas posteriormente a la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS). El informe del OIG al respecto es contundente, las EMU superan los 50 años de diseño base, no han sido rediseñados integralmente en más de dos décadas y presentan crecientes riesgos de seguridad para las siguientes operaciones y misiones espaciales.

Entre los fallos más significativos identificados -hasta ahora- destacan las filtraciones de agua en el casco, los problemas de regulación térmica y la obsolescencia de componentes críticos, cuestiones no menores que no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema llevado más allá de su vida útil prevista. Aun así, la NASA planea seguir utilizándolos hasta la desorbitación de la EEI en 2030, ante la actual carencia de reemplazos certificados. En el análisis estratégico este tema es clave, considerando que el calendario del programa espacial Artemis depende de tecnologías que aún no existen en estado operativo, experimental en algunos casos, mientras que las tecnologías existentes en uso se encuentran en una fase de avanzado desgaste.

Artemis y la ruptura tecnológica del entorno lunar

A diferencia de la EEI, el entorno lunar -especialmente en la región del polo sur- exige un salto cualitativo en capacidades: a saber, movilidad real en superficie, protección frente al polvo abrasivo (regolito), resistencia a ciclos térmicos extremos, mayor autonomía energética y compatibilidad con múltiples vehículos diseñados para la exploración y movilidad en la superficie lunar.

Los trajes espaciales posteriores al Apolo han evolucionado hacia sistemas más ligeros, flexibles y especializados, diseñados para misiones en la EEI, vuelos comerciales y futuras expediciones a la Luna y Marte. Actualmente, destacan modelos como el EMU de la NASA (sucesor directo de los trajes Apolo, utilizado desde los años 80 hasta hoy, para uso en actividad extravehicular (EVA) en la EEI; el Sokol ruso (estándar en vuelos rusos desde 1973, para uso en actividad intravehicular-IVA, principalmente en lanzamientos y reentradas de la Soyuz); el SpaceX Crew Dragon Suit (introducido en 2020, refleja la entrada del sector privado en el diseño de trajes espaciales; uso en IVA en las cápsulas Crew Dragon) y el nuevo AxEMU de Axiom Space para el programa Artemisa (presentado en 2024, será el traje lunar de la próxima década, para uso EVA en futuras misiones de Artemis III a la superficie lunar; diseñado también para la primera mujer en la Luna, ofreciendo mayor flexibilidad y movilidad). El Z2 de la NASA, representa la visión de largo plazo para exploración planetaria, en fase prototipo, para las futuras misiones a Marte. Es importante subrayar que los trajes Apolo, aunque icónicos, no son reutilizables ni adaptables al contexto del programa Artemis. Por ello, la NASA ha intentado, sin éxito, durante casi dos décadas, desarrollar un nuevo traje; el Advanced Space Suit Project, Constellation Space Suit System y xEMU, son planes que terminaron sin entregar un sistema listo para volar.

Este historial de fallos explica la decisión de 20212022 de cambiar radicalmente de enfoque mediante el programa xEVAS (Exploration Extravehicular Activity Services), de la NASA, que busca desarrollar trajes espaciales de nueva generación mediante contratos comerciales para la EEI y las misiones lunares Artemis; externalizando el desarrollo a la industria privada. Collins Aerospace suministraba trajes para la EEI, enfocado en movilidad mejorada y ajuste personalizado. El objetivo principal es reemplazar las antiguas EMU (de la era del transbordador espacial), por trajes más modernos, seguros y versátiles.

xEVAS: una estrategia de adquisición conceptualmente atractiva mal alineada

El informe del OIG no cuestiona el objetivo estratégico de fomentar una economía espacial comercial. El problema, según el análisis, es la aplicación de contratos de precio fijo y prestación de servicios a un sistema altamente experimental.

La lógica del “servicio de caminata espacial” -alquilar trajes en lugar de poseerlos- funciona cuando, el diseño está maduro, el riesgo tecnológico es bajo o existe un mercado comercial real. Nada de eso se cumple en el caso de los trajes Artemis. El OIG señala que no existe un mercado comercial previo de trajes lunares, los requisitos técnicos son extraordinariamente exigentes, y que los riesgos de masa, consumo energético y certificación siguen abiertos.

En este sentido, el enfoque comercial de la NASA, comprar “servicios de caminata espacial” en lugar de solo el equipo, contratando a empresas privadas para diseñar, fabricar y operar los trajes, trajo como resultado que solo dos empresas (Axiom y Collins) presentaron ofertas: Axiom Space, sin experiencia previa directa en trajes, y Collins Aerospace, con experiencia histórica, pero con antecedentes recientes de problemas de gestión en los EMU. En 2024, Collins abandonó el programa, luego de informarse una reducción del alcance de trabajo en su contrato, por incapacidad de cumplir el calendario, dejando a Axiom como proveedor único.

Los trajes xEVAS deben ofrecer un mejor ajuste para una gama más amplia de astronautas, incorporar tecnologías de seguridad mejoradas y ser aptos para los hostiles entornos lunares y de microgravedad. El programa es fundamental para el retorno a la Luna de la NASA y la operación continua de la EEI hasta el 2034.

Monopolio involuntario y riesgo sistémico

Desde una perspectiva estratégica, este es quizá el hallazgo más inquietante del informe. La NASA diseñó xEVAS para fomentar competencia y redundancia, pero hoy se enfrenta a un monopolio técnico de facto en un sistema crítico para la seguridad humana. La dependencia absoluta de un solo proveedor elimina la presión competitiva sobre costos, la redundancia ante fallos de diseño y la resiliencia del programa ante retrasos.

El OIG advierte que, si Axiom experimenta retrasos comparables a los históricos de otros programas tripulados (en promedio, más de ocho años entre contrato y vuelo), las demostraciones de los trajes podrían no darse hasta 2031, es decir, tres años después de la fecha objetivo del alunizaje Artemis. En este escenario, se puede anticipar que -literalmente- el traje espacial se ha convertido en un elemento esencial de la ruta crítica del programa lunar, al mismo nivel que el módulo de alunizaje o el lanzador pesado.

Un problema añadido, la falta de estándares de interoperabilidad

Uno de los aspectos más relevantes -y con mayor impacto a largo plazo- es la ausencia de un estándar obligatorio de interoperabilidad entre trajes y vehículos lunares. El programa Artemis involucra múltiples actores privados, distintos módulos de descenso, Rovers, hábitats y esclusas de aire. Sin un estándar común, cada cambio de diseño en el traje tiene efectos en cascada sobre los vehículos, como ya ha ocurrido entre Axiom y el sistema Blue Moon de Blue Origin.

Desde el punto de vista de la seguridad operacional, esta fragmentación es altamente riesgosa y peligrosa. En escenarios de contingencia -rescate, evacuación o apoyo entre vehículos-, la falta de compatibilidad puede convertirse en un riesgo crítico significativo para la tripulación.

Implicaciones estratégicas para la estrategia Artemis y la política espacial

El informe IG26006 trasciende el ámbito técnico, su mensaje implícito es estratégico, la ambición política del programa Artemis no está alineada con el realismo de su ejecución tecnológica, especialmente en sistemas “no visibles” como los trajes espaciales. Si el programa Artemis falla en demostrar presencia humana sostenible en la superficie lunar, no será por falta de cohetes o cápsulas, sino por la incapacidad de completar sistemas esenciales de soporte vital y movilidad.

Para la industria aeroespacial, el caso xEVAS representa una gran lección sobre:

• Los límites de los contratos de precio fijo en desarrollos tempranos,
• La necesidad de fases intermedias de maduración tecnológica, y
• La importancia de preservar capacidades críticas dentro de las agencias pú

El traje espacial como prueba de madurez estratégica

El informe del OIG no es simplemente una auditoría administrativa. Es un diagnóstico estructural real de cómo una gran agencia espacial lidia -o no- con la transición hacia un modelo comercial en sistemas de alto riesgo.

En este intrincado contexto, los trajes espaciales de Artemis concentran desafíos técnicos, industriales, contractuales y políticos. Son, en muchos sentidos, el termómetro realista del programa. Si la NASA logra encauzar este problema -ajustando calendarios, estándares e incentivos- Artemis podrá consolidarse como un programa espacial sostenible. Si no, el riesgo es que la exploración lunar vuelva a quedar atrapada entre promesas estratégicas y limitaciones operativas. Para la comunidad aeroespacial, el mensaje es claro: no hay retorno a la Luna sin resolver, primero, el problema del traje espacial. En la era Artemis, la exploración comienza -literalmente- desde la piel del astronauta. En el ámbito estratégico, derivado de la competencia en la nueva carrera espacial que protagonizan Estados Unidos y China, por establecer una base permanente en el polo sur lunar, es un hecho, que la NASA debe realizar los ajustes necesarios en su cadena de proveeduría, que impidan la extensión de los calendarios establecidos para el programa Artemis.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

El informe especial titulado Análisis de las armas nucleares espaciales y sus repercusiones para la seguridad nacional de los Estados Unidos /“Space Nuclear Weapons Analysis and Impacts for U.S. National Security” fue publicado el 24 de abril de 2026 en Washington, D.C., por el American Foreign Policy Council (AFPC) y presentado por Peter Garretson (Senior Fellow en estudios de defensa y codirector de la Space Policy Initiative del AFPC) y Richard M. Harrison (vicepresidente de Operaciones y director del Programa de Tecnología de Defensa del AFPC), quienes lideran conjuntamente la iniciativa de política espacial de este centro de estudios. El AFPC -think tank fundado en 1982 en Washington-, presentó este informe como parte de su serie Special Reports. El documento busca alertar sobre los riesgos de la colocación o detonación de armas nucleares en el espacio, subrayando que Estados Unidos carece de planes operativos claros para enfrentar una contingencia de este tipo. El informe completo puede descargarse en el siguiente vínculo: https://www.afpc.org/uploads/documents/Special_Report_-_Space_Nuclear_Weapons_Analysis_and_Impacts_for_U.S._National_Security_-_4.24.26_Final.pdf

Contexto estratégico
El informe especial plantea que la amenaza de armas nucleares en el espacio ha dejado de ser una hipótesis remota para convertirse en un riesgo tangible inminente. El origen de la preocupación surge principalmente de las acusaciones hacia Rusia por el desarrollo de un dispositivo nuclear orbital y del interés de China en utilizar explosivos nucleares para desviar asteroides, lo que abre la posibilidad de un uso dual con fines militares. El impacto potencial de un estallido nuclear en la órbita baja terrestre (LEO) sería devastador, miles de satélites quedarían inutilizados, las comunicaciones globales se verían abruptamente interrumpidas, servicios de navegación (GPS), meteorología, seguridad nacional y la economía digital, entre muchas otras áreas, sufrirían un colapso inmediato. Los antecedentes históricos, como la prueba Starfish Prime de 1962, demostraron que incluso detonaciones limitadas pueden generar efectos catastróficos en sistemas eléctricos y satelitales, lo que refuerza la gravedad de la amenaza actual.

El presente análisis crítico del informe del AFPC sobre armas nucleares espaciales se inscribe en un momento crítico para la seguridad espacial y la defensa estratégica global. La creciente competencia entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China ha trasladado la lógica de disuasión nuclear al dominio orbital, donde la vulnerabilidad de las constelaciones satelitales amenaza tanto la estabilidad militar como la economía digital mundial. En este contexto geopolítico, el espacio dejó de ser ya un terreno exclusivamente científico para convertirse convierte en un escenario de confrontación estratégica, donde la ausencia de preparación puede traducirse en riesgos existenciales para la seguridad nacional y la gobernanza internacional.

Escenarios analizados
El informe describe cuatro escenarios de crisis que permiten evaluar la preparación de los EE.UU. con planes de contingencia. El primero contempla la detección de una carga nuclear sospechosa en la órbita LEO, lo que podría desencadenar una escalada prematura ante la falta de atribución clara. El segundo escenario se refiere a la amenaza de coerción declarada, en la que constelaciones comerciales y militares quedarían vulnerables al chantaje nuclear. El tercero plantea una detonación de alto daño que generaría el síndrome de Kessler, con pérdida masiva de satélites y acumulación de desechos espaciales sin capacidad de remediación, el cuarto escenario considera una detonación de bajo daño con fines demostrativos que, aunque limitada en efectos físicos, provocaría desconfianza generalizada en los sistemas espaciales y en la estabilidad internacional.

Principales hallazgos
El informe revela carencias críticas relevantes en la preparación estadounidense para los escenarios previamente descritos. No existen capacidades operativas para remediar cinturones de radiación ni para remover desechos espaciales de manera activa. Los planes de contingencia son inmaduros y carecen de pruebas reales, mientras que la atribución y monitoreo de cargas nucleares resulta insuficiente. Además, las responsabilidades de mando son ambiguas, lo que podría generar parálisis en una crisis. Los tiempos de reconstitución de las constelaciones satelitales son demasiado largos, extendiéndose por años, lo que deja a los EE. UU. expuesto a una vulnerabilidad prolongada. Las consecuencias inmediatas para la vida diaria serían graves: interrupción de internet satelital, fallos en servicios de geolocalización (Uber, Amazon, GPS), colapso de cadenas de suministro, pérdida de imágenes para agricultura y desastres, riesgos para la aviación y la navegación marítima, e incluso la posibilidad de un apagón eléctrico masivo si la detonación ocurriera sobre territorio estadounidense.

Recomendaciones del Informe
El AFPC propone desarrollar y probar planes de contingencia específicos para escenarios nucleares espaciales, clarificar las autoridades de mando y los umbrales de escalada, y expandir las capacidades de conciencia situacional espacial (SSA) y atribución. Asimismo, recomienda invertir en el endurecimiento y redundancia de constelaciones críticas, acelerar las estrategias de investigación en remediación de cinturones de radiación y remoción de desechos, así como fortalecer la coordinación Inter agencial y con aliados internacionales. Estas medidas buscan cerrar las brechas tecnológicas y organizativas que actualmente limitan la capacidad de respuesta de los EE. UU.

Análisis crítico
La nuclearización del espacio ultraterrestre en la nueva carrera espacial refleja una frontera emergente para la disuasión nuclear en transición. La amenaza silenciosa de las armas nucleares en la órbita -sin duda alguna- genera riesgos y vulnerabilidades para los activos espaciales (infraestructura crítica), incluidas las mega constelaciones, la seguridad nacional y global.

El valor del informe radica en ser el primer ejercicio no clasificado que simula escenarios nucleares en el espacio, ofreciendo un marco conceptual claro para fases de detección, coerción y respuesta post detonación; pero revela una paradoja, mientras EE. UU. reconoce la amenaza, aún carece de mecanismos prácticos para afrontarla. Su principal fortaleza reside en integrar actores civiles, militares y comerciales en el análisis, señalando con precisión las vulnerabilidades de la economía digital, de la seguridad nacional y de la seguridad espacial; sin embargo, presenta debilidades importantes. El documento depende de supuestos sobre las intenciones de Rusia y China, lo que puede sesgar la percepción estratégica y alimentar narrativas de confrontación. Además, no aborda suficientemente la dimensión diplomática, pues se limita a señalar la amenaza sin proponer mecanismos concretos para reforzar tratados internacionales o crear nuevas instancias de verificación. También carece de propuestas detalladas de financiamiento y cronogramas para cerrar las brechas tecnológicas, lo que limita la viabilidad de sus recomendaciones. Finalmente, subestima la dificultad política de coordinar agencias nacionales y aliados internacionales en un escenario de crisis nuclear espacial, donde la toma de decisiones rápidas y claras sería fundamental.

El informe especial advierte que la amenaza de las armas nucleares en el espacio ya no es hipotética, sino inminente, y que EE. UU. carece de planes, capacidades y autoridades claras para responder. El documento subraya que un estallido nuclear en órbita paralizaría constelaciones satelitales, afectar la economía global y generar crisis geopolíticas inmediatas. Por ello, el informe concluye que la decisión política es urgente, EE. UU. debe actuar ahora para desarrollar capacidades y planes suficientes, o enfrentará una contingencia nuclear espacial sin herramientas de defensa estratégica efectivas para disuadir, responder o recuperarse. La lección central es que el espacio, antes considerado un dominio pacífico, se ha convertido en un campo de competencia estratégica donde la ausencia de preparación equivale a una vulnerabilidad existencial, lo que convierte la acción política y diplomática en una urgencia extremadamente estratégica. El informe es, en última instancia, un llamado de alerta que subraya que la militarización nuclear del espacio es una amenaza real cercana, y que la falta de preparación podría tener consecuencias devastadoras tanto para la seguridad nacional estadounidense como para la estabilidad global.

La importancia de este tema radica en que la militarización nuclear del espacio representa una amenaza inmediata y sin precedentes para la estabilidad global. En este momento histórico, reconocer la gravedad de la amenaza y actuar con decisión es indispensable ya que el futuro de la seguridad espacial y la confianza en las infraestructuras críticas depende de que los Estados -protagonistas de la militarización y armamentización nuclear en el espacio- asuman su responsabilidad y construyan mecanismos efectivos de prevención, respuesta, verificación y cooperación internacional; que fortalezcan las medidas de fomento a la confianza mutua para garantizar que el espacio se utilice exclusivamente con fines pacíficos.

El presente análisis muestra que el informe del AFPC no solo expone las debilidades actuales de los EE.UU. frente a la amenaza nuclear espacial, sino que también plantea la necesidad urgente de un cambio de paradigma en la gobernanza internacional del espacio. La preparación técnica debe ir acompañada de un amplio esfuerzo diplomático y voluntad política que asegure que el espacio siga siendo un dominio de cooperación y no de confrontación.

El despliegue de sistemas de energía nuclear en la superficie lunar representa un cambio de paradigma en la exploración espacial. El artículo “NASA’s Fission Surface Power Project” publicado por el portal New Space Economy (7 de abril de 2026) detalla el avance del proyecto Fission Surface Power (FSP) de la NASA, cuyo objetivo es instalar un reactor de 40 a 100 kW en la Luna para 2030. Este avance técnico, sin embargo, colisiona con los vacíos legales existentes y los debates éticos que tuvieron lugar durante el 65º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos / Legal Subcommittee (LSC) de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UN COPUOS), en Viena, Austria del 15 a 22 de abril de 2026. El actual periodo de sesiones es presidido por México en la persona de Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Cancillería mexicana. A continuación, les presento un análisis crítico que vincula el proyecto FSP de la NASA con la agenda del 65° periodo de sesiones (documento A/AC.105/C.2/L.343) del LSC de la COPUOS.

El FSP y los modelos de normas jurídicas para recursos espaciales (tema 9 de la agenda)

El artículo de New Space Economy destaca que el FSP es la llave para la Utilización de Recursos in Situ / In situ Resource Utilization (ISRU). Sin energía nuclear, la extracción de agua helada en los cráteres en sombra perpetua del polo sur lunar es inviable.

Análisis crítico. El tema 9 de la agenda del LSC busca modelos para la exploración y explotación de recursos. El proyecto FSP introduce una complicación jurídica: el concepto de “zonas de exclusión” o “zonas de seguridad” por motivos radiológicos. El artículo menciona que “el primer país en colocar un reactor podría declarar zonas de acceso restringido”.

Implicación jurídica. Esto contraviene el Artículo II del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (OST) (1967), que prohíbe la apropiación nacional. La pregunta obligada es ¿El uso de energía nuclear es una forma indirecta de ejercer soberanía sobre un territorio lunar rico en recursos? La Subcomisión debe definir si las medidas de seguridad nuclear justifican la restricción del acceso a otros Estados; donde el obstáculo a sortear es, la regla del consenso.

Mitigación y eliminación de los desechos espaciales (tema 10 de la agenda)

Aunque el tema 10 se asocia tradicionalmente con los satélites en órbita, el inminente uso de reactores nucleares en la superficie lunar -en el futuro cercano- introduce el concepto de “desechos nucleares extraterrestres”.

Análisis crítico. El FSP está diseñado para operar durante 10 años y el artículo de New Space Economy no detalla el plan de desmantelamiento (decommissioning). En el punto 10 de la agenda del LSC, los mecanismos jurídicos deben evolucionar para incluir la responsabilidad sobre el combustible gastado en la superficie lunar.

Riesgo ambiental. El abandono de núcleos de reactores en la Luna plantea el riesgo de contaminación de recursos valiosos (como el hielo de agua). Por ello, la COPUOS debe determinar si las directrices de reducción de desechos espaciales son también aplicables a infraestructuras fijas en cuerpos celestes y quién (el Estado de Lanzamiento) asume el costo de la remediación ambiental en un entorno internacional.

El tema central del debate especial del 65° período de sesiones del LSC fue la discusión sobre posibles modelos de normas jurídicas para la exploración, explotación y utilización de los recursos espaciales, en el contexto de la nueva carrera espacial y el NewSpace, caracterizados por la creciente participación de actores privados.

Contraste geopolítico. El documento menciona el pacto Rusia-China (mayo 2025) para una estación nuclear lunar como parte de la estación internacional de investigación lunar china (ILRS). Esto presiona a la Subcomisión de la COPUOS para que el marco legal no solo sea técnico-científico, sino también de seguridad internacional.

Seguridad nuclear. El proyecto FSP utiliza uranio de bajo enriquecimiento / Low-Enriched Uranium (LEU) para reducir riesgos de proliferación, un punto alineado con los Principios de la ONU de 1992 sobre el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio profundo / Nuclear Power Sources (NPS). Sin embargo, la escala de 100 kW prevista para 2030 excede ampliamente las misiones históricas -como el Systems for Nuclear Auxiliary Power (SNAP-10A), primer y único reactor nuclear de fisión lanzado al espacio por Estados Unidos, el 3 de abril de 1965- lo que requiere una actualización de las salvaguardias internacionales en tiempo récord durante el 65° periodo de sesiones.

Paralelamente con el tema de los recursos espaciales, se abordó la necesidad de definir marcos jurídicos internacionales para la exploración, explotación y utilización de recursos en el espacio ultraterrestre, en el contexto del New Space. La nueva carrera espacial involucra tanto a Estados como a empresas privadas, lo que exige normas claras y sostenibles.

Los objetivos centrales del debate fueron, reforzar el marco jurídico vigente, destacando la importancia de implementar de manera efectiva los tratados actuales sobre el espacio; los mecanismos prácticos multilaterales, se discutió cómo adoptar instrumentos que orienten a los Estados y actores privados hacia un comportamiento responsable; y la visión de largo alcance, donde se subrayó la necesidad de una postura firme y sostenible para garantizar que la explotación de recursos espaciales no genere conflictos, ni desigualdades. Los actores involucrados son los Estados y agencias espaciales que buscan proteger sus intereses nacionales y garantizar seguridad jurídica; el sector privado, que promueven empresas emergentes en minería espacial y mega-constelaciones; y los organismos internacionales que promueven consensos y cooperación multilateral.

Uso de energía nuclear en el espacio profundo

El debate específico de este periodo de sesiones sobre el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio profundo (NPS) es el núcleo de la discusión técnica del artículo de New Space Economy. Las NPS son fundamentales para misiones que operan lejos del Sol, donde los paneles solares no son viables. Estas tecnologías proporcionan electricidad y calor fiables durante décadas en entornos hostiles. Las NSP se dividen principalmente en sistemas radioisotópicos (para energía auxiliar/calor) y reactores de fisión (para alta potencia o propulsión).

Las aplicaciones de NPS en la Luna se proyectan para la generación de energía, vital para sondas de espacio profundo y misiones en la oscuridad lunar, así como Propulsión Nuclear Espacial / Space Nuclear Propulsion (SNP), que utiliza un reactor para proporcionar empuje directo (nuclear térmico) o energía para motores iónicos (nuclear eléctrico), reduciendo el tiempo de viaje a Marte. El uso de NPS está regulado por los principios de seguridad establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) -UN OOSA. Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space (1992)- y el OIEA, enfocándose en la protección contra riesgos radiológicos durante el lanzamiento y operación.

El proyecto FSP de la NASA no es solo un hito de ingeniería; es un desafío directo al derecho espacial internacional. Mientras el artículo de New Space Economy celebra la viabilidad técnica para la economía lunar, la agenda del 65ª periodo de sesiones de COPUOS (A/AC.105/C.2/L.343) revela la urgencia de:

1. Evitar que la seguridad nuclear se convierta en una excusa para la apropiación de recursos.
2. Legislar sobre el ciclo de vida completo del combustible nuclear en la Luna.
3. Armonizar los estándares de seguridad entre los bloques competitivos (EE. UU. vs. China-Rusia) para prevenir incidentes que dejarían áreas de la Luna inutilizables por milenios.

Los grupos regionales, incluido el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), han mostrado su preocupación en el debate especial del 65° período de sesiones del LSC. La tensión entre las potencias espaciales y los países en desarrollo frente al New Space -expresado a través del NPS-, sin duda marcó un cisma en el debate de este año.

Potencias y recursos espaciales

Imposición de intereses económicos. Las grandes potencias espaciales y sus corporaciones privadas buscan asegurar marcos jurídicos a modo que legitimen la explotación de recursos lunares y de asteroides.

Asimetría de capacidades. Los países con infraestructura espacial avanzada tienen ventaja en definir reglas, lo que representa un peligro potencial que puede traducirse en un “derecho consuetudinario” de facto.

Riesgo de exclusión. Si las normas se diseñan unilateralmente, como lo están haciendo Estados Unidos, Luxemburgo, AEU, Japón, e Italia, entre otros, los países sin capacidad tecnológica podrían quedar relegados a un papel marginal, aceptando las condiciones impuestas por las potencias espaciales, justificándose en la nueva carrera espacial y el NewSpace.

Impacto potencial para los países en desarrollo

Dependencia tecnológica. Los Estados sin acceso directo a recursos espaciales podrían depender en el futuro próximo de acuerdos comerciales desventajosos.

Equidad internacional. Se subrayó la necesidad de que los beneficios de la explotación espacial sean compartidos, evitando repetir patrones coloniales. No obstante, las empresas inversionistas y los Estados que representan, difícilmente accederán a esta demanda legitima.

Diplomacia multilateral. América Latina, África y Asia han insistido en que cualquier régimen jurídico debe garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la Luna.

La relevancia del debate estratégico

El debate especial buscó equilibrar dos visiones disímbolas:

Las potencias y sector privado, promueven marcos flexibles que permitan inversión y explotación rápida en su propio beneficio.

Los países en desarrollo y académicos, defienden un régimen multilateral vinculante que asegure una distribución justa de beneficios y evite monopolios; en el marco del uso pacífico, responsable, equitativo y sostenible del espacio ultraterrestre.

Para México y América Latina, la presidencia mexicana del LSC refuerza el papel regional en la diplomacia espacial. Para la gobernanza global, este debate sienta bases para futuros acuerdos sobre recursos lunares, asteroides y otros cuerpos celestes. Para la academia e industria, el debate ofrece un marco de referencia para investigación, innovación y desarrollo comercial en el espacio.

En suma, el riesgo de desigualdad en el marco del NewSpace y el NPS radica en que las potencias espaciales y las corporaciones privadas, al imponer sus intereses económicos, pueden consolidar un sistema jurídico y operativo que favorezca únicamente a quienes ya poseen capacidades tecnológicas avanzadas. Esto genera una asimetría estructural, mientras unos países aseguran acceso privilegiado a recursos lunares o asteroides, otros quedan relegados a aceptar condiciones desventajosas, reproduciendo patrones de dependencia similares a los coloniales. La ausencia de un régimen multilateral vinculante (agravado por la larga crisis del multilateralismo), abre la puerta a monopolios y exclusiones, debilitando el principio de que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad y comprometiendo la equidad en la distribución de beneficios. Sin duda un colosal desafío para las instituciones, el derecho espacial y los juristas del espacio ultraterrestre.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

El 8 de abril de 2026 la Secure World Foundation (SWF) publicó la novena edición del informe Capacidades contraespaciales globales 2026 / Global Counterspace Capabilities Report 2026. El informe se elabora y publica anualmente desde 2018, ampliando progresivamente su alcance, número de países analizados, profundidad técnica y se encuentra disponible en sitio de la SWF, en el siguiente vínculo: https://www.swfound.org/publications-and-reports/2026-global-counterspace-capabilities-report  Además, debo añadir que desde hace varios años colaboro con la SWF, en la traducción del Resumen ejecutivo del informe al idioma español.

El objetivo principal del Global Counterspace Capabilities Report es, a partir de fuentes abiertas, aumentar la transparencia y el debate público informado sobre el desarrollo, prueba y posible uso de capacidades contraespaciales, y sus implicaciones para la seguridad internacional y la sostenibilidad del espacio. Las pruebas de armas contraespaciales pueden tener efectos negativos a largo plazo, por lo que la información y la concientización pública son elementos fundamentales para promover comportamientos responsables en el espacio ultraterrestre. De manera específica, el informe busca identificar y evaluar las capacidades que los Estados están desarrollando para interferir, degradar, negar o destruir sistemas espaciales;  analizar la utilidad militar actual y futura de estas capacidades; evaluar los riesgos que estas tecnologías suponen para la estabilidad estratégica, el entorno espacial (desechos orbitales), la economía global y los servicios civiles que dependen del espacio (GNSS, comunicaciones, observación de la Tierra); así como fomentar un debate público y político más amplio, destacando que el espacio no es un dominio exclusivamente militar y que un conflicto en órbita tendría consecuencias duraderas para toda la humanidad.

A continuación, les presento el análisis del informe, con enfoque en derecho espacial y control de armamentos, haciendo una comparación crítica entre el informe de la SWF y el análisis de otros think tanks militares y estratégicos.

El enfoque de la SWF, virtudes y restricciones

La metodología del informe -basada en fuentes abiertas- responde a un principio de transparencia y verificabilidad pública, alineado con los valores del derecho internacional y la rendición de cuentas. El informe 2026 analiza las capacidades contraespaciales  de 13 países (Estados Unidos, Rusia, China, India, Australia, Francia, Alemania -incluido por primera vez, Irán, Israel, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y el Reino Unido), en cinco categorías principales:  co orbitales (que implican satélites capaces de maniobrar cerca de otros objetos espaciales); ASAT de ascenso directo (misiles lanzados desde tierra para destruir objetivos en órbita); guerra electrónica (como interferencia (jamming) y suplantación (spoofing) de señales satelitales); energía dirigida (incluidos láseres con potencial para dañar sensores espaciales) y cibernéticas (orientadas a atacar redes, enlaces de mando y control, o sistemas de tierra asociados al espacio exterior). El informe destaca que, hasta ahora, solo capacidades no destructivas han sido empleadas activamente en conflictos recientes. Para cada país, el informe evalúa las capacidades actuales y de corto plazo, su posible utilidad militar y el grado de desarrollo de sus sistemas de conciencia situacional espacial / space situational awareness (SSA).

Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y de control de armamentos, esta aproximación presenta una limitación significativa, equipara la ausencia de información públicamente confirmada con una ausencia efectiva de capacidades o doctrinas. En contextos estratégicos, esta equivalencia resulta metodológicamente confusa.

Transparencia limitada y ambigüedad estratégica en el dominio espacial

Es importante subrayar que el Global Counterspace Capabilities Report 2026 constituye una de las evaluaciones más completas (con valor analítico significativo), basadas en fuentes abiertas, documentación oficial, doctrinas publicadas, imágenes comerciales y análisis técnicos, sobre el desarrollo de capacidades contraespaciales a nivel mundial; lo que le otorga legitimidad académica y utilidad para la discusión pública. No obstante, esta decisión metodológica de la SWF impone límites estructurales ya que el informe no problematiza de forma suficiente. En particular, existe una disonancia evidente entre la profundidad técnica del análisis, poca transparencia y la superficialidad estratégica con la que se tratan las capacidades reales de las grandes potencias espaciales, Estados Unidos, China y Rusia, principalmente. En un dominio donde la ambigüedad estratégica es utilizada como herramienta de poder, la cautela excesiva en el análisis termina reproduciendo esa misma ambigüedad, en lugar de contribuir a reducirla.

La falta de transparencia real entre potencias espaciales alimenta el dilema de seguridad, cada actor refuerza sus capacidades por desconfianza, mientras minimiza públicamente su alcance ofensivo. El informe describe este proceso, pero no lo confronta críticamente en el caso de los actores dominantes.

En esta reflexión sostengo que, pese a su valor descriptivo, el informe presenta limitaciones analíticas significativas al no integrar inferencias estratégicas más profundas sobre las capacidades reales de las principales potencias espaciales. Desde la óptica del derecho espacial y el control de armamentos, esta omisión contribuye a una opacidad estructural que afecta negativamente la confianza internacional, la estabilidad estratégica y los esfuerzos normativos para preservar el uso pacífico del espacio ultraterrestre.

Fuentes abiertas, inferencia estratégica y responsabilidad analítica

La exclusión de información estratégica relevante representa un problema no solo metodológico. La dependencia exclusiva de fuentes abiertas justifica la ausencia de información más sensible o decisiva. Sin embargo, este supuesto es discutible por las siguientes razones: Las fuentes abiertas sí permiten inferencias estratégicas, en el ámbito de los estudios estratégicos y de inteligencia, el análisis de fuentes abiertas avanzado / Open-Source Intelligence (OSINT), no se limita a la descripción de sistemas conocidos, sino que permite inferir doctrinas reales de empleo a partir de ejercicios militares, presupuestos, estructuras de mando y cambios organizacionales; identificar capacidades latentes, no declaradas explícitamente, mediante correlación de programas, pruebas indirectas y silencios doctrinales, así como evaluar las asimetrías deliberadas entre discurso político y preparación operacional. El informe 2026, en cambio, opta por una lectura declarativa, reproduciendo en gran medida lo que los Estados reconocen públicamente, sin explotar plenamente la capacidad analítica que caracteriza a la OSINT avanzada.

La subestimación deliberada de las capacidades críticas da por resultado una subestimación sistemática de capacidades estratégicas que tienen un impacto directo en la seguridad internacional y espacial, tales como los sistemas contraespaciales nucleares, duales o de efecto estratégico, tratados con extrema cautela o ambigüedad; arquitecturas integradas tierra–espacio–ciber que permiten negación espacial sistémica, no limitada a un solo tipo de arma, y capacidades ofensivas encubiertas normalizadas bajo el concepto de “resiliencia”, “defensa espacial” o “protección de activos”. Esta omisión no es neutra, contribuye a una percepción incompleta del balance estratégico real en el dominio espacial.

Contrario a lo que sugiere una lectura estrictamente descriptiva, el análisis avanzado de fuentes abiertas permite inferencias estratégicas sólidas, especialmente cuando se combinan cambios doctrinales oficiales; presupuestos militares y estructuras de mando; patrones de pruebas, ejercicios y despliegues; silencios deliberados y ambigüedad retórica.

Comparación crítica con informes de think tanks militares

A diferencia del enfoque de la SWF, los informes del Aerospace Security Project del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales / Center for Strategic and International Studies (CSIS) o de la RAND Corporation, suelen reconocer explícitamente la existencia de capacidades no declaradas pero plausibles, analizar el espacio como parte de arquitecturas multidominio (espacio ciber tierra) y evaluar escenarios de escalada y empleo real en conflictos de alta intensidad.

Algunos think tanks militares como la RAND Corporation, el CSIS o el International Institute for Strategic Studies (IISS) emplean rutinariamente el enfoque OSINT para evaluar capacidades espaciales, incluso sin acceso a información clasificada. En contraste, el informe de la SWF opta por una cautela extrema que reduce su capacidad para transparentar capacidades latentes o integradas, particularmente de EE. UU., China y Rusia, como ya se señaló previamente.

Por ejemplo, mientras el informe 2026 subraya que el uso actual de capacidades destructivas es limitado, algunos análisis militares destacan que la mera existencia de capacidades ASAT avanzadas y sistemas de negación sistémica ya tiene efectos disuasivos y desestabilizadores, independientemente de su empleo cinético. Esta divergencia no es solo analítica, sino normativa, los informes militares reconocen el impacto estructural de la ambigüedad estratégica, mientras que el reporte de la SWF tiende a neutralizarla.

El espacio como dominio jurídico estratégico en disputa

El espacio ultraterrestre ha dejado de ser un ámbito predominantemente científico y cooperativo internacional para convertirse en un dominio estratégico disputado, con implicaciones directas para la seguridad internacional, la economía global y los marcos jurídicos existentes. Asimismo, en el plano local, el espacio se ha convertido en un dominio cada vez más crítico para la seguridad nacional, la economía y la vida cotidiana, lo que incrementa los riesgos asociados a un posible conflicto en órbita.

La dependencia crítica de la infraestructura espacial ha incentivado el desarrollo de capacidades destinadas a negar o degradar el uso del espacio por adversarios, fenómeno ampliamente documentado por la SWF en su edición 2026.

No obstante, el creciente desfase entre el desarrollo tecnológico-militar y la evolución del derecho espacial plantea interrogantes fundamentales sobre la suficiencia de los instrumentos analíticos actuales para evaluar riesgos y formular regímenes efectivos de control.

Implicaciones para el derecho espacial y el control de armamentos

Desde la perspectiva del derecho espacial, la insuficiente problematización de las capacidades reales tiene consecuencias directas, debilita la eficacia del Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST) de 1967, especialmente el principio de uso pacífico; obstaculiza iniciativas de transparencia y medidas de fomento de la confianza (TCBMs), en los foros multilaterales especializados de las Naciones Unidas; además de que dificulta la formulación de acuerdos verificables sobre no ensayo o no despliegue de armas contraespaciales.

La ambigüedad estratégica, cuando no se analiza críticamente, favorece a los actores con mayor poder tecnológico, reproduciendo asimetrías incompatibles con los principios de seguridad colectiva y sostenibilidad espacial.

Neutralidad analítica versus responsabilidad estratégica

La SWF defiende una postura de neutralidad factual, evitando juicios normativos fuertes. Sin embargo, en el contexto actual del espacio como dominio militarizado, esta neutralidad corre el riesgo de convertirse en una forma de opacidad analítica que beneficia a quienes ya poseen ventajas estratégicas significativas. Un análisis verdaderamente responsable no exige revelar información clasificada, pero sí señalar explícitamente qué capacidades probablemente existen, pero no pueden documentarse plenamente; diferenciar entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia (distinción clave que el informe no respeta). Reconocer que el silencio estratégico también es un dato analítico relevante.

Riesgo sistémico para la seguridad internacional y la estabilidad estratégica

La consecuencia más grave de estas omisiones es que el informe termina normalizando un entorno de competencia estratégica incompletamente descrito, lo cual genera varios riesgos, una falsa sensación de contención, al enfatizar que “solo capacidades no destructivas están siendo utilizadas actualmente”, el informe puede inducir a una falsa sensación de autocontrol estratégico, cuando en realidad existen capacidades destructivas plenamente desarrolladas pero mantenidas en ambigüedad estratégica, la escalada puede ser rápida y no lineal si se cruza un umbral percibido en conflicto; invisibilización del dilema de seguridad espacial, la falta de transparencia real entre potencias espaciales alimenta el dilema de seguridad, cada actor refuerza sus capacidades por desconfianza, mientras minimiza públicamente su alcance ofensivo. El informe describe este proceso, pero no lo confronta críticamente en el caso de los actores dominantes; impacto en actores no estatales y países en desarrollo, al no exponer con claridad las capacidades reales y los riesgos estructurales, el informe limita la capacidad de: Estados emergentes, organismos internacionales, además de operadores civiles y comerciales, para evaluar adecuadamente la vulnerabilidad sistémica del entorno espacial, del cual dependen los servicios críticos globales.

El informe reconoce que incluso las pruebas de capacidades contraespaciales pueden tener efectos negativos duraderos sobre el entorno orbital. Sin embargo, al no inferir con mayor claridad el alcance real de dichas capacidades, se limita la capacidad de terceros Estados, operadores civiles y organizaciones internacionales para evaluar el riesgo sistémico del actual equilibrio espacial.

Desde una perspectiva de derecho espacial y control de armamentos, esta limitación no es menor, compromete la transparencia, debilita la gobernanza global del espacio y dificulta la prevención de una carrera armamentista abierta en órbita. En un dominio donde el silencio y la opacidad son herramientas de poder, el análisis crítico no es una opción, sino una responsabilidad normativa. Desde el control de armamentos, esta falta de claridad es particularmente problemática, ya que la verificación y la confianza dependen de evaluaciones realistas, no solo de declaraciones oficiales.

Una de las conclusiones del informe es que, aunque existe una proliferación significativa de investigación y desarrollo en capacidades contraespaciales tanto destructivas como no destructivas, solo las capacidades no destructivas -especialmente la guerra electrónica- están siendo utilizadas activamente en conflictos militares actuales. Esto responde, en parte, al temor de que el uso de armas destructivas genere desechos espaciales con consecuencias graves y duraderas para todos los actores espaciales y la humanidad en general. El informe también destaca un aumento sostenido de la interferencia a sistemas GNSS (como GPS) en contextos de tensión y conflicto, lo que evidencia que el espacio es ya un componente habitual de la guerra contemporánea. Por su parte, la SWF advierte que incluso las pruebas de estas capacidades pueden tener efectos negativos de largo plazo sobre el entorno espacial y la seguridad global.

En suma, el Global Counterspace Capabilities Report 2026 es una contribución indispensable al debate público sobre seguridad espacial, pero no agota las exigencias analíticas que impone el entorno estratégico actual. La renuncia a explotar plenamente el potencial inferencial de las fuentes abiertas termina por reproducir la ambigüedad estratégica que caracteriza a la competencia entre potencias espaciales. En este escenario, el Global Counterspace Capabilities Report 2026 es un instrumento valioso, pero insuficiente para comprender el verdadero estado de la competencia espacial estratégica. Su principal debilidad no es la falta de datos, sino la renuncia a explotar plenamente el potencial analítico de las fuentes abiertas para transparentar -aunque sea de forma inferencial- las capacidades reales que ponen en riesgo la seguridad internacional y la sostenibilidad del espacio.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

El espacio ultraterrestre ha sido considerado, desde la firma del Tratado del Espacio Exterior (OST) de 1967, como patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas -a través de la nueva carrera espacial- se observa una transformación profunda en su gobernanza. La irrupción de empresas privadas en la exploración espacial y la intensificación de la competencia geopolítica han generado un escenario donde los límites entre fines civiles y militares se vuelven cada vez más difusos. La privatización y militarización del espacio exterior representan dos dinámicas paralelas que están redefiniendo la gobernanza espacial: por un lado, la creciente participación de empresas privadas en programas como el Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA; y por otro, la utilización del espacio como extensión de la rivalidad geopolítica entre las potencias espaciales como Estados Unidos  (EE. UU.) y China, además de la potencias emergentes, Europa (ESA), India, Japón, Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otras. Esta colaboración analiza la privatización del espacio y su militarización, tomando como referencia la influencia indirecta del CLPS de la NASA en el contexto de la nueva carrera espacial.

La privatización del espacio responde al paradigma NewSpace, caracterizado por la participación activa de las empresas privadas en actividades que antes eran monopolio de agencias estatales. El programa CLPS constituye un ejemplo paradigmático: la NASA contrata compañías como Intuitive Machines, Astrobotic y Firefly, entre otras, para transportar cargas útiles científicas a la Luna. Este modelo rompe con la tradición de que las agencias gubernamentales diseñen y operen directamente los módulos de aterrizaje, y en su lugar fomenta un vasto ecosistema comercial que acelera la innovación tecnológica con uso dual. La lógica detrás de este esquema es que la competencia privada reduce costos, dinamiza el desarrollo y permite que nuevas empresas ingresen al sector espacial con rapidez, demostrando que la innovación y comercialización no dependen exclusivamente de décadas de experiencia acumulada.El impacto de esta privatización es doble, por un lado, abre oportunidades inéditas para la ciencia y la economía, al democratizar el acceso a la órbita baja terrestre (LEO) y a la Luna. Por otro, plantea interrogantes sobre la apropiación de los recursos en el espacio ultraterrestre y la ausencia de un marco jurídico internacional efectivo que regule de manera clara la explotación privada (ver mi colaboración “La nueva carrera espacial y su impacto en la seguridad internacional y espacial”, marzo 28, 2025). El OST prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes, pero no contempla explícitamente la explotación comercial de recursos por parte de empresas privadas. Esta ambigüedad legal genera tensiones entre la visión de un espacio como patrimonio común y la realidad efectiva de una economía espacial emergente.

En paralelo, el espacio exterior -como lo he reiterado en esta columna- se ha convertido en una extensión de la rivalidad geopolítica terrestre. EE. UU., China y Rusia consideran el dominio espacial como estratégico para su seguridad nacional. Los satélites de comunicaciones, navegación y observación son activos críticos cuya vulnerabilidad frente a las armas antisatélite (ASAT) preocupa a las potencias, por los riesgos que genera para la seguridad internacional y espacial. La militarización del espacio se manifiesta en pruebas de destrucción de satélites (hasta ahora, cuatro países han realizado pruebas destructivas con ASAT desde la Tierra para destruir sus propios satélites en órbita: EE. UU. (1985/2008), la Unión Soviética/Rusia (años 60, 80 y 2021), China (2007) e India (2019); que han generado miles de fragmentos de basura espacial), en el desarrollo de tecnologías de interferencia y en la creación de comandos militares especializados (fuerzas) en operaciones espaciales. El espacio se ha convertido en un escenario crítico de competencia tecnológica y militar, donde la capacidad de proteger satélites (entre otros activos e infraestructura espacial) y mantener operaciones de GPS o comunicación es prioritaria para las potencias (EE. UU., China y Rusia, además de Francia, la India y otros miembros de la OTAN, que están incrementando su inversión en defensa espacial o fuerzas espaciales, centradas en operaciones militares en el espacio).

En este contexto y las misiones del programa Artemis, la Luna emerge como un terreno estratégico adicional. Aunque programas como el CLPS tienen fines científicos, las tecnologías desarrolladas invariablemente tienen aplicaciones de uso dual, como vigilancia, control de recursos o incluso despliegue de sistemas defensivos. Mas allá del régimen que establece el OST, la falta de regulación internacional específica y efectiva sobre el uso militar del espacio incrementa el riesgo de una nueva carrera armamentista, ahora en el espacio. Aunque el OST instituye que el espacio debe ser utilizado con fines pacíficos, no prohíbe de manera categórica el desarrollo de armas en órbita ni la militarización indirecta mediante tecnologías de uso dual. Esta laguna normativa abre la puerta a que las potencias interpreten el marco legal de manera flexible, justificando acciones que, aunque presentadas como civiles, tienen implicaciones militares. Por ello, he dedicado varias colaboraciones a analizar la importancia del futuro del derecho espacial.

Los riesgos derivados de estas dinámicas son múltiples, la proliferación de las mega constelaciones de satélites comerciales aumenta la congestión orbital y el riesgo de colisiones, incrementando cuantiosamente la basura espacial que amenaza la sostenibilidad de las operaciones en el espacio. La interconexión de satélites los hace vulnerables a ataques cibernéticos (ciberseguridad), con consecuencias potencialmente devastadoras para la seguridad internacional. Además, la ambigüedad legal sobre la explotación de los recursos en el espacio ultraterrestre (Luna, Marte y otros cuerpos celestes del espacio profundo), puede desencadenar disputas entre países y empresas, intensificando la competencia estratégica. El uso dual de la tecnología espacial, desarrollada inicialmente para fines comerciales, pero adaptable a aplicaciones militares, refuerza la inevitable percepción del espacio como un campo de batalla emergente.

Ante este panorama, la cooperación internacional a través de la labor de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UN COPUOS) aparece como un contrapeso necesario. La importante labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (LSC) de la COPUOS es fundamental para establecer normas de conducta y prevenir conflictos. Los programas espaciales colaborativos como la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS) y Artemis muestran -hasta cierto punto- que la cooperación puede coexistir con la competencia, ofreciendo ejemplos de gobernanza compartida. Sin embargo, la magnitud de los desafíos actuales exige un nuevo tratado internacional que regule la explotación de recursos, gestione el tráfico espacial y limite el uso de las armas en la órbita baja terrestre. La diplomacia espacial debe evolucionar para garantizar que el espacio siga siendo un ámbito de colaboración para el desarrollo y exploración, no de confrontación.

En suma, la privatización del espacio, ejemplificada por el programa CLPS, abre oportunidades inéditas para la ciencia y la economía espacial, pero también plantea riesgos de apropiación desigual y militarización. La nueva carrera espacial refleja tanto el ingenio tecnológico como la intensificación de la rivalidad geopolítica. En este escenario, la comunidad internacional enfrenta el reto de diseñar mecanismos de gobernanza que garanticen un uso pacífico, responsable, equitativo y sostenible del espacio ultraterrestre. Solo mediante la cooperación, regulación y visión de largo plazo será posible evitar que el espacio se convierta en un nuevo campo de batalla y asegurar que siga siendo patrimonio de toda la humanidad.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

Es pertinente destacar que los papers previos de la serie (véanse mis colaboraciones: “El futuro del derecho espacial basado en la experiencia del derecho aeronáutico”, oct. 31, 2025 y “El futuro del derecho espacial según el centro saudí para el futuro del espacio” ene. 23, 2026), analizaron los modelos comparados de gobernanza existentes -especialmente el de la aviación civil internacional OACI y las perspectivas de los marcos jurídicos del Tratado Antartico (ATS), CNDUM y la UIT- y que este tercer informe: El futuro del derecho espacial, la puesta en práctica de la gobernanza espacial / The Future of Space Law: Operationalizing Space Governance (Su publicación se anunció el 1° de enero, 2026), se enfoca en la implementación práctica. El propósito no es reformar el derecho espacial mediante nuevos tratados, sino desarrollar una arquitectura funcional que permita aplicar de manera consistente y previsible los principios existentes, preservando la soberanía estatal. Lo anterior, examinando minuciosamente el panorama cambiante del derecho espacial, analizando las lecciones aprendidas en otros ámbitos de la gobernanza global.

Por ello, considero necesario llevar a cabo un análisis crítico en profundidad del tercer paper, evaluando sus aportes conceptuales, fortalezas metodológicas, limitaciones normativas y políticas, así como sus desafíos estructurales, situándolo dentro del debate contemporáneo sobre la gobernanza del espacio ultraterrestre.

Aporte central y relevancia del documento
El principal mérito del informe radica en su enfoque pragmático frente a uno de los problemas más persistentes del derecho espacial, la brecha entre principios jurídicos abstractos y prácticas operativas concretas. A diferencia de propuestas que buscan reformar o reemplazar el Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST), este trabajo parte de una premisa jurídicamente realista: el OST no está obsoleto en sus principios, sino incompleto en su implementación. Lo cual reviste especial relevancia considerando el valor del derecho espacial vigente, codificado en el seno de las Naciones Unidas.

Desde esta perspectiva, el documento representa un aporte relevante al debate académico y político al desplazar el foco desde la creación de nuevas normas jurídicas hacia la arquitectura funcional de la gobernanza, entendida como el conjunto de mecanismos técnicos, procedimentales y organizativos que permiten que el derecho sea efectivamente aplicado en los actuales contextos complejos.

Fortalezas conceptuales
Una de las principales fortalezas del documento es su uso sistemático del derecho comparado funcional. En lugar de buscar analogías institucionales superficiales, el análisis identifica funciones recurrentes de gobernanza en distintos regímenes de bienes comunes globales -aviación, Antártida, océanos y telecomunicaciones- y las abstrae de su contexto específico. Esta metodología evita caer en el frecuente error de trasladar modelos institucionales completos sin atención a sus condiciones históricas y operativas.

Asimismo, el énfasis en la aviación civil internacional como modelo funcional, a pesar de sus diferencias en el ámbito de aplicación, resulta particularmente sólido. El paralelismo con el sistema Marco de normas y prácticas recomendadas (SARPs) multi nivel para el espacio / Multi-Tiered Standards and Recommended Practices (SARPs) Framework for Space -de la OACI- es convincente, tanto por la naturaleza transfronteriza de la actividad como por la coexistencia de soberanía estatal y operación privada. El informe demuestra adecuadamente que la armonización regulatoria global puede lograrse mediante normas técnicas voluntarias, siempre que estén respaldadas por incentivos claros y prácticas de supervisión nacional coherentes.

Valor añadido del marco SARPs multinivel
El marco SARPs multinivel constituye el corazón innovador del documento. Su división en tres niveles -fundamentos legales y económicos, normas técnicas y protocolos operativos- ofrece una claridad analítica poco común en la literatura sobre gobernanza espacial, que suele mezclar planos normativos, técnicos y políticos sin una delimitación funcional clara.

Desde un punto de vista crítico, la estructuración del informe permite visibilizar un problema central del derecho espacial contemporáneo, muchos debates se concentran en principios jurídicos (debido respeto, no apropiación, responsabilidad), mientras que los conflictos reales emergen en el plano técnico-operativo (conjunciones, interferencias, proximidad, uso simultáneo de superficies). El marco propuesto contribuye a cerrar esta brecha conceptual. No obstante, el carácter voluntario del marco plantea serias interrogantes sobre su capacidad real de producir convergencia global, especialmente en un entorno crecientemente competitivo y geopolíticamente fragmentado.

Limitaciones normativas del enfoque voluntario
Aunque el documento defiende con coherencia la conveniencia de evitar nuevas obligaciones vinculantes, esta elección constituye también su principal debilidad. El análisis subestima las asimetrías de poder (geopolíticamente hablando), capacidad técnica y prioridades estratégicas entre los Estados y actores privados. En particular, el tercer informe asume que los incentivos de mercado, la eficiencia operativa y la reducción de riesgos serán suficientes para motivar la adopción del marco SARPs. Esta suposición resulta loable para operadores comerciales maduros, pero menos convincente para:

– Estados con programas espaciales emergentes.
– Actores con objetivos predominantemente estratégicos o de seguridad.
– Operaciones estatales no comerciales sujetas a lógicas de confidencialidad.

La experiencia práctica comparada muestra que incluso en regímenes exitosos como la aviación o las telecomunicaciones, la adopción voluntaria ha sido reforzada gradualmente por mecanismos de verificación cuasi vinculantes, auditorías, reputación internacional y condicionalidades de acceso. El informe reconoce parcialmente esta limitación, pero no la aborda en toda su profundidad.

Ambigüedades respecto a la dimensión de la seguridad
Uno de los puntos más problemáticos del tercer y último informe es su tratamiento relativamente cauteloso -y en ocasiones ambiguo- de la dimensión de seguridad y defensa. Aunque se reconoce la naturaleza de uso dual de muchas tecnologías espaciales, el análisis evita confrontar plenamente la tensión entre transparencia operativa y consideraciones militares.

La propuesta del sistema SARPs funciona mejor en un entorno predominantemente civil y comercial. Sin embargo, el informe no ofrece respuestas claras sobre:
– La aplicabilidad del marco a operaciones militares.
– La compatibilidad entre estándares de transparencia y doctrinas de disuasión.
– El riesgo de fragmentación normativa entre sistemas civiles y de defensa.

Esta omisión es comprensible desde una óptica política, pero limita la capacidad del marco para constituirse como un verdadero sistema de gobernanza integral del dominio espacial.

La implementación: realismo institucional vs. optimismo gradualista
Las vías de implementación propuestas -nacional, regional, multilateral e industrial- representan uno de los aspectos más sólidos del documento, y el reconocimiento explícito de que la gobernanza evoluciona de manera gradual y multinivel es coherente con la práctica internacional contemporánea.

Sin embargo, el modelo de adopción por fases parece apoyarse en un optimismo institucional que no siempre corresponde con la realidad política de la UN COPUOS y otros foros multilaterales especializados (como la UIT, entre otros de carácter técnico y privado) alejados por rivalidades sistémicas. La suposición de que a través de grupos técnicos voluntarios se podrá avanzar de manera sostenida, puede verse erosionada por potenciales bloqueos políticos, especialmente en cuestiones relacionadas con acceso a los recursos lunares o la gestión de las mega constelaciones satelitales.

Contribución académica y política
Pese a sus limitaciones, el tercer informe del CSF realiza una contribución significativa al debate académico sobre derecho espacial, al redefinir la gobernanza como arquitectura funcional más que como diseño normativo. Esta aproximación ofrece una vía intermedia entre el inmovilismo jurídico (derivado de la crisis del multilateralismo) y el maximalismo regulatorio, especialmente valiosa en un entorno donde la renegociación de los tratados (derecho espacial vigente) parece políticamente inviable. Además, el lenguaje del documento resulta accesible tanto para juristas como para reguladores, académicos, ingenieros y actores industriales, lo cual amplía su impacto potencial como herramienta de referencia práctica.

A la luz de estas consideraciones, el futuro de la gobernanza espacial -según el CSF- dependerá de la capacidad de la comunidad internacional de convertir los principios jurídicos, construyendo una implementación coordinada de prácticas operativas concretas, más que mediante declaraciones normativas. Por lo que, el marco SARPs multinivel se presenta como una plataforma flexible y evolutiva, capaz de traducir los principios del OST en herramientas concretas que favorezcan la previsibilidad en el espacio exterior, la seguridad, la transparencia, la interoperabilidad y el crecimiento sostenible de la economía espacial, respetando al mismo tiempo la soberanía de los Estados, sin requerir nuevas obligaciones legales.

En suma, The Future of Space Law: Operationalizing Space Governance es un documento intelectualmente sólido, metodológicamente riguroso y políticamente prudente. Su principal virtud reside en ofrecer una hoja de ruta funcional y realista para mejorar la gobernanza espacial sin erosionar el marco jurídico existente. Su principal debilidad reside en la dependencia excesiva de la adopción voluntaria, especialmente frente a dinámicas de poder, seguridad y competencia estratégica que podrían limitar la eficacia del marco SARPs. Aun así, el documento no debe entenderse como una solución final, sino como una plataforma evolutiva que aporta estructura, lenguaje común y orientación jurídica práctica a un debate que, de otro modo, corre el riesgo de permanecer en el plano declarativo y de inacción.

El análisis desde una perspectiva latinoamericana
Desde una perspectiva latinoamericana y del Sur Global, el marco SARPs propuesto ofrece ventajas relevantes, pero también expone tensiones estructurales. Su énfasis en la adopción voluntaria, su modularidad y la preservación de la soberanía resulta, hasta cierto punto, atractivo para algunos Estados con capacidades espaciales emergentes, que históricamente han buscado evitar regímenes excesivamente restrictivos dominados por potencias espaciales tradicionales. El enfoque gradual permite a estos Estados incorporarse a prácticas de gobernanza sin asumir compromisos normativos que superen su capacidad técnica o institucional, lo que puede favorecer una inserción más equitativa (accesible) en la economía espacial global.

Sin embargo, el marco parte de supuestos que reflejan principalmente la realidad de las potencias espaciales, con infraestructuras regulatorias consolidadas y fuerte interacción con el sector privado. Para muchos países del Sur Global, la adopción efectiva de SARPs podría verse limitada por carencias en capacidades técnicas, acceso a datos de Space Situational Awareness (SSA) y recursos financieros. Existe además el riesgo de que estándares “voluntarios” terminen funcionando como umbrales de facto para el acceso a mercados, reproduciendo mayores asimetrías estructurales y desplazando el centro normativo hacia actores con mayor poder tecnológico y comercial. Desde esta perspectiva, el marco debería complementarse explícitamente con mecanismos de fortalecimiento de capacidades y cooperación técnica internacional, en línea con los principios de equidad, uso pacífico y beneficio común consagrados en el derecho espacial.

Comparación crítica con otras propuestas recientes de gobernanza espacial
En comparación con otras propuestas recientes de gobernanza espacial -como los Acuerdos Artemis, las Directrices de sostenibilidad a largo plazo de la actividad espacial de la COPUOS o iniciativas de gestión del tráfico espacial (STM) lideradas por coaliciones de Estados- el marco SARPs se distingue por su estricto tecnicismo, su neutralidad política y su apego al OST de 1967. A diferencia de los Acuerdos Artemis, que introducen conceptos jurídicamente controvertidos como las “zonas de seguridad”, el modelo SARPs evita reinterpretaciones sustantivas del principio de no apropiación y se concentra en la operacionalización práctica, mediante estándares técnicos y procedimientos coordinados. El informe propone que el marco SARPs -de varios niveles- plasme el OST en prácticas de gobernanza adaptables a una economía espacial en rápida expansión.

No obstante, frente a las propuestas normativamente ambiciosas, el marco SARPs puede parecer insuficiente y frágil para abordar conflictos estructurales emergentes, como la competencia por recursos lunares o la congestión orbital causada por las mega constelaciones. Mientras que algunas corrientes abogan por nuevos instrumentos jurídicos o por la expansión interpretativa del OST, el enfoque del marco SARPs privilegia la gestión del riesgo operativo y la coordinación técnica sobre la resolución de disputas distributivas de largo plazo. Esto refuerza su viabilidad política en el corto plazo, pero también limita su capacidad para responder a tensiones profundas que probablemente requerirán, eventualmente, desarrollos normativos más complejos y explícitos.

Los tres papers del CSF están articulados como una trilogía progresiva y coherente, en la que cada documento cumple una función específica dentro de una misma línea argumental sobre la evolución del derecho y la gobernanza espacial. El primero establece el punto de partida conceptual al examinar la relación entre el derecho aeronáutico y el derecho espacial, utilizando el sistema de la OACI como ejemplo de cómo principios jurídicos amplios pueden convertirse en un sistema operativo global mediante normas técnicas y prácticas recomendadas. Su función es demostrar que la eficacia del derecho internacional no depende necesariamente de nuevos tratados, sino de mecanismos de implementación funcionales. El segundo amplía este enfoque comparado al analizar otros regímenes de bienes comunes globales -como la Antártida, el derecho del mar y las telecomunicaciones- para identificar funciones de gobernanza recurrentes (transparencia, registros, estándares técnicos, supervisión, incentivos), abstraídas de sus contextos institucionales específicos.

Y el tercero se apoya directamente en esas dos bases analíticas y cumple una función de síntesis y aplicación: integra las lecciones del derecho comparado y las convierte en una propuesta concreta de operacionalización del Tratado del Espacio Ultraterrestre mediante un marco multinivel de SARPs. De esta forma, la relación entre los tres documentos no es simplemente temática, sino estructural y metodológica: el primero diagnostica un modelo exitoso, el segundo generaliza sus funciones en distintos regímenes, y el tercero ensambla esos elementos en una arquitectura práctica para la gobernanza espacial contemporánea. En conjunto, los tres aportes conforman un argumento continuo que va del análisis conceptual a la propuesta operativa, reforzando la coherencia y el impacto de la contribución del CSF al debate global.

En suma, los tres papers sobre el futuro del derecho espacial constituyen una contribución significativa y coherente al debate contemporáneo sobre la gobernanza espacial global, al ofrecer una lectura evolutiva y pragmática del marco jurídico existente. En conjunto, la serie avanza desde el diagnóstico comparado de otros regímenes de bienes comunes globales, pasando por la identificación de funciones recurrentes de gobernanza, hasta la propuesta de un modelo concreto para operacionalizar el OST mediante estándares técnicos y prácticas coordinadas. Su principal aporte reside en desplazar el debate desde la necesidad -políticamente improbable- de nuevos tratados hacia la implementación funcional del derecho vigente, integrando derecho, técnica y operación en una arquitectura multinivel adaptable. De este modo, los tres papers enriquecen el discurso académico y político al aportar un lenguaje común entre juristas, reguladores e industria, y posiciona a un actor emergente del Sur Global (Arabia Saudita) como generador de ideas estructuradas, innovadoras y relevantes para la gobernanza del espacio ultraterrestre en un contexto de creciente multipolaridad y comercialización.

En perspectiva, es importante no perder de vista que el desafío actual no es la falta de principios jurídicos, sino la ausencia de mecanismos prácticos para aplicarlos. Aunque el OST proporciona una base normativa sólida, carece de mecanismos operativos adecuados para gestionar tanto las misiones modernas como las mega constelaciones autónomas, operaciones de proximidad, actividad contra espacial, actividades lunares y servicios en órbita liderados por el sector privado. Por lo que, a partir de la experiencia de otros regímenes de bienes comunes globales, se busca mejorar la transparencia, la interoperabilidad y la seguridad sin crear nuevas obligaciones internacionales ni instituciones vinculantes como la anhelada Organización Internacional del Espacio.

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La misión Artemis II en antesala de lanzamiento, luego de los retrasos previos por problemas técnicos (fugas de helio e hidrógeno) y pruebas en el cohete SLS, se encuentra en preparativos en firme. La NASA trasladó el cohete de vuelta a la plataforma de lanzamiento 39B, el 20 de marzo de 2026, para preparación para la siguiente ventana de oportunidad principal de lanzamiento: Artemis II está programada del 1 al 6 de abril de 2026. Si bien, el intento principal es el 1 de abril de 2026, en caso de no poderse llevar a cabo el lanzamiento en estas fechas, hay otra oportunidad de respaldo disponible el 30 de abril de 2026. Como ha sido ampliamente difundido, Artemis II representa un hito en la reactivación de la exploración tripulada allende la órbita terrestre baja. Sin embargo, más allá de su dimensión tecnológica y simbólica, esta misión ha relegado a segundo plano un debate legal de alta complejidad que subyace bajo Artemis II, la ausencia de un régimen jurídico específico para el espacio cislunar y las implicaciones estratégicas que ello conlleva, particularmente en relación con su posible militarización.

El espacio cislunar, entendido como la región comprendida entre la órbita terrestre y la órbita lunar, incluyendo los puntos de Lagrange Tierra – Luna (cinco posiciones específicas donde la gravedad de ambos cuerpos y la fuerza centrípeta se equilibran, permitiendo a una nave espacial mantener su posición con mínimo combustible) y trayectorias de transferencia, se está consolidando como un entorno estratégico y operativo crítico. A diferencia de la órbita baja terrestre (LEO), ampliamente regulada por prácticas consolidadas, o la superficie lunar, contemplada en ciertos instrumentos internacionales, el espacio cislunar carece de una delimitación jurídica clara y de reglas específicas que ordenen su utilización, particularmente en el contexto de la nueva carrera espacial y el NewSpace.

El marco jurídico vigente del derecho espacial internacional se sustenta principalmente en el Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST) de 1967. Este instrumento (Carta Magna del Espacio), establece principios fundamentales como el uso pacífico del espacio, la no apropiación nacional y la libertad de exploración y utilización. Sin embargo, estos principios fueron concebidos en un contexto tecnológico y geopolítico distinto (la Guerra Fría), en el que el espacio cislunar no era un ámbito de operaciones sostenidas ni estratégicamente disputado.

Uno de los principales problemas radica en la indeterminación del concepto de “uso pacífico”. Si bien el Tratado prohíbe la colocación de armas nucleares y de destrucción masiva en órbita o en cuerpos celestes, no establece una prohibición general sobre la militarización del espacio. Esto ha permitido el desarrollo de capacidades militares de uso dual (civil/militar), tales como sistemas de vigilancia, comunicaciones estratégicas y navegación, que son plenamente compatibles con el derecho vigente. Por ello es que en el espacio cislunar, esta ambigüedad adquiere una dimensión realmente crítica.

La misión Artemis II, al transitar por trayectorias cislunares (rutas) y validar operaciones humanas en ese entorno, contribuye indirectamente a la consolidación de esta región como un nuevo dominio estratégico. La creciente presencia de infraestructuras espaciales -como estaciones en órbita lunar, plataformas logísticas o sistemas de comunicaciones- plantea interrogantes sobre su estatus jurídico, su protección y la regulación aplicable en caso de interferencia o conflicto.

En este contexto, los puntos de Lagrange emergen como nodos de alto valor estratégico, debido a que estas posiciones permiten la colocación de activos espaciales con ventajas significativas en términos de estabilidad orbital y cobertura que garantiza superioridad en el dominio espacial. Sin un régimen jurídico específico, surge la pregunta de si la ocupación prolongada de estos puntos podría derivar en formas de control de facto, tensionando el principio de no apropiación establecido en el derecho internacional. La potencial militarización del espacio cislunar no necesariamente implicaría la instalación de armamento ofensivo (incluidas las capacidades contraespaciales) en sentido clásico. Más bien, puede manifestarse a través de capacidades de control del entorno espacial, entiéndase, monitoreo de tráfico, interferencia de comunicaciones, ciber operaciones o incluso la negación de acceso a determinadas trayectorias. Este tipo de acciones, difíciles de categorizar bajo las normas actuales, pone de relieve la insuficiencia del derecho espacial vigente.

La relevancia de la jurisdicción

De acuerdo con el derecho espacial, los Estados mantienen jurisdicción y control sobre los objetos espaciales registrados. Sin embargo, en un entorno cislunar con múltiples actores y operaciones complejas, pueden surgir situaciones de proximidad o interacción entre vehículos de diferentes Estados. La ausencia de reglas multilaterales precisas sobre la gestión del tráfico espacial (STM) en la órbita terrestre y más allá de esta incrementa el riesgo potencial de incidentes y disputas en la región cislunar.

Asimismo, el régimen de responsabilidad internacional presenta desafíos específicos. El Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales establece un sistema de responsabilidad objetiva para daños en la superficie terrestre o a aeronaves, y de responsabilidad por culpa en el espacio. No obstante, la aplicación de estos principios en el espacio cislunar, donde la atribución de daños puede ser técnicamente compleja, plantea dificultades probatorias y operativas verdaderamente significativas.

Los riesgos del vacío normativo en el espacio cislunar

Desde una perspectiva estratégica, el vacío normativo en el espacio cislunar genera incentivos para la acción unilateral o la formación de bloques de cooperación restringidos (Artemis/ILRS). Iniciativas como los acuerdos multilaterales vinculados a programas de exploración pueden contribuir a establecer estándares operativos, pero también corren el riesgo de fragmentar el régimen jurídico internacional si no se articulan de manera inclusiva.

En este sentido, la relación entre Artemis II y la gobernanza del espacio cislunar es particularmente relevante. Aunque la misión no tiene un carácter militar, su desarrollo fortalece capacidades tecnológicas y operativas que pueden ser utilizadas en contextos de seguridad y defensa, sin un marco normativo adecuado a las actuales y futuras circunstancias. Esta dualidad refuerza la necesidad de establecer mecanismos normativos robustos que garanticen la transparencia, la confianza mutua y la prevención de conflictos.

Una posible vía de evolución jurídica puede consistir en el desarrollo de normas específicas de “gestión del tráfico espacial cislunar”, análogas a las que se están discutiendo para la órbita terrestre. Estas normas podrían incluir principios de notificación previa, coordinación de trayectorias, zonas de seguridad y protocolos de interacción entre vehículos. Asimismo, sería pertinente avanzar en la definición de estándares sobre el uso de infraestructuras críticas en el espacio profundo. Para pronta referencia véanse mis colaboraciones sobre el futuro del derecho espacial (octubre 31, 2025 y enero 23, 2026), con base en los informes técnicos del Centre for Space Futures (CSF) -de Arabia Saudita- que tiene como objetivo explorar el panorama cambiante del derecho espacial analizando las lecciones aprendidas en otros ámbitos de la gobernanza global (OACI, Tratado Antártico, CNDUM y UIT ), proponiendo un marco práctico para fortalecer la gobernanza espacial, sin la necesidad de crear nuevos tratados internacionales.

Por otra parte, resulta absolutamente necesario abordar explícitamente la dimensión de seguridad. La ausencia de una prohibición clara sobre actividades militares en el espacio cislunar no implica que estas deban desarrollarse sin restricciones. Para ello, es imprescindible la adopción de medidas de fomento de la confianza, tales como el intercambio de información o la transparencia en las capacidades, a fin de anticipar y contribuir a mitigar potenciales riesgos de escalada.

En suma, el desafío del régimen jurídico del espacio cislunar no es únicamente normativo, sino también político. La apremiante construcción de un marco regulatorio efectivo y comprehensivo requiere de la convergencia de intereses entre potencias espaciales establecidas, los actores emergentes y los países usuarios del desarrollo de la tecnología espacial. En este proceso, será fundamental evitar la reproducción de dinámicas excluyentes que profundicen las asimetrías existentes en el acceso y uso del espacio. Artemis II no solo marca el retorno de la humanidad al entorno lunar, sino que también exhibe las limitaciones del derecho espacial internacional frente a las nuevas realidades operativas; por lo que en aras de una gobernanza espacial responsable, pacífica, equitativa y sostenible, es momento de activar la diplomacia espacial como recurso útil para generar las normas necesarias (que extiendan, evolucionen y fortalezcan el actual marco regulatorio), acordes al desarrollo tecnológico y al nuevo contexto geopolítico, con capacidades de mantener el equilibrio en la exploración y la explotación espacial, a partir de la base del derecho espacial vigente. El espacio cislunar se perfila como un dominio estratégico clave, cuyo régimen jurídico requiere construirse de forma inaplazable y expedita. La interacción entre este vacío normativo y la potencial militarización del entorno plantea riesgos significativos, pero también abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de un marco regulatorio más robusto, coherente y de acuerdo con las exigencias del siglo XXI.

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El sector espacial de México se encuentra en una etapa decisiva, marcada por la necesidad de fortalecer sus capacidades tecnológicas, jurídicas e institucionales para responder a los retos del siglo XXI. La creciente relevancia de las actividades espaciales (estratégicas y transversales) a nivel global en ámbitos como la seguridad, la economía digital, la gestión ambiental y la innovación científica coloca al país frente a un escenario en el que la autonomía tecnológica y la cooperación internacional son factores clave. Este panorama abre el debate sobre la apremiante necesidad de consolidar una política espacial de Estado que articule a la academia, la industria y al gobierno (triple hélice), a fin de evitar mayores rezagos del sector y marginación del país en la comunidad espacial global.

El desarrollo del sector espacial en México representa una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía tecnológica y ampliar la presencia del país como un actor relevante en el ámbito internacional. Aunque históricamente la participación mexicana en actividades espaciales ha estado marcada por la dependencia de infraestructura y servicios externos, en los últimos años en la comunidad espacial nacional (academia y sociedad civil organizada en el ámbito espacial, principalmente) se ha consolidado un interés creciente por articular políticas públicas, marcos legales y proyectos que permitan un avance sostenido. En ese contexto, como en múltiples colaboraciones previas, he reiterado que es urgente e inaplazable robustecer a la frágil Agencia Espacial Mexicana (AEM) para que, en conjunto con las universidades y centros de investigación, se impulsen iniciativas para integrar ciencia, industria y gobierno en torno a objetivos comunes; desde la observación de la Tierra para la gestión ambiental, hasta el uso de satélites para telecomunicaciones y la seguridad nacional. La coyuntura actual coloca a México en la imperativa disyuntiva de acelerar su capacidad de innovación y reducir las brechas frente a las potencias espaciales, al tiempo de aprovechar la cooperación internacional como palanca complementaria de desarrollo.

Haciendo uso del análisis prospectivo, el escenario actual revela que el futuro del sector espacial mexicano dependerá de la capacidad de articular los siguientes seis ejes estratégicos:

Los ejes estratégicos para el sector espacial de México

1. Autonomía tecnológica, es fundamental el desarrollo de infraestructura nacional en satélites, lanzadores y sistemas de observación, así como el impulso a la innovación local (el Sistema Nacional de Innovación Espacial) con miras a la reducción de la dependencia del extranjero y garantizar la continuidad de proyectos nacionales.
2. Marco jurídico e institucional actualizado, comprende la legislación espacial (aprobación de la Reforma constitucional en materia espacial y la consecuente Ley Nacional de Desarrollo Espacial) que permitirá regular las actividades espaciales acorde con estándares internacionales y el fortalecimiento de las instituciones nacionales para coordinar políticas y proyectos, protegiendo los intereses nacionales
3. Formación de talento especializado y la vinculación con la industria, son indispensables para crear una masa crítica de profesionales capaces de sostener el crecimiento del sector, generar y ampliar programas educativos especializados en ingeniería espacial, derecho espacial y gestión de proyectos en estrecha vinculación con universidades, centros de investigación y la industria.
4. Aplicaciones sociales y económicas, el uso de tecnología espacial (de manera transversal) para gestión ambiental, seguridad, telecomunicaciones, agricultura y pesca de precisión, asegurando la generación de beneficios tangibles para la población mexicana.
5. El fomento a la innovación y emprendimiento (Sistema Nacional de Innovación Espacial), abrirá espacio para los incentivos para startups y empresas emergentes en el sector espacial, que dinamicen el ecosistema espacial mexicano, integrando a la ciencia, industria y gobierno.
6. Cooperación internacional, debe orientarse hacia alianzas estratégicas con países, agencias espaciales y organismos internacionales especializados que aporten transferencia de conocimiento y tecnología, además de la activa participación en los foros multilaterales (UIT, COPUOS, ALCE, CRECTEALC, CEA) para posicionar a México como un actor relevante en la comunidad espacial global.

Partiendo del contexto anterior, el escenario prospectivo se desarrolla a partir de la consolidación del Programa Espacial Mexicano (PEM), de la AEM, con visión de largo plazo (política espacial de Estado) para generar capacidades nacionales tendientes al desarrollo del sector espacial. La AEM sectorizada en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), confirma que el sector espacial deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en la infraestructura invisible que debe sostener el desarrollo tecnológico y la modernidad de México.

El sector espacial global está viviendo una transformación acelerada hacia un modelo más comercial, colaborativo y tecnológico. A continuación, se presentan tres tendencias actuales en el ámbito global, regional (Latinoamérica) y nacional (México), basadas en perspectivas para 2025-2026. El sector espacial en México enfrenta un momento de reestructuración y retos presupuestales importantes para 2026, lo que obliga a la búsqueda de eficiencia y alianzas estratégicas. Las tres tendencias actuales identificadas (tecnológicas, económicas) que impactan o puedan impactar favorablemente el escenario en cuestión o bien podrían generar mayores desafíos o incertidumbres a futuro.

1. Tendencias globales (tecnológicas y de mercado)

-Comercialización de la órbita baja terrestre (LEO) y economía espacial: El espacio se está convirtiendo en una extensión de la economía terrestre. La reutilización de cohetes (Starship, Falcon 9) se ha normalizado, convirtiendo el acceso al espacio en una operación industrial creciente.

-Regreso a la Luna y minería espacial: Las misiones del Programa Artemis (NASA) y el aumento de aterrizadores comerciales (Blue Ghost, Griffin, etc.) buscan la exploración de recursos y la sostenibilidad de la presencia humana, marcando el inicio de una economía lunar.

1. Tendencias en América Latina (regional)

-Auge de satélites pequeños (nano/microsatélites): Los países latinoamericanos se enfocan en la manufactura y lanzamiento de satélites pequeños para observación de la Tierra y comunicaciones.

iii. Tendencias en México (nacional)

-Especialización académica en nanosatélites y misiones lunares: México, a través de la UNAM, IPN y UPAEP, entre otras universidades, está incursionando en la exploración lunar con pequeños robots (Proyecto Colmena) y la creación de la constelación AztechSat para monitoreo marino.

A partir del concepto de futuros deseables / futures studies (fundamental en el campo de la prospectiva estratégica, que no se atribuye a una sola persona, es un enfoque metodológico consolidado por varios autores -Michel Godet, Eleonora Masini, Javier Medina Vásquez y la Fundación Javier Barros Sierra de México- a lo largo de la segunda mitad del siglo XX), se construye el siguiente escenario “México genera infraestructura para su desarrollo espacial (2041-2051)” que describe cómo debería ser el sector espacial nacional en un horizonte de 15 a 25 años, iniciando en 2026. En el horizonte de 15 años, México lanza satélites y opera una arquitectura espacial definida por software, ha consolidado un ecosistema espacial nacional que no solo consume tecnología, sino que la exporta. La integración de la AEM en la ATDT -restructurada con objetivos sustantivos, más allá de los técnicos- permitió que el espacio se financiara como un activo estratégico – transversal de infraestructura crítica.

-Capacidades nacionales desarrolladas: México opera la constelación AztechSat-NG, una red de 12 nanosatélites LEO de producción nacional que gestiona en tiempo real la soberanía de los mares, la agricultura y pesca de precisión y la respuesta a desastres. La micro robótica (heredera de Colmena) es ahora un estándar internacional para la exploración lunar y en Marte.

-El hub regional: La Ciudad de México y Querétaro albergan el centro de datos más importante de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), procesando telemetría para toda la región. El talento joven ya no emigra; trabaja en las Space-Tech (startups) mexicanas que proveen componentes para la creciente economía lunar del NASA Artemis Program.

-Gobernanza digital-espacial: El gobierno mexicano del futuro opera bajo un modelo de Estado como plataforma, donde el acceso a internet satelital en zonas rurales es un derecho humano garantizado por activos propios y alianzas estratégicas con empresas de lanzamientos reutilizables. En este futuro, el sector espacial es el motor de la AEM – ATDT, funcionando como un sistema nervioso central para el país.

-Infraestructura soberana: México está iniciando el desarrollo de su propia generación de lanzadores de baja capacidad para microsatélites, operando desde puertos espaciales estratégicos en territorio nacional (Matamoros, Baja California y Querétaro para turismo espacial), compartiendo capacidades con Brasil y Argentina. Las estaciones terrenas están distribuidas de tal forma que ofrecen cobertura redundante para toda Centroamérica y el Caribe, posicionando a México como el nodo principal de la ALCE.

-Marco legal y orgánico: La Ley Nacional de Desarrollo Espacial (LNDE) ha eliminado las barreras burocráticas, permitiendo que el Sistema Nacional de Innovación Espacial vincule a las universidades con las startups que exportan software de guiado y componentes de hardware a misiones de la NASA y la ESA, además de promover intensivamente la inversión nacional y extranjera, a través de la robusta red de Embajadas y Consulados de México en el exterior.

-Liderazgo regional: México es el integrador tecnológico de Latinoamérica. Cuando un país de la región necesita una misión satelital, recurre al ecosistema mexicano porque ofrece la solución completa: desde el diseño del hardware hasta el procesamiento de datos con IA.

El impulso a la tecnología de “uso dual” (civil y militar), bajo la regulación internacional existente, es lo que define a las potencias espaciales modernas, no basta con tener la infraestructura espacial (hardware), si no se tiene la inteligencia y la conectividad a bordo (software) para que la misión sea útil y segura. Para que México consolide una estrategia y un ecosistema integral bajo esta visión híbrida del desarrollo espacial nacional, la prospectiva nos dicta que se requieren tomar decisiones hoy, aprovechando la activa participación de las fuerzas armadas (Defensa y Marina).

Para que este escenario sea factible, se proponen las siguientes tres acciones concretas y realistas que deben implementarse en el presente -sin demora- para comenzar a construir ese futuro cimentando y robusteciendo el PEM.

1. 1. Institucionalización del PEM y la Ley Nacional de Desarrollo Espacial (LNDE). Es urgente formalizar el PEM no como un plan de gobierno, sino como una política de Estado con presupuesto multianual blindado y suficiente, etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Acción: Aprobar la Reforma constitucional en materia espacial, redactar y promover la Ley Nacional de Desarrollo Espacial que defina incentivos fiscales para empresas que fabriquen hardware en México y que establezca el marco jurídico para la operación de lanzaderas y la gestión de tráfico espacial.

2. Creación del Sistema Nacional de Innovación Espacial (SNIE). Establecer centros de investigación especializados que funcionen como laboratorios compartidos (Open Labs) donde la academia y la industria privada colaboren en el Ensamblaje, Integración y Pruebas / Assembly, Integration and Testing (AIT), de satélites y cohetes, la fase crítica de producción donde los componentes (subsistemas) de un satélite o cohete se unen y se someten a pruebas rigurosas; además aseguran el correcto funcionamiento, rendimiento y compatibilidad del satélite. El SNIE genera el Hub de integración satelital, de cohetería/sistemas de propulsión y vehículos de lanzamiento, así como plataformas de lanzamiento o puertos espaciales.

Acción: Implementar el Sistema Nacional de Innovación Espacial, financiando proyectos de “ida y vuelta”, software mexicano para satélites internacionales y hardware nacional para constelaciones regionales.

3. Diplomacia espacial activa y formación de capital humano especializado. Utilizar la posición de México en la ALCE para estandarizar procesos. Si México lidera en la formación de especialistas (vía programas de posgrado enfocados en el PEM), el resto de la región adoptará la tecnología mexicana por defecto en la ALCE.

Acción: Lanzar un programa masivo de formación de talento humano, becas y estancias profesionales en colaboración con la AEM – ATDT para especializar a por lo menos 5,000 profesionales en hardware aeroespacial, ciberseguridad y derecho espacial en los próximos 5 años.

México debe desarrollar capacidades en ambas vertientes (articular los seis ejes estratégicos y ejecutar las tres acciones concretas) para consolidar un sector espacial robusto en el mediano y largo plazo, a través del PEM con visión de largo plazo, el SNIE, la Reforma constitucional en materia espacial -que genere la Ley Nacional de Desarrollo Espacial-, forjar capacidades nacionales en infraestructura espacial (satélites, cohetes y lanzaderas, estaciones terrenas, centros de investigación y formación de talento humano especializado), que articule el sector y construya el ecosistema espacial, apoyándose en la cooperación internacional; proyectando al país como líder regional -a través de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE)- y lo posicione en la comunidad espacial global. Para materializar este equilibrio en los siguientes productos, derivados del escenario prospectivo, las tres acciones anteriores deben ser los pilares del PEM.

1. Ventanilla Única Espacial. Bajo la sombrilla de la ATDT, crear un proceso digital simplificado para permisos de lanzamiento, uso de espectro y certificación de hardware espacial hecho en México. Impacto. Impulsa y promueve la creación de startups en el naciente ecosistema espacial nacional.
2. Regulación de puertos espaciales y lanzamientos. Establecer en la Ley Nacional de Desarrollo Espacial las reglas del juego para que empresas privadas y la AEM puedan operar infraestructura de lanzamiento en territorio nacional. Impacto. Posiciona a México como el sitio más competitivo de la región por su ubicación geográfica.
3. Crear el Sandboxing (técnica de ciberseguridad en un entorno controlado) de regulación espacial dentro de la ATDT. Aprovechando la naturaleza digital de la nueva agencia, se debe implementar un marco legal ágil (basado en el Tratado del Espacio Exterior) que facilite las pruebas de comunicaciones satelitales y servicios de datos. Impacto. Atraer inversión extranjera de empresas de LEO que busquen a México como base de operaciones y desarrollo de software de vuelo, reduciendo la incertidumbre jurídica.
4. Programa de compra pública de innovación (misiones bandera). En lugar de subvenciones directas, el Estado debe actuar como cliente ancla. La AEM/ATDT debe licitar servicios de monitoreo ambiental o conectividad que obliguen a consorcios nacionales (academia e industria) a desarrollar prototipos funcionales de nanosatélites. Impacto. Garantiza un mercado inicial para el ecosistema nacional, permitiendo que las PYMES espaciales mexicanas alcancen la madurez tecnológica necesaria para competir globalmente.
5. Integración curricular STEM con enfoque en Space-Data. Dado que el sector es transversal, la formación no debe ser solo para ingenieros aeroespaciales. Se requiere una acción inmediata para integrar análisis de datos satelitales y derecho espacial en las carreras de computación y leyes. Impacto. Crea la masa crítica de profesionales que operarán la infraestructura soberana en 2031. No solo necesitamos lanzar satélites; necesitamos saber qué hacer con los terabytes de información que generan.
6. Creación de un “Security Operations Center” (SOC) espacial. Dado que la ATDT tiene un fuerte componente de telecomunicaciones, es vital crear una unidad de ciberseguridad orbital. Acción. Establecer protocolos de cifrado nacional para el flujo de datos entre las estaciones terrenas y los satélites. Esto asegura que, aunque el hardware sea comercial o compartido (como en la ALCE), el software y la información sean estrictamente soberanos y protegidos.

Considerando que el sector espacial en México enfrenta un momento de reestructuración y retos presupuestales importantes para 2026, el escenario coyuntural obliga a la búsqueda de eficiencia y alianzas estratégicas. Sin la reforma a los artículos 28 y 73, la Ley Nacional de Desarrollo Espacial carece del sustento constitucional necesario para que el Congreso pueda legislar en la materia y para que el Estado pueda ejercer su rectoría de forma plena. Sin la Ley Nacional de Desarrollo Espacial y la institucionalización del PEM, cualquier avance tecnológico (infraestructura: hardware/satélites o desarrollo de sistemas críticos, análisis de datos y ciberseguridad espacial: software) corre el riesgo de quedarse como un esfuerzo aislado o un proyecto de una sola administración; el marco legal sólido es el piso sobre el que se construye toda la infraestructura y la confianza de los inversionistas. Si no existen una Ley Nacional de Desarrollo Espacial y un Programa Espacial Mexicano con visión de Estado (que trascienda administraciones), las inversiones en infraestructura se quedan en prototipos de laboratorio y el desarrollo de sistemas no encuentra un mercado regulado donde operar de forma soberana.

La reforma constitucional en materia espacial en México (aprobada por la Cámara de Diputados en 2023) modifica los artículos 28 (establece que las actividades en el espacio ultraterrestre son un área prioritaria para el desarrollo nacional) y 73 (faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de actividades en el espacio exterior), de la Constitución Política para establecer las actividades espaciales, incluyendo la Luna y cuerpos celestes, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional; y busca impulsar la inversión y soberanía tecnológica.  Los objetivos clave de la reforma son:

-Desarrollo nacional: Considerar las actividades espaciales como estratégicas.

-Impulso económico: Fomentar la inversión pública y privada en la industria espacial.

-Marco legal: Sentar las bases para la creación de la Ley Nacional de Actividades Espaciales.

-Talento mexicano: Potenciar la investigación y desarrollo tecnológico nacional.

El cuello de botella en el Senado es el verdadero desafío de 2026. Si se logra destrabar la Reforma constitucional en materia espacial, se activa un efecto dominó positivo que dará la certeza jurídica que hoy le falta a los inversionistas nacionales y extranjeros. A continuación, presento tres acciones realistas que pueden empujar esa visión desde un ámbito estratégico, la Fundación Acercándote al Universo (FAU):

1. Narrativa de Seguridad y transformación digital. Vincular la Reforma constitucional en materia espacial no como un tema de exploración, sino como una pieza clave de la ATDT a través de la AEM. Si el Senado entiende que sin espacio no hay conectividad universal ni gobierno digital eficiente, la reforma deja de ser lejana para volverse urgente.
2. Mesas de Diálogo de la ALCE como catalizador. Aprovechar la posición de México en la agencia regional para mostrar al Senado que el retraso legislativo interno frena el liderazgo de México en Latinoamérica. El costo de oportunidad de no aprobar la reforma es ceder el liderazgo regional a otros países que ya tienen marcos legales modernos.
3. Libro Blanco de Certeza Jurídica. Generar un documento técnico-estratégico que demuestre cuántos proyectos de infraestructura espacial (específicamente en infraestructura espacial y estaciones terrenas) están en pausa esperando la aprobación de la Ley Nacional de Desarrollo Espacial. Ponerle números al retraso generado por la inacción suele ser el lenguaje que más entiende el Congreso.

Lograr el consenso político en el Congreso sobre la soberanía tecnológica frente a actores internacionales permitiría el desbloqueo legislativo de la Reforma constitucional en materia espacial, así como la aprobación de la Ley Nacional de Desarrollo Espacial, además de conseguir la asignación presupuestal necesaria en el PEF para el PEM de la AEM. La Ley dará certeza jurídica para que la industria privada (nacional y extranjera) se atreva a invertir en infraestructura espacial nacional, para el desarrollo del sector y del ecosistema espacial nacional. Al elevar el sector a rango constitucional y contar con la Ley, las empresas de infraestructura (lanzadores y satélites) percibirán a México no como un mercado temporal, sino como un destino de inversión a 20 o 30 años, similar a lo que ocurrió con el sector de telecomunicaciones en su momento.

El objetivo es que la Ley Nacional de Desarrollo Espacial actúe como la Constitución del sector, dándole certidumbre a todos los actores concernidos (multi stakeholders).

-Definición de “Sector Estratégico”: La Ley debe elevar el estatus de las actividades espaciales al mismo nivel que el sector energético o de telecomunicaciones. La AEM al ser ahora parte de la ATDT, esto facilita que el espacio sea visto como una herramienta de seguridad nacional y eficiencia gubernamental.

-Incentivos a la inversión: Establecer reglas claras para que las empresas que decidan fabricar componentes o desarrollar software en México tengan beneficios fiscales. Esto es vital para que el Sistema Nacional de Innovación Espacial no dependa solo de fondos públicos.

-Articulación con la ALCE: La ley debe contemplar mecanismos de reciprocidad para que México pueda liderar proyectos regionales -a través de la AEM- sin trabas burocráticas, permitiendo que la infraestructura nacional sea compartida y monetizada con otros países miembros.

Acciones mínimas inmediatas para este año:

1. Mesa de redacción multi actor (provenientes de la triple hélice): Convocar a expertos en derecho espacial (donde la FAU tiene gran experiencia), representantes de la industria privada (como los que asisten a FAMEX) y académicos para asegurar que la ley sea técnica y comercialmente viable.
2. Presupuesto transexenal: Establecer en el PEM que los proyectos de infraestructura (lanzaderas, estaciones terrenas) tengan asignaciones presupuestales que no se puedan cancelar de un año a otro, garantizando la continuidad de las misiones.

Lo que planteo no es solo una estrategia técnica, sino un proyecto de Estado. La visión de un equilibrio total entre infraestructura espacial y sus aplicaciones, respaldada por una estructura legal y orgánica, es el único camino para que México pase de ser un espectador a un actor soberano en la emergente economía espacial.

Consideraciones finales

México se encuentra en un punto de inflexión, desde el cual puede optar por mantener un papel pasivo (marginándose) en el escenario espacial global o asumir el reto de construir un sector sólido, autónomo y competitivo. La clave está en transformar los desafíos actuales (limitaciones de recursos, dependencia tecnológica y marcos institucionales incipientes) en oportunidades estratégicas que impulsen el desarrollo nacional. Si logra consolidar una visión de largo plazo, el país no solo fortalecerá su soberanía, sino que también puede posicionarse como líder regional en materia espacial. El escenario prospectivo, por tanto, no es únicamente una proyección de posibilidades, sino una invitación / llamado a la acción, es decir, invertir en ciencia, tecnología y talento para que el espacio se convierta en habilitador de soluciones a los grandes desafíos nacionales, así como en motor de desarrollo y bienestar para México.

El futuro del sector espacial mexicano dependerá -sin duda- de la capacidad gubernamental en la triple hélice de articular una visión de largo plazo que reduzca la dependencia tecnológica externa y fomente la formación de talento especializado. La construcción de los marcos legales sólidos necesarios, el impulso a la investigación aplicada y la creación de infraestructura nacional son elementos indispensables para garantizar un desarrollo sostenible. Asimismo, la cooperación internacional debe orientarse hacia alianzas que fortalezcan la soberanía y generen beneficios tangibles para la sociedad. En este escenario prospectivo, México tiene la oportunidad de transformar sus desafíos en ventajas estratégicas, consolidando un sector espacial que contribuya tanto al desarrollo nacional como a su liderazgo en la región.

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