La nueva economía espacial global del NewSpace está transformando la forma en que los países participan en las actividades espaciales mediante modelos basados en innovación, emprendimiento, sustentabilidad y creación de valor. En este contexto, México posee una oportunidad histórica para construir un modelo de desarrollo espacial diferenciado que combine los principios de la economía circular y la economía naranja. La reciente Ley General de Economía Circular de México (Enero, 2026) establece un marco normativo orientado a extender la vida útil de productos, minimizar residuos, promover la responsabilidad extendida del productor y fortalecer cadenas de valor sostenibles. Paralelamente, la economía naranja, definida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el conjunto de actividades que transforman creatividad, conocimiento y propiedad intelectual en bienes y servicios de valor económico, ofrece mecanismos para generar industrias espaciales de alto valor agregado.

La convergencia de ambos enfoques permite plantear un nuevo paradigma para el desarrollo del sector espacial nacional, donde la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental, la creatividad cultural y la competitividad internacional se convierten en factores complementarios para fortalecer la cadena de valor espacial nacional. Este artículo, que complementa la colaboración de la semana anterior, analiza cómo dicha integración puede aplicarse al ecosistema espacial mexicano durante el periodo 2026–2035 mediante una hoja de ruta.

La economía espacial mundial atraviesa un proceso de expansión acelerada impulsado por la democratización de acceso al espacio, principalmente debido a la reducción de costos de lanzamiento, la miniaturización de satélites, el crecimiento de los servicios basados en datos espaciales y la creciente participación del sector privado. Esta tendencia, conocida como NewSpace, ha modificado profundamente la estructura tradicional de la actividad espacial, permitiendo que economías emergentes participen en segmentos especializados de la cadena de valor global.

México cuenta con capacidades relevantes en manufactura aeroespacial, ingeniería, telecomunicaciones, análisis geoespacial, desarrollo de software y formación de capital humano. Asimismo, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) identifica entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento del desarrollo industrial, comercial y competitivo del sector espacial nacional.

Sin embargo, para competir en la nueva carrera espacial no basta con reproducir modelos tradicionales basados exclusivamente en infraestructura y financiamiento. México requiere construir ventajas competitivas propias que permitan diferenciar su oferta tecnológica y generar nuevas fuentes de demanda interna y externa. En este sentido, la integración de la economía circular y la economía naranja puede constituir una estrategia de desarrollo innovadora y sostenible.

Economía circular y sector espacial

La Ley General de Economía Circular publicada en México establece principios orientados a incrementar la vida útil de productos, minimizar residuos, fomentar la reutilización de materiales y promover la responsabilidad extendida del productor a lo largo del ciclo de vida de los bienes y servicios. Aplicados al sector espacial, estos principios implican repensar toda la cadena de valor, desde el diseño de componentes hasta la operación de infraestructura terrestre y espacial. Los satélites, sensores, estaciones terrenas, sistemas de telecomunicaciones y equipos electrónicos podrían diseñarse bajo criterios de modularidad, reparabilidad, reutilización y reciclabilidad.

La economía circular también puede fortalecer la proveeduría nacional al estimular mercados secundarios para materiales avanzados, componentes electrónicos recuperados y procesos de manufactura sostenible. Esto permitiría reducir costos de producción, disminuir la dependencia externa y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro.

Desde la perspectiva de la economía espacial internacional, la cadena de valor comprende actividades upstream (investigación, desarrollo, manufactura y lanzamiento), midstream (operación de sistemas espaciales y terrestres) y downstream (servicios y aplicaciones basadas en datos espaciales). La circularidad puede incorporarse en cada uno de estos niveles, generando eficiencias productivas y ventajas competitivas sostenibles.

Economía naranja y desarrollo espacial

La economía naranja aporta una dimensión complementaria basada en creatividad, conocimiento, propiedad intelectual y producción de contenidos. Según el BID, las industrias creativas incluyen software, servicios digitales, diseño, medios audiovisuales, producción cultural y nuevas tecnologías de innovación. En el sector espacial mexicano, la economía naranja puede materializarse mediante la generación de servicios y productos derivados de las capacidades espaciales. Entre ellos destacan plataformas geoespaciales, aplicaciones digitales, visualización de datos satelitales, producción audiovisual sobre ciencia y espacio, turismo científico, videojuegos educativos, realidad virtual, robótica educativa y contenidos de divulgación.

La importancia estratégica de este enfoque radica en que el valor económico del sector espacial ya no se concentra únicamente en la fabricación de satélites o sistemas orbitales, sino en la explotación inteligente del conocimiento generado por dichas infraestructuras. Actualmente, gran parte del valor agregado de la economía espacial global se encuentra en los servicios downstream y en las aplicaciones derivadas de los datos espaciales. Por ello, la creatividad mexicana puede convertirse en un activo estratégico para desarrollar propiedad intelectual exportable y construir una identidad propia dentro del ecosistema NewSpace internacional.

Aplicación al ecosistema espacial mexicano

El ecosistema espacial nacional está integrado por instituciones gubernamentales, universidades, centros de investigación, empresas aeroespaciales, startups tecnológicas, integradores de sistemas, industrias manufactureras y usuarios finales de servicios espaciales. La combinación de economía circular y economía naranja permite articular estos actores mediante una lógica de innovación sistémica a través de un Sistema Nacional de Innovación Espacial (SNIE). Las universidades pueden generar conocimiento interdisciplinario; los centros de investigación desarrollar tecnologías sostenibles; las empresas implementar procesos circulares; las industrias creativas transformar datos espaciales en productos comercializables; y el gobierno establecer incentivos regulatorios, fiscales y financieros.

Los clústeres aeroespaciales de Querétaro, Baja California, Chihuahua y Metropolitano podrían evolucionar -a través del SNIE- hacia ecosistemas de innovación espacial circular-creativa donde converjan manufactura avanzada, inteligencia artificial, diseño digital, economía creativa y sostenibilidad ambiental. Esta convergencia favorecería la creación de nuevas empresas tecnológicas y el fortalecimiento de cadenas de proveeduría nacionales.

Generación de mercados y oferta exportable

Uno de los principales desafíos del sector espacial mexicano consiste en construir una demanda suficientemente robusta para sostener capacidades industriales nacionales. La integración de los modelos circular y naranja permite atender simultáneamente la demanda interna y externa. En el mercado interno, los servicios satelitales pueden contribuir a resolver problemas nacionales relacionados con agricultura y pesca de precisión, monitoreo ambiental, gestión hídrica, protección civil, seguridad, infraestructura crítica y conectividad digital. Estas aplicaciones incrementan la productividad de múltiples sectores económicos y justifican nuevas inversiones espaciales.

Por otra parte, la oferta exportable puede construirse sobre servicios de observación terrestre (EO), análisis geoespacial, software espacial, soluciones de inteligencia artificial, contenidos educativos, productos audiovisuales y plataformas digitales basadas en datos satelitales. La combinación de sostenibilidad y creatividad generaría una propuesta de valor diferenciada para América Latina y otros mercados emergentes. Asimismo, la creciente relevancia de criterios ESG (Environmental, Social and Governance) en los mercados internacionales favorece a empresas capaces de demostrar procesos productivos circulares y sostenibles, fortaleciendo así la competitividad internacional del sector espacial mexicano.

Hoja de ruta estratégica espacial de México 2026–2035

La primera etapa (2026–2028), fundamentos y regulación, debe enfocarse en la implementación de la Ley General de Economía Circular aplicada al sector espacial en consonancia con el Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026-2030 (gestión de residuos tecnológicos, energías limpias en estaciones terrestres); la creación de clústeres especializados (polos de innovación aeroespacial en Querétaro, CDMX, Chihuahua y Baja California); el impulso a programas educativos interdisciplinarios y el desarrollo de proyectos piloto que incorporen componentes reutilizables y estrategias de apropiación social del espacio (misiones satelitales con componentes reciclables y campañas culturales de apropiación social del espacio).

La segunda etapa (2029–2031), expansión y oferta exportable, debe orientarse hacia la consolidación de mercados internos de servicios satelitales para agricultura, transporte y seguridad nacional; la construcción de una oferta exportable regional basada en aplicaciones geoespaciales, comercialización de servicios de observación terrestre (EO), telecomunicaciones y contenidos digitales en América Latina; el fortalecimiento de industrias creativas espaciales, producción audiovisual, turismo científico y contenidos digitales que vinculen cultura y espacio; y posicionar a México como referente regional en sostenibilidad espacial y cooperación cultural (diplomacia espacial y científica).

Finalmente, la tercera etapa (2032–2035) debe buscar la integración plena de la manufactura circular, tecnologías reutilizables, transferencia tecnológica y mercados globales de contenidos espaciales, con el objetivo de posicionar a México como referente latinoamericano en sostenibilidad espacial e innovación creativa, a partir de:

-Competitividad sostenible: integración de lanzadores reutilizables y manufactura circular en la cadena de valor espacial.-Mercados creativos globales: exportación de contenidos culturales y educativos sobre espacio, fortaleciendo la economía naranja.-Innovación tecnológica: desarrollo de software, sensores y robótica derivados de la transferencia tecnológica espacial.-ODS integrados: contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mediante proyectos espaciales circulares y creativos.

Impacto estratégico

El impacto estratégico de la implementación de esta hoja de ruta que integra las economías circular y naranja se reflejaría en los siguientes ejes clave:

Demanda interna: servicios satelitales y proyectos culturales que fortalecen la resiliencia y cohesión social de los mercados sostenibles.Demanda externa: oferta exportable diferenciada en servicios y contenidos, por sostenibilidad y creatividad, posicionando a México en el mercado global del NewSpace.Competitividad: reducción de costos por circularidad, valor agregado y creatividad, generando un ecosistema espacial robusto, basado en innovación tecnológica y sustentabilidad como ventaja estratégica.

La convergencia entre economía circular y economía naranja ofrece una alternativa estratégica para el desarrollo espacial de México durante la próxima década. Más que un modelo sectorial, representa un nuevo paradigma capaz de articular sostenibilidad, creatividad, innovación tecnológica y competitividad internacional. El “¿por qué?” de esta estrategia radica en la necesidad de construir ventajas competitivas propias dentro de una economía espacial global cada vez más dinámica y competitiva. El “¿para qué?” consiste en generar capacidades nacionales que permitan transformar al sector espacial en un motor de crecimiento económico, innovación industrial, desarrollo regional y proyección internacional.

En el contexto del NewSpace, México puede aprovechar sus fortalezas industriales, creativas y científicas para construir un ecosistema espacial resiliente, sostenible y exportador. La combinación de economía circular y economía naranja no sólo contribuiría al cumplimiento de la nueva legislación ambiental y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda Espacio 2030, de las Naciones Unidas, sino que también permitiría convertir al espacio en una plataforma para impulsar el desarrollo económico basado en conocimiento, creatividad e innovación durante el periodo 2026–2035, partiendo de la adecuada implementación del PEM 2026-2030.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

En el contexto global, la economía espacial se ha consolidado como un motor estratégico y transversal de innovación, competitividad y desarrollo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -de la cual México es el miembro número 25 desde el 18 de mayo de 1994-, la economía espacial abarca no solo las actividades directamente vinculadas con la exploración y utilización del espacio, sino también los impactos derivados en la sociedad y la economía a través de productos, servicios y conocimiento. En este marco, México enfrenta el reto de articular un modelo productivo que combine sostenibilidad ambiental y creatividad cultural, integrando los paradigmas de la economía circular y la economía naranja en el ecosistema espacial nacional.

La Ley General de Economía Circular de México, publicada el 19 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un marco normativo para transitar hacia un modelo de producción y consumo que reduzca residuos, optimice recursos y fomente la innovación sostenible. Por otro lado, la economía naranja impulsa la creatividad, la cultura y la innovación como motores de valor económico y social. La convergencia de ambos enfoques en el sector espacial mexicano abre la posibilidad de generar un ecosistema productivo competitivo, con capacidad de atender la demanda interna y posicionar una oferta exportable en el mercado global del NewSpace.

La economía circular en la cadena de valor espacial

La cadena de valor espacial, según la OCDE, se estructura en cinco niveles: investigación e innovación, actividades upstream, midstream y downstream, productos y servicios habilitados por el espacio, y beneficios para los usuarios finales. En cada etapa, la economía circular puede aportar estrategias para optimizar recursos y reducir impactos ambientales.

En la fase de investigación e innovación, el ecodiseño y la durabilidad de los componentes espaciales son esenciales para garantizar que los satélites, sensores y sistemas de software para satélites y vehículos de lanzamiento (cohetes), puedan ser reutilizados o actualizados. La circularidad también se aplica en la gestión de materiales avanzados, promoviendo el reciclaje de metales raros y compuestos utilizados en la fabricación de subsistemas espaciales.

En las actividades upstream, que incluyen la producción de satélites, lanzadores y sistemas de tierra, la economía circular impulsa la reutilización de componentes y la reducción de residuos industriales. La tendencia hacia lanzadores reutilizables, como los desarrollados por las grandes empresas espaciales (Falcon 9, Falcon Heavy y Starship de SpaceX; New Glenn y New Shepard de Blue Origin; Neutron de Rocket Lab, y Zhuque-3 de la empresa china LandSpace), luego de que se apruebe la Ley Nacional de Desarrollo Espacial, puede inspirar a empresas en México a fomentar proyectos similares en colaboración con universidades y centros de investigación.

Las actividades midstream, cubren infraestructura logística e intermedia (como estaciones terrestres, telemetría, control de misiones, transferencia orbital, gestión de plataformas satelitales y eliminación de desechos espaciales, entre otros), que conecta la fabricación de hardware (upstream) con los servicios al usuario final (downstream). A nivel nacional, las actividades midstream y el desarrollo espacial se estructuran de la siguiente manera:

-Infraestructura y control terrestre. Incluye el despliegue de estaciones de rastreo, telemetría y comando (TT&C) y centros de control para la gestión de constelaciones satelitales.

-Programa Espacial Mexicano (PEM). El gobierno federal oficializó el 4 de junio (2026) el programa con enfoque en el desarrollo de infraestructura satelital, fortalecimiento de la observación de la Tierra (EO) y centralización de servicios telemáticos para la seguridad nacional y la inclusión social.

-Gestión de datos e imágenes. Procesamiento, distribución y análisis de información geoespacial y de clima espacial recabada por satélites y sensores terrestres.

-Centros de desarrollo espacial en México. Actividades de ingeniería impulsadas por la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y los Centros Regionales de Desarrollo Espacial (CREDES) en Zacatecas (2020) y Atlacomulco, Estado de México (2021), en conjunto con universidades aliadas.

En las actividades downstream, vinculadas con las operaciones satelitales, control de misiones y procesamiento de datos, la circularidad se traduce en eficiencia energética y optimización de infraestructuras digitales. El uso de energías renovables en estaciones terrestres y la gestión inteligente de datos son ejemplos de cómo reducir la huella ambiental del sector.

Asimismo, en los productos y servicios habilitados por el espacio, como telecomunicaciones, observación de la Tierra y navegación, la economía circular se refleja en la creación de soluciones sostenibles para sectores como agricultura, pesca, transporte y energía. Estos servicios permiten optimizar el uso de recursos naturales, reducir emisiones y mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

La economía naranja como motor de innovación

La economía naranja aporta una dimensión complementaria al sector espacial, la creatividad y la innovación cultural y social. En México, este paradigma puede potenciar la apropiación social del espacio mediante proyectos educativos, artísticos y de divulgación científica que fortalezcan la identidad nacional (constructo político y social vinculado al territorio y la historia oficial, que define el sentido de pertenencia legal y colectivo) y generen cohesión social.

La producción audiovisual, la narrativa literaria y la creación de contenidos digitales vinculados con el espacio son ejemplos de cómo la economía naranja puede transformar la percepción pública del sector y fomentar la apropiación social del espacio. Asimismo, la gastronomía, el diseño y el turismo cultural pueden integrarse en proyectos espaciales, generando experiencias que vinculen la ciencia con la cultura.

En el ecosistema espacial nacional, la economía naranja puede impulsar la formación de capital humano especializado mediante programas académicos que integren ciencia, arte y tecnología. La creatividad aplicada al diseño de misiones, la comunicación de resultados científicos y la generación de productos culturales derivados del espacio contribuyen a fortalecer la demanda interna y a posicionar a México como un actor innovador en el mercado global.

Ecosistema espacial nacional y estrategias proactivas

El ecosistema espacial mexicano se compone de instituciones gubernamentales como la Agencia Espacial Mexicana (AEM), universidades, centros de investigación, empresas privadas y organizaciones civiles. La articulación de este ecosistema con los paradigmas de economía circular y naranja requiere estrategias proactivas que integren sostenibilidad, creatividad y competitividad.

En términos de productividad y competitividad, la economía circular permite reducir costos mediante la reutilización de materiales y la eficiencia energética, mientras que la economía naranja genera valor agregado a través de la innovación cultural y la apropiación social. La combinación de ambos modelos fortalece la capacidad del sector para generar mercados internos y desarrollar una oferta exportable en servicios satelitales, aplicaciones digitales y productos culturales vinculados con el espacio.

La nueva Ley General de Economía Circular de México ofrece un marco regulatorio que puede ser aplicado al sector espacial mediante políticas de gestión de residuos tecnológicos, promoción de energías limpias y fomento de la innovación sostenible. Al mismo tiempo, las políticas culturales y educativas pueden integrar la economía naranja en proyectos espaciales, incentivando la participación ciudadana y la formación de talento creativo.

El ¿Por qué? y ¿Para qué? de impulsar este modelo

La pregunta sobre el ¿por qué? y el ¿para qué? impulsar este modelo en el contexto de la nueva carrera espacial y el NewSpace se responde desde una perspectiva estratégica.

El ¿por qué? radica en la necesidad de que México se inserte en la nueva carrera espacial con un enfoque diferenciado, basado en sostenibilidad y creatividad. La economía circular garantiza que el desarrollo espacial no comprometa los recursos naturales ni genere impactos negativos irreversibles, mientras que la economía naranja asegura que la sociedad se apropie del espacio como un ámbito de innovación cultural y social.

El ¿para qué? se relaciona con los objetivos de desarrollo nacional, es decir, fortalecer la competitividad de las industrias espaciales, generar empleo especializado, posicionar a México en el mercado espacial global y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las agendas Espacio 2030 y Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La integración de ambos paradigmas permite que el sector espacial mexicano sea no solo un motor de desarrollo y crecimiento económico que dinamice a múltiples sectores e industrias relacionados (siendo un sector estratégico y transversal), sino también un catalizador de cohesión social y sostenibilidad ambiental.

La aplicación de los modelos de economía circular y economía naranja al sector espacial nacional representa una oportunidad estratégica para México en el contexto del NewSpace. La circularidad garantiza eficiencia y sostenibilidad en la cadena de valor espacial, mientras que la creatividad impulsa la innovación cultural y la apropiación social del espacio. La combinación de ambos paradigmas fortalece la productividad y competitividad del ecosistema espacial mexicano, generando mercados internos y una oferta exportable capaz de posicionar al país en la nueva carrera espacial. Además, responde a la necesidad de construir un modelo de desarrollo que sea ambientalmente responsable, socialmente inclusivo y culturalmente innovador.

Generación de mercados

Para generar mercados y fortalecer la demanda interna y externa en el sector espacial mexicano mediante la combinación de economía circular y economía naranja, es necesario articular un modelo productivo que integre sostenibilidad, creatividad e innovación en toda la cadena de valor espacial. Esto no solo incrementa la productividad y competitividad del ecosistema nacional, sino que también posiciona a México en el contexto del NewSpace como un actor diferenciado.

-Aplicaciones satelitales: servicios de conectividad, monitoreo ambiental y gestión de desastres que atienden necesidades locales en agricultura, transporte y seguridad.

-Ecosistema creativo: producción audiovisual, contenidos digitales y experiencias culturales vinculadas al espacio que generan demanda en educación, turismo y entretenimiento.

-Circularidad tecnológica: programas de reacondicionamiento de equipos y reutilización de materiales que reducen costos y fomentan la innovación nacional.

Estos mercados internos fortalecen la resiliencia y crean un círculo virtuoso entre sostenibilidad ambiental y apropiación social del espacio.

La expansión hacia los mercados externos

-Oferta exportable: servicios de observación terrestre, telecomunicaciones y aplicaciones de navegación que pueden ser comercializados en América Latina y otros mercados emergentes.

-Industrias creativas globales: contenidos culturales y educativos sobre el espacio que posicionan a México como un referente en diplomacia científica y cultural.

-Competitividad sostenible: diferenciación frente a otros países al integrar principios de economía circular en la manufactura y operación espacial.

La combinación de circularidad y creatividad permite que México no solo exporte tecnología, sino también cultura e innovación asociada al espacio.

Estrategias proactivas para la productividad y competitividad del sector espacial

1. Clústeres aeroespaciales, vincular industria, academia y gobierno en proyectos espaciales de innovación sostenible.
2. Diplomacia y gobernanza espacial, posicionar a México como mediador regional en sostenibilidad espacial y cooperación cultural internacional.
3. Educación y formación, programas académicos que integren ciencia, arte y tecnología para crear capital humano especializado a través de un Plan Nacional de Formación Espacial (PNFE).
4. Políticas públicas integradas, aplicar la Ley de Economía Circular y marcos culturales para impulsar proyectos espaciales con impacto social.

La combinación de economía circular y economía naranja permite a México generar mercados internos sostenibles y expandirse hacia mercados externos con una oferta diferenciada. Este modelo fortalece la productividad y competitividad del ecosistema espacial nacional, al tiempo que responde al ¿por qué? (necesidad de sostenibilidad y diferenciación) y al ¿para qué? (desarrollo económico, cohesión social y posicionamiento internacional) de impulsar este paradigma en la nueva carrera espacial y el NewSpace. En suma, la economía circular y la economía naranja ofrecen a México un marco integral para transformar su sector espacial en un motor de sostenibilidad, creatividad y competitividad global. En la siguiente colaboración plantearé la hoja de ruta estratégica para implementar esta estrategia de desarrollo espacial.

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El espacio exterior dejó de ser un ámbito exclusivamente científico o tecnológico para convertirse en un dominio estratégico central en la seguridad internacional contemporánea. La noción del New High Ground sintetiza esta transformación, el espacio es hoy el terreno elevado desde el cual se proyecta poder, se asegura la disuasión y se garantiza la interoperabilidad de las fuerzas armadas modernas. En este contexto, la creación y evolución del Centro de Excelencia Espacial de la OTAN / NATO Space Centre of Excellence (COE) refleja la institucionalización de esta visión dentro de la Alianza Atlántica, consolidando el espacio como un dominio operativo de guerra. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) / North Atlantic Treaty Organization (NATO), es una alianza militar intergubernamental fundada en 1949 que agrupa a más de 30 países de Norteamérica y Europa, su principio fundamental es la defensa colectiva.

El “Nuevo Terreno Estratégico” (New High Ground) se refiere a la consolidación del espacio como dominio operativo central en la seguridad internacional, y NATO Space COE, creado en 2023 en Toulouse, Francia -en el corazón del ecosistema aeroespacial europeo-, representa la institucionalización de esta visión, integrando doctrina, interoperabilidad y cooperación civil-militar para garantizar la superioridad orbital de la Alianza.

La literatura estratégica contemporánea reconoce que el control del terreno elevado ha sido históricamente decisivo. En el siglo XX, la supremacía aérea redefinió la guerra y en el siglo XXI, el espacio cumple esa función. El New High Ground implica que la seguridad internacional depende de la capacidad de vigilar, proteger y operar eficazmente en la órbita. Autores como Dolman (2002) y Johnson-Freese (2017) han subrayado que el espacio es un multiplicador de fuerza multidominio, mientras que documentos doctrinales de la OTAN y de la Fuerza Espacial (USSF) estadounidense destacan la congestión orbital, la dualidad civil-militar y la expansión hacia el entorno cislunar como factores críticos.

Este artículo de opinión se construye a partir del análisis documental de fuentes primarias (doctrina OTAN, comunicados oficiales del NATO Space COE) y secundarias (literatura académica en estudios estratégicos y seguridad espacial), empleando un enfoque comparativo para evaluar la evolución institucional del COE frente a marcos previos en materia de gobernanza espacial.

Evolución institucional del NATO Space COE

El NATO Space COE, surgió como respuesta institucional a los desafíos del New High Ground. Su misión es desarrollar doctrina, estandarizar procedimientos y entrenar personal para integrar el espacio en las operaciones aliadas. Los pilares de trabajo incluyen el desarrollo conceptual y la experimentación, la educación y formación de cuadros, y el análisis de las lecciones aprendidas. En la práctica, el COE se centra en tres funciones operativas: el Space Domain Awareness (SDA), que garantiza conocimiento situacional orbital; el Operational Space Support (OSS), que provee apoyo directo a operaciones militares; y el Space Domain Coordination (SDC), que asegura la integración multinacional y multidominio.

La evolución del COE se refleja en los recientes hitos, la conferencia inaugural de 2025, “Space in 2040”, que subrayó la necesidad de interoperabilidad y disuasión tecnológica. En 2026, la conferencia “From Awareness to Action” marcó el paso de la vigilancia a la integración operativa plena, y ejercicios como SparteX 2026 que demostraron la capacidad de la OTAN para simular escenarios espaciales multinacionales, consolidando la transición del espacio como apoyo técnico al dominio operativo.

En ese sentido, el NATO Space COE representa un cambio doctrinal profundo. Primero, fortalece la disuasión y defensa colectiva, integrando el espacio en la credibilidad del Artículo 5 (del Tratado del Atlántico Norte). Segundo, fomenta la interoperabilidad entre aliados, creando una cultura común en torno al espacio. Tercero, impulsa la cooperación civil-militar, reconociendo que gran parte de las capacidades orbitales provienen de actores privados. Finalmente, prepara a la Alianza para escenarios futuros en el entorno cislunar, donde la competencia estratégica se intensificará en los siguientes lustros. Sin embargo, persisten los desafíos: la dependencia de capacidades comerciales, la fragmentación normativa internacional y la necesidad de equilibrar la disuasión con la sostenibilidad orbital. La referencia a la credibilidad del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte en relación con el espacio proviene de documentos oficiales de la OTAN posteriores a 2019, cuando el espacio fue reconocido como un “dominio operacional” de la Alianza, en particular:

-La London Declaration (2019) de la Cumbre de Líderes de la OTAN, donde se reconoció formalmente el espacio como un dominio operativo junto con tierra, mar, aire y ciberespacio.

-El Brussels Summit Communiqué (2021), que subrayó que los ataques a sistemas espaciales podrían desencadenar la aplicación del Artículo 5, es decir, la defensa colectiva.

-La Madrid Summit Declaration (2022) y el NATO Strategic Concept 2022, que consolidaron la idea de que el espacio es esencial para la disuasión y la defensa, y que cualquier ataque significativo contra activos espaciales de la Alianza podría considerarse un ataque armado contra todos.

En ese sentido, cuando se afirma que el NATO Space COE fortalece la disuasión y defensa colectiva “integrando el espacio en la credibilidad del Artículo 5”, se hace referencia a esta evolución doctrinal en la que la OTAN ha dejado claro que las operaciones espaciales y los ataques contra infraestructura orbital crítica forman parte del marco de defensa colectiva.

Implicaciones estratégicas

-Disuasión y defensa: El espacio se convierte en un componente esencial de la credibilidad del Artículo 5 de la OTAN.

-Interoperabilidad: Necesidad de doctrinas compartidas y cultura común entre aliados.

-Cooperación civil-militar: Integración de capacidades privadas para mantener la relevancia estratégica.

-Competencia cislunar: Preparación para escenarios más allá de la órbita terrestre rumbo a la colonización de la Luna.

En el caso de los Estados Unidos, el concepto de High Ground se remonta a la doctrina estadounidense de la seguridad espacial de la Fuerza Aérea y, más recientemente, de la Fuerza Espacial (USSF), pero comparten una raíz histórica, la idea de que dominar el “terreno elevado” otorga una ventaja estratégica decisiva; sin embargo, cada uno refleja un contexto institucional distinto. Desde la publicación de la National Security Space Strategy (2011) y la US Space Force Doctrine (2020), se ha insistido en que el espacio es el “ultimate high ground”, el terreno elevado definitivo, desde el cual se proyecta el poder global, se asegura la superioridad tecnológica y se protege la infraestructura crítica. Este enfoque está más ligado a la noción de supremacía y libertad de acción en órbita, con un énfasis en la disuasión frente a competidores estratégicos como China y Rusia.

La diferencia clave es que el NATO Space COE busca armonizar doctrinas y capacidades entre aliados, mientras que la doctrina estadounidense se centra en garantizar la superioridad nacional y la capacidad de respuesta autónoma. En ambos casos, el espacio se convierte en el terreno elevado del siglo XXI, pero con matices. La OTAN lo concibe como un dominio compartido y cooperativo, mientras que EE. UU. lo define como un ámbito de supremacía nacional indispensable para su seguridad.

En suma, el New High Ground redefine la seguridad internacional al situar el espacio como dominio central de poder. El NATO Space COE es la respuesta institucional de la OTAN para transformar esta visión en doctrina, interoperabilidad y capacidades operativas. Su evolución refleja la transición del espacio de un mero apoyo técnico a un dominio de guerra plenamente operativo (como ocurre también en Estados Unidos, China y Rusia), clave para la disuasión y la defensa colectiva en el siglo XXI.

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En el actual escenario de competencia estratégica global, el análisis de la Enmienda Wolf y su aplicación por parte de la NASA adquiere una relevancia geopolítica central. El documento examinado “Research Security for America’s Future in Space” revela cómo la apertura científica estadounidense puede ser instrumentalizada por la República Popular China en el marco de su estrategia de fusión militar-civil, lo que convierte la cooperación académica en un canal potencial de transferencia tecnológica hacia objetivos militares. Publicar este análisis crítico permite situar el debate en el cruce entre seguridad nacional, innovación científica y rivalidad geopolítica, mostrando que la política espacial y de investigación no es un terreno aislado, sino un componente clave de la competencia sistémica entre las potencias espaciales.

El informe “Research Security for America’s Future in Space” elaborado por el Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aborda la aplicación y cumplimiento de la Enmienda Wolf, legislación vigente desde 2011, que prohíbe a la NASA y a la Oficina de Ciencia y Tecnología (OSTP) de la Casa Blanca utilizar fondos federales para cooperar bilateralmente de manera directa con China o empresas afiliadas en el sector espacial, salvo autorización expresa del Congreso y certificación del FBI; impulsada por preocupaciones sobre seguridad y derechos humanos. El documento plantea que, a pesar de la claridad de la norma, su cumplimiento ha sido deficiente, lo que ha permitido la existencia de colaboraciones académicas y científicas que podrían implicar riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Desde un punto de vista objetivo, el análisis crítico de este informe -bajo enfoque geopolítico estratégico- requiere de evaluar tanto sus aciertos -la identificación de vulnerabilidades reales en el ecosistema de investigación estadounidense- como sus desaciertos, los sesgos, limitaciones metodológicas y posibles consecuencias negativas de una aplicación rígida de la norma. A continuación, el análisis del referido documento, publicado el 14 de mayo (2026), que puede descargarse en: https://files.constantcontact.com/f0eecb46901/01f5f0ea-7b55-42d9-8420-011555a64e9a.pdf

1. Reconocimiento de la vulnerabilidad del ecosistema de investigación abierto

Uno de los principales aciertos del informe es subrayar cómo la apertura académica puede convertirse en un vector de riesgo cuando se enfrenta a sistemas políticos y científicos que operan bajo lógicas distintas. El documento señala que la República Popular China utiliza la estrategia de fusión militar-civil, donde la investigación científica y tecnológica se integra directamente en objetivos militares. Este diagnóstico es acertado, pues evidencia que la cooperación científica no siempre es neutral y puede tener consecuencias estratégicas.

2. Evidencia empírica sobre publicaciones y coautorías

El informe presenta un análisis bibliométrico (análisis estadístico y cuantitativo de la literatura científica) que identifica cientos de publicaciones cofinanciadas por la NASA con participación de instituciones chinas, algunas vinculadas al sector de defensa. Este hallazgo es relevante porque demuestra que, más allá de los acuerdos formales, existen colaboraciones académicas en el ámbito espacial que pueden derivar en transferencia de conocimiento sensible. La identificación de casos concretos, como el del profesor Xiao-Hai Yan y su participación en programas de radar de apertura sintética (SAR), refuerza la credibilidad del argumento.

3. Crítica a la falta de mecanismos de cumplimiento

El documento acierta al señalar que la NASA careció durante años de un sistema robusto de monitoreo post-award y de una oficina dedicada a la seguridad en la investigación. La ausencia de controles efectivos permitió que universidades certificaran falsamente el cumplimiento de la Enmienda Wolf. Reconocer estas debilidades institucionales es fundamental para mejorar la gobernanza de la investigación financiada con fondos públicos.

4. Relevancia de la dimensión legal y ética

El informe enfatiza que las violaciones a la Enmienda Wolf no son simples errores administrativos, sino posibles delitos federales que afectan la integridad del sistema científico. Este enfoque es un acierto porque coloca la discusión en el plano de la responsabilidad legal y ética de las instituciones académicas, evitando que se minimicen las implicaciones de las colaboraciones indebidas.

5. Propuesta de medidas correctivas

El documento no se limita a señalar problemas, sino que reconoce avances recientes de la NASA, como la creación de una oficina de seguridad en la investigación y la actualización de términos contractuales. Además, plantea recomendaciones para fortalecer la transparencia y la supervisión. Este enfoque propositivo es un punto fuerte, pues ofrece un camino hacia la mejora institucional.

Desaciertos del documento

1. Enfoque excesivamente punitivo

Aunque el informe identifica riesgos reales, su tono es marcadamente punitivo y poco equilibrado. La insistencia en sanciones criminales y civiles puede generar un clima de miedo en la comunidad académica, desincentivando la investigación y colaboración internacional legítima. El documento parece priorizar la lógica de seguridad nacional por encima de la naturaleza colaborativa de la ciencia espacial, lo que puede resultar contraproducente.

2. Ambigüedad en la definición de “colaboración”

El informe considera que incluso la coautoría en publicaciones científicas constituye una forma de colaboración bilateral prohibida. Este criterio es problemático, pues la coautoría no siempre implica transferencia de fondos o coordinación directa. En muchos casos, los investigadores participan en proyectos paralelos y comparten datos abiertos. La interpretación rígida de la Enmienda Wolf puede llevar a catalogar como violaciones actividades que forman parte del funcionamiento normal de la ciencia abierta en el sector espacial.

3. Riesgo de xenofobia y estigmatización

Aunque el documento dedica un apartado a rechazar las acusaciones de xenofobia, su narrativa puede contribuir a la estigmatización de investigadores de origen chino o con vínculos académicos legítimos con instituciones en China. Al enfatizar la idea de que cualquier relación con entidades espaciales chinas es sospechosa, se corre el riesgo de fomentar discriminación en el ámbito académico estadounidense, lo cual contradice los principios de diversidad y equidad preconizados.

4. Falta de análisis comparativo con otros países

El informe se centra exclusivamente en China, sin considerar que otros países también pueden aprovechar la apertura científica para obtener ventajas estratégicas. La ausencia de un análisis comparativo limita la comprensión del fenómeno y puede dar la impresión de que el problema es exclusivo de China, cuando en realidad actualmente es un desafío global en la era de la ciencia abierta en la nueva carrera espacial y el NewSpace.

5. Escasa reflexión sobre el impacto en la innovación

El documento no analiza suficientemente cómo las restricciones de la Enmienda Wolf pueden afectar la capacidad innovadora de los EE. UU. En el sector espacial. La ciencia avanza gracias a la colaboración internacional, y limitarla de manera estricta puede reducir la competitividad global de la investigación estadounidense. El informe presenta la seguridad nacional como un valor absoluto, sin explorar mecanismos que permitan equilibrar seguridad -en un sentido más amplio- e innovación.

6. Uso selectivo de ejemplos

Si bien se mencionan casos concretos de violaciones, el informe tiende a generalizar a partir de ejemplos aislados. No se ofrece un análisis estadístico que permita dimensionar cuántas colaboraciones representan realmente un riesgo significativo frente al total de proyectos espaciales financiados por la NASA. Esta falta de proporcionalidad puede generar una percepción sobre exagerada del problema.

Balance crítico

El documento representa un esfuerzo serio por visibilizar las tensiones entre la apertura científica y la seguridad nacional. Sus aciertos radican en la identificación de vulnerabilidades reales, la presentación de evidencia empírica y la propuesta de medidas correctivas. Sin embargo, sus desaciertos muestran un sesgo hacia la securitización extrema de la investigación espacial, con riesgos de estigmatización y de debilitamiento de la innovación.

El principal dilema que emerge es cómo equilibrar la protección de la seguridad nacional con la preservación de la naturaleza abierta y colaborativa de la ciencia. El informe parece inclinarse hacia un modelo restrictivo, donde cualquier interacción con instituciones chinas es vista como una amenaza. Este enfoque puede ser útil en el corto plazo para cerrar brechas de seguridad, pero en el largo plazo podría aislar a la comunidad científica-espacial estadounidense y limitar su liderazgo global.

El informe sobre la aplicación de la Enmienda Wolf es un documento valioso por su capacidad de poner en evidencia las debilidades en la gestión de la seguridad en la investigación financiada por la NASA. Sus aciertos incluyen la claridad en la exposición de riesgos, la evidencia bibliométrica y la propuesta de medidas correctivas. No obstante, sus desaciertos -enfoque punitivo, ambigüedad en la definición de colaboración, riesgo de xenofobia, falta de análisis comparativo y escasa reflexión sobre la innovación- muestran que la discusión requiere de un enfoque más equilibrado.

La lección principal es que la seguridad en la investigación no puede abordarse únicamente desde la lógica de la prohibición y el castigo. Se necesitan mecanismos de transparencia, monitoreo y cooperación internacional selectiva, que permitan proteger los intereses estratégicos de los EE. UU. -en el ámbito espacial- sin sacrificar la esencia de la ciencia abierta. En última instancia, el reto es diseñar políticas que reconozcan la complejidad del ecosistema científico global y que eviten tanto la ingenuidad frente a riesgos reales como el aislamiento frente a oportunidades de colaboración legítima.

El balance final del análisis evidencia que, si bien el informe acierta al identificar vulnerabilidades reales en la gobernanza de la investigación financiada por fondos públicos, también incurre en excesos que pueden limitar la capacidad innovadora y la cooperación internacional legítima de Estados Unidos. En términos geopolíticos, el reto consiste en diseñar políticas que protejan la seguridad nacional sin aislar a la comunidad científica, manteniendo el liderazgo tecnológico estadounidense en un entorno de competencia con China, particularmente en la nueva carrera espacial. La conclusión es clara, la seguridad en la investigación espacial debe ser fortalecida, pero bajo un enfoque equilibrado que combine vigilancia estratégica con apertura selectiva, evitando que la defensa -frente a riesgos reales- se convierta en un obstáculo para la proyección global de la ciencia y la innovación en general y en particular en el sector espacial.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

El 4 de junio de 2026 marcó un hito trascendental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología espacial de nuestro país con la publicación del Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026-2030, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este documento rector no solo formaliza el compromiso del Estado mexicano con la innovación aeroespacial, sino que establece las directrices fundamentales que guiarán los esfuerzos nacionales durante el próximo quinquenio; pero aun es necesario formular la Política Espacial de México. En este contexto, el presente artículo de opinión tiene como propósito desglosar y analizar los mecanismos de acción, las fases de ejecución y las prioridades institucionales necesarias para traducir la visión de este mandato oficial (PEM 2026-2030) en resultados tangibles y operativos para el sector espacial (estratégico y transversal) en México.

A continuación, presento la Hoja de Ruta y Agenda Estratégica para la implementación integral del Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026–2030, estructurada a partir del necesario esquema de gobernanza espacial mexicana que dé cumplimiento a los cuatro objetivos (pilares) establecidos en el documento (Inclusión digital, vincular a México con el sector espacial internacional, capacitación para el futuro espacial y creación de infraestructura satelital). Esta agenda se fundamenta en la articulación del liderazgo político, el desarrollo normativo, la innovación científico-tecnológica y la diplomacia científica regional y global.

Hoja de ruta estratégica para el Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026–2030

Ejes rectores de la Política Espacial de México

El éxito y la continuidad transsexenal del PEM 2026–2030 dependerán de la correcta consolidación de las siguientes cuatro columnas institucionales y jurídicas:

1. Consejo Nacional de Política Espacial (CNPE): Órgano superior regulador y de toma de decisiones de carácter vinculante, dependiente directamente de la Presidencia de la Repú Coordinará transversalmente el Nivel rector (AEM/ATDT, SRE, Defensa/Marina, Secihti, Economía, SCT, entre otras entidades, por tratarse de una agenda estratégica transversal), alineando la regulación, la dirección técnica y la seguridad nacional.
2. Reforma Constitucional en Materia Espacial: Modificación a la Carta Magna para facultar explícitamente al Congreso a legislar en materia del espacio ultraterrestre.
3. Ley Nacional de Desarrollo Espacial: Legislación secundaria derivada de la Reforma Constitucional, que establecerá las reglas de operación, el régimen de licencias, la atracción de inversiones, consciencia situacional espacial (SSA) desde una perspectiva de seguridad y defensa (Defensa y Marina) y el marco de sostenibilidad orbital (prevención de desechos espaciales).
4. Sistema Nacional de Innovación Espacial (SNIE): Mecanismo operativo que debe articular activamente a la cuádruple hélice (academia, clústeres industriales, sociedad civil organizada en el ámbito espacial y gobierno), bajo proyectos específicos y esquemas de financiamiento compartido.

Objetivos estratégicos del PEM 2026 – 2030:

Por la importancia estratégica y transversal del sector para el desarrollo nacional, el PEM queda corto (el PEM 2026-2030 separa la política nacional de la regional, además de que no hay mención a la misión espacial latinoamericana liderada por México -filtrada en FAMEX 2025- en la que se pretendía poner en órbita un satélite latinoamericano), los 4 pilares u objetivos prioritarios del PEM se resumen a continuación:

1. Inclusión digital en México

Enfoque: Social y conectividad.

Objetivo: Combatir la exclusión digital que afecta a millones de personas en zonas rurales, comunidades indígenas y regiones de alta marginación.

2. Vincular a México con el sector espacial internacional

Enfoque: Diplomacia y colaboración científica.

Objetivo: Establecer y consolidar alianzas estratégicas con agencias de renombre mundial (como la NASA, la Agencia Espacial de la India ISRO, o la Agencia de Corea), impulsando la participación mexicana en proyectos de exploración (como la exploración lunar) y desarrollo tecnológico conjunto. Con esto se busca posicionar al país en la economía espacial global.

3. Capacitación de mexicanos para el futuro espacial

Enfoque: Capital humano y academia.

Objetivo: Desarrollar talento e investigadores nacionales especializados en tecnologías avanzadas. Busca impulsar una estrecha colaboración transversal con universidades y centros de investigación nacionales (como la UNAM, el IPN y la UPAEP) para la transferencia de conocimiento, la creación de empleos de alta especialidad y el diseño de proveedores locales para la industria del New Space.

4. Creación de infraestructura satelital

Enfoque: Soberanía tecnológica y soberanía de datos.

Objetivo: Fortalecer físicamente la infraestructura espacial del país mediante proyectos detonadores. Esto incluye:

-Diseño y fabricación de componentes y firmware para pequeños satélites en órbita baja (LEO).

-Despliegue de una constelación de satélites propios para la Observación de la Tierra (monitoreo ambiental, agricultura, prevención de desastres y seguridad).

-Puesta en marcha de un Centro de Control Satelital asociado y un centro nacional para el procesamiento y explotación de imágenes satelitales.

Matriz de articulación de actores (esquema de gobernanza)

Para evitar la fragmentación institucional, las actividades espaciales en México se coordinarán bajo los siguientes niveles:

Cronograma de ejecución de la agenda estratégica (Roadmap anual 2026–2030)

Año 2026. Cimientos institucionales y jurídicos

• Acción 1. Emisión del decreto presidencial para la instalación y operación del Consejo Nacional de Política Espacial (CNPE), dependiente de la Presidencia de la Repú
• Acción 2. Presentación ante el Congreso de la Unión de la iniciativa de Reforma Constitucional en materia espacial con miras a su expedita aprobació
• Acción 3. Creación del Fondo Nacional Espacial Multianual (FNEM) para blindar financieramente los proyectos de largo plazo frente a ciclos presupuestales anuales.
• Indicador de éxito: El Consejo operando con sesiones bimensuales; Fondo Nacional constituido con reglas de operación iniciales.

Año 2027. Marco legal secundario e innovación operativa

• Acción 1. Presentación, aprobación y publicación de la Ley Nacional de Desarrollo Espacial en el DOF.
• Acción 2. Puesta en marcha oficial del Sistema Nacional de Innovación Espacial (SNIE), a través del Plan México de la Secretaría de Economía, integrando a los clústeres de Querétaro, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sonora con fondos concurrentes para los proyectos espaciales más relevantes generados por las universidades.
• Acción 3. Lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite ambiental mexicano para el monitoreo del cambio climático y gestión de desastres; para el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos. Este desarrollo tecnológico puede compartirse con los países -integrantes de pleno derecho- de la ALCE.
• Indicador de éxito: Ley nacional vigente; 1 satélite ambiental propio operando en ó

Año 2028. Inclusión social e integración regional (Liderazgo en la ALCE)

• Acción 1. Despliegue masivo de infraestructura para alcanzar la cobertura del 85% de internet satelital en zonas rurales e históricamente desconectadas.
• Acción 2. Activación de convenios de codesarrollo tecnológico y de misiones conjuntas lideradas por México mediante la ALCE (impulso de una agenda espacial latinoamericana), articulando capacidades científicas con el CRECTEALC, la Conferencia Espacial de las Américas (CEA), la AEB (Brasil), la CONAE (Argentina) y la Red Iberoamericana de Agencias Aeroespaciales (RIAE).
• Acción 3. Adopción formal ante la UIT, COPUOS y UNOOSA de las agendas de sostenibilidad (Agenda Espacio 2030) en órbitas bajas promovidas por el Grupo Latinoamericano (GRULAC), en esos foros multilaterales. Así como una activa participación a través de foros como el G20, OCDE, CELAC, CITEL, IILA, COMTELCA y ASIET.
• Indicador de éxito: El 85% de comunidades rurales conectadas; primera misión satelital conjunta de la ALCE diseñada y calendarizada.

Año 2029. Capital humano de alta especialización y consolidación industrial

• Acción 1. Establecimiento del Plan Nacional de Formación Espacial (PNFE), con la participación de la academia nacional (UNAM, IPN, CICESE, INAOE, UNAQ, UPAEP, ANUIES, COMEA y la FAU), con nuevos programas de licenciatura enfocados en investigación, certificación, normalización, estandarización y acreditación, ingenierías y licenciaturas (medicina, derecho, política, economía, comercio y psicología espacial, entre otras áreas relacionadas con las actividades espaciales), que atiendan las necesidades específicas del sector, industria y ecosistema espacial.
• Acción 2. Apertura y financiamiento de programas de posgrado nacionales e interinstitucionales (UNAM, IPN, UANL, CICESE, INAOE, UPAEP, CIO, Gentro GEO, UG IE UNAM, COMEA, etc.) especializados en propulsión avanzada, sistemas de navegación satelital y derecho espacial.
• Acción 3. Creación de posgrados: Maestría en Estrategia Espacial y Seguridad Multidominio;  Maestría en Dominio Espacial y Seguridad Nacional; Maestría en Ingeniería y Gestión de Sistemas Espaciales; Maestría en Conciencia Situacional Espacial y Gestión de Tráfico Espacial y Doctorado en Gobernanza y Diplomacia Espacial, en colaboración con el Colegio de la Defensa Nacional (Defensa/FAM), el Centro de Estudios Superiores Navales-CESNAV (Marina) y las universidades nacionales e internacionales con las que se establezcan alianzas.
• Acción 4. Certificación de proveedores locales integrados a los clústeres, para su inserción directa en las cadenas globales de suministro de firmas como SpaceX, Boeing y Airbus.
• Indicador de éxito: Al menos 500 especialistas espaciales anualmente formados en México; incremento del 30% en patentes nacionales registradas ante el Sistema Nacional de Innovación Espacial.

Año 2030. Consolidación de México en la economía espacial global y regional

• Acción 1. Integración formal y participación activa de México (con tecnología e investigadores nacionales) en una misión de exploración lunar internacional (cooperación multilateral a través del programa espacial Artemis).
• Acción 2. Entrega de resultados por parte del Observatorio Espacial Ciudadano (OECi) A.C. impulsado desde la Fundación Acercándote al Universo (FAU) A.C., sobre el impacto socioeconómico y democratización de datos del Programa Espacial Mexicano a nivel municipal, estatal y federal.
• Indicador de éxito: Dispositivos o experimentos mexicanos integrados con éxito en misiones lunares; autosuficiencia técnica parcial en el desarrollo de micro y nanosatélites, además del primer lanzamiento de un cohete mexicano, demostrando capacidades espaciales nacionales en la nueva carrera espacial y el NewSpace.

Recomendaciones transversales para el éxito del PEM 2026-2030

1. Diplomacia científica de liderazgo. Utilizar la presidencia o posición estratégica de México en la ALCE para balancear asimetrías tecnológicas globales y transferir conocimientos clave desde agencias regionales experimentadas como CONAE y AEB.
2. Garantía presupuestal. Vigilar que los recursos del Fondo Nacional Espacial Multianual (FNEM) provengan tanto del presupuesto público federal como de la inversión privada mediante el Sistema Nacional de Innovación Espacial, mitigando riesgos de dependencia presupuestal ú
3. Métricas precisas. Establecer tableros de control públicos evaluados por el Consejo Nacional de Política Espacial, basados rigurosamente en número de satélites lanzados, cobertura digital real verificada y número de especialistas incorporados activamente a la industria aeroespacial del país, reduciendo significativamente la fuga de cerebros y atrayendo al talento mexicano en el exterior al naciente ecosistema espacial nacional.

La correcta aplicación de la hoja de ruta y agenda estratégica aquí propuestas para la implementación del PEM 2026-2030 está diseñada para transformar las capacidades científicas de México en retornos económicos cuantificables y mejoras sociales directas. Alineado con las directrices de la ATDT, el impacto se divide en metas tangibles y medibles para el país de aquí al año 2030:

Impacto Económico: Multiplicación de la industria y soberanía estratégica. La hoja de ruta plantea que el espacio deje de ser un gasto y pase a ser un motor de inversión de alta tecnología, apalancado por tendencias globales como el New Space y el nearshoring.

-Duplicación del valor de mercado aeroespacial: El programa estima que el mercado aeroespacial nacional pase de un valor de 11,200 millones de dólares (2025) a 22,700 millones de dólares para 2029. Esto implica sostener tasas de crecimiento superiores al 15% anual mediante la inyección de contratos de proveeduría nacional.

-Desarrollo de una Constelación de Satélites Estatales: Consolidación progresiva de una constelación inicial de tres satélites propios para 2030 (iniciando con el diseño, carga útil, contratación y lanzamiento del primer satélite estatal de banda ancha). Esto reduce drásticamente la dependencia (soberanía estratégica) y el gasto público en el arrendamiento de capacidad satelital y adquisición de imágenes satelitales a empresas extranjeras.

-Atracción de inversión en polos de desarrollo: Al incluir la política espacial coordinada desde la Presidencia de la República en la ATDT, se reduce la burocracia para empresas de alta tecnología (esquemas rápidos de autorización/cero trámites), incentivando que componentes de microelectrónica y firmware satelital se fabriquen localmente, integrando a México en las cadenas globales de suministro del sector espacial norteamericano y asiático.

Impacto Social: El cierre histórico de la Brecha Digital. El fin último del PEM -bajo la gestión de la ATDT- no debe ser la nueva carrera espacial en abstracto, sino la redistribución del bienestar mediante infraestructura crítica real y efectiva.

-Conectividad rural al 90%: El indicador social más agresivo del PEM es elevar el acceso a Internet en el ámbito rural del 68.5% (registrado en 2024) al 90% para el año 2030. Esto impacta directamente a más de 20 millones de mexicanos que actualmente viven en exclusión digital (principalmente en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación).

-Inclusión en servicios públicos esenciales: Con la infraestructura de banda ancha desplegada por el nuevo satélite nacional, se habilita la universalidad técnica para conectar clínicas periféricas (telemedicina), escuelas comunitarias (educación a distancia) y la adopción de la identidad y trámites digitales de la Administración Pública Federal (APF) en zonas sin cobertura terrestre.

-Mitigación de pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales: A partir de la planeada constelación interna de Observación de la Tierra (EO), México obtendrá soberanía de datos analíticos (ello requiere de inversión en infraestructura: centros de datos y estaciones terrenas). Esto se traduce en alertas tempranas de huracanes, optimización del uso del agua en la agricultura de subsistencia y un monitoreo en tiempo real de incendios forestales, protegiendo vidas y economías locales vulnerables.

Capital humano. Retención de talento especializado

-Creación de empleos de alta especialidad: Al vincular directamente a las universidades (UNAM, IPN, UPAEP, etc.) con proyectos de diseño satelital concretos y misiones con agencias como NASA, ESA, JAXA, ISRO y KARI, entre otras, se frena significativamente la fuga de cerebros.

-Los ingenieros y científicos mexicanos pasarán de la teoría académica a operar un Centro de Control Satelital nacional y procesar datos espaciales con aplicaciones de impacto comercial y beneficio civil directo en el país.

En suma, la oficialización del PEM 2026-2030 representa una ventana de oportunidad histórica para el país, que exige el compromiso articulado del gobierno, la academia, la industria y la sociedad civil organizada en el ámbito espacial (cuádruple hélice). Existe una firme esperanza de que las estrategias trazadas en esta hoja de ruta y agenda estratégica la haga suya el gobierno y se materialicen en proyectos sostenibles, llevando a México a un nuevo nivel de madurez y competitividad dentro de su agenda y sector espacial nacional. De concretarse esta visión, nuestro país no solo experimentará un salto cuántico tecnológico sin precedentes (impulsando a otros sectores e industrias relacionados), sino que se posicionará y consolidará como el líder indiscutible de la región latinoamericana, proyectándose con determinación como un actor clave y estratégico en el ecosistema espacial global para los próximos lustros.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

La Copa Mundial de Futbol 2026 -de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) fundada en 1904-, organizada de manera conjunta por México, Canadá y Estados Unidos, representa no solo un evento deportivo de magnitud histórica, sino también un desafío tecnológico y económico sin precedentes. México 1970, marcó un hito histórico-tecnológico en las transmisiones deportivas, siendo el primero en la historia en alcanzar una audiencia global vía satélite y emitirse a color para los millones de espectadores y aficionados en todo el mundo; previamente los juegos olímpicos (México 1968) hicieron lo propio al ser los primeros en transmitirse en vivo a nivel mundial -vía satélite- utilizando la Estación Terrena de Tulancingo, Hidalgo para enviar la señal mediante el satélite ATS-3 de la NASA y la red Intelsat, conectando a México con las 67 cadenas de televisión en todo el planeta.
Hoy la transmisión del torneo 2026 multi sede a escala planetaria exige una infraestructura satelital robusta, capaz de garantizar cobertura continua, calidad de señal y resiliencia frente a la demanda masiva de millones de televidentes y radioescuchas. En este contexto, la importancia de las capacidades nacionales satelitales de los países sede y la articulación del altamente lucrativo negocio de la FIFA se convierten en factores determinantes para el éxito de la justa mundialista y para la generación de beneficios tangibles a la audiencia global.
El ecosistema comercial de la FIFA para el Mundial 2026 se divide en cuatro niveles jerárquicos: Socios de la FIFA (globales), Patrocinadores de la Copa Mundial, Promotores regionales (Supporters) y Patrocinadores de las ciudades anfitrionas, integrando marcas de tecnología, consumo, movilidad, finanzas y servicios. Los operadores satelitales (Backbone global) fungen como la columna vertebral de la distribución global en el Mundial 2026, tomando la señal maestra generada por la FIFA (desde su Centro Internacional de Transmisión-IBC), y enviándola a través de flujos de video nativos y multirregionales. Posteriormente, las empresas de distribución locales la reciben para entregarla al usuario final mediante televisión abierta, de paga, o streaming; gigantes como Eutelsat y SES reciben estas señales en el IBC de Dallas y las retransmiten simultáneamente hacia las plantas transmisoras de cada continente, asegurando una cobertura universal y reduciendo al mínimo la pérdida de paquetes de datos.
Las empresas de distribución (última milla), son las televisoras licenciatarias (como Televisa Univision y TV Azteca en México, RTVE en España, o Fox y Telemundo en EE. UU.). Estas toman la señal del satélite, añaden narradores en el idioma local, análisis previos y publicidad. Los usuarios finales, las distribuidoras hacen llegar esta señal a la televisión (por cable, antena o satélite DTH) o a los dispositivos móviles mediante plataformas de streaming (como ViX). Un dato clave para este mundial es que, para evitar la saturación de datos en zonas con alta afluencia (como los estadios o el FIFA Fan Fest en el Zócalo), los operadores móviles han tenido que apoyarse en infraestructura complementaria, como el uso temporal de espectro de banda adicional y Wi-Fi, que soporte a una gran cantidad de espectadores y aficionados transmitiendo imágenes y video en forma simultánea.
La infraestructura satelital, columna vertebral de la transmisión
El futbol es el deporte más visto del planeta y el Mundial constituye el evento televisivo más seguido en la historia contemporánea. Para garantizar que cada partido llegue en tiempo real a todos los rincones del mundo, la infraestructura satelital se convierte en el eje central de la transmisión. Los satélites geoestacionarios y de órbita media permiten distribuir señales de video y audio a millones de hogares, estaciones de radio y plataformas digitales. La capacidad y desafío de transmitir en alta definición e incluso en formatos 4K y 8K depende de la disponibilidad de ancho de banda satelital y de la coordinación entre operadores nacionales e internacionales.
México, Canadá y Estados Unidos cuentan con ecosistemas espaciales diferenciados (asimétricos). Estados Unidos posee una de las constelaciones satelitales más avanzadas del mundo, con empresas privadas como SpaceX y HughesNet que ofrecen servicios de transmisión y conectividad global. Canadá, a través de Telesat, ha desarrollado experiencia en comunicaciones satelitales y en la gestión de datos espaciales. México, por su parte, dispone de los satélites Morelos y Bicentenario, operados por el sistema MexSat, que garantizan cobertura nacional y regional. La combinación de estas capacidades nacionales permite articular un entramado satelital que asegura la transmisión del Mundial desde múltiples sedes, con redundancia y seguridad.
El negocio de la FIFA y la monetización de la señal
La FIFA ha convertido la transmisión televisiva y digital de los mundiales en su principal fuente de ingresos. Los derechos de transmisión representan más del 50% de los ingresos totales de la organización, superando incluso la venta de boletos y patrocinios. En el caso del Mundial 2026, la FIFA se beneficia de un mercado ampliado gracias a la triple sede, que incrementa la cantidad de partidos (104 partidos en total. Cifra que se debe al nuevo formato de 48 selecciones participantes, lo que representa 40 encuentros más que en ediciones anteriores; de ese total, solo 13 partidos se juegan en México -distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, 13 en Canadá y 78 en Estados Unidos) y, por ende, la oferta de contenidos. La infraestructura satelital garantiza que estos contenidos puedan ser distribuidos de manera simultánea a cientos de cadenas televisivas y multiplataformas digitales en más de 200 países.
La ventaja principal para la FIFA radica en la capacidad de vender los derechos exclusivos de transmisión a diferentes regiones, maximizando sus ingresos. La señal satelital permite segmentar mercados y ofrecer paquetes diferenciados, desde transmisiones en abierto hasta servicios premium en alta definición. Sin embargo, esta estrategia también presenta desventajas como la dependencia de operadores satelitales privados y nacionales implica costos elevados y riesgos asociados a la saturación de capacidad o a fallas técnicas. Además, la creciente competencia de las plataformas digitales obliga a la FIFA a diversificar su modelo de negocio, integrando al streaming y aplicaciones móviles que también dependen de infraestructura satelital para garantizar conectividad en zonas remotas.
Beneficios para la audiencia global
La audiencia mundial es la principal beneficiaria de la infraestructura satelital. Gracias a esta, millones de personas pueden acceder a transmisiones en vivo, sin importar su ubicación geográfica. En regiones rurales o países con limitada infraestructura terrestre, los satélites son la única vía para recibir la señal del Mundial. Esto democratiza el acceso al evento y fortalece la cohesión cultural global en torno al futbol. La calidad de la transmisión también se traduce en beneficio para la audiencia. La posibilidad de ver partidos en alta definición, con múltiples ángulos de cámara y servicios interactivos, depende de la capacidad satelital de los países sede y de los acuerdos de la FIFA con operadores internacionales. La radio, por su parte, sigue siendo un medio fundamental en regiones donde la televisión no llega, y su cobertura global también se sustenta en enlaces satelitales.
Ventajas de la infraestructura satelital en el Mundial 2026
Las ventajas de contar con una infraestructura satelital robusta son múltiples. En primer lugar, garantiza cobertura global, permitiendo que la señal llegue a más de 200 países en tiempo real. En segundo lugar, ofrece resiliencia frente a contingencias, ya que los satélites pueden mantener la transmisión incluso en situaciones de desastres naturales o fallas en redes terrestres (sin obviar las amenazas terroristas). En tercer lugar, posibilita la monetización eficiente de los derechos de transmisión, al permitir segmentar mercados y ofrecer servicios diferenciados. Además de que, fortalece la cooperación internacional, ya que la transmisión del Mundial requiere coordinación entre múltiples países y operadores.
Desventajas y retos asociados
No obstante, la infraestructura satelital también presenta desventajas. Los costos de operación son elevados, tanto para los países sede como para la FIFA, lo que puede limitar la rentabilidad en ciertos mercados. La dependencia de operadores privados implica riesgos de concentración y monopolio, que pueden afectar la negociación de precios y condiciones. Además, la transmisión satelital enfrenta retos técnicos, como la latencia y la necesidad de ancho de banda creciente para soportar formatos de alta definición. Finalmente, la transición hacia las plataformas digitales plantea un desafío adicional, integrar la infraestructura satelital con redes terrestres y móviles para garantizar una experiencia fluida al usuario final.
Capacidades nacionales y articulación regional
El éxito del Mundial 2026 depende en gran medida de la articulación de las capacidades nacionales de México, Canadá y Estados Unidos. México aporta cobertura regional y experiencia en gestión de datos satelitales, Canadá ofrece innovación en comunicaciones y Estados Unidos garantiza redundancia y capacidad global. La cooperación entre estos países permite construir un entramado satelital que asegura la transmisión del evento con calidad y seguridad. Para la FIFA, esta articulación representa una ventaja estratégica, ya que reduce riesgos y fortalece la confiabilidad de la señal.
En suma, la infraestructura satelital es el pilar fundamental de la transmisión global del Mundial de Futbol 2026. Sin ella, sería imposible garantizar cobertura continua y de calidad a millones de televidentes y radioescuchas en todo el mundo. Las capacidades nacionales de México, Canadá y Estados Unidos, sumadas al lucrativo modelo de negocio de la FIFA, permiten articular un ecosistema tripartito que maximiza beneficios económicos y sociales. Las ventajas de esta infraestructura son evidentes: cobertura global, resiliencia, monetización eficiente y democratización del acceso. Sin embargo, también existen desventajas, como los altos costos y la dependencia de los operadores privados.
En última instancia, el Mundial 2026 no solo será un espectáculo deportivo, sino también una demostración del poder de la infraestructura satelital para conectar al mundo. La audiencia global se beneficiará de una experiencia única, mientras que la FIFA consolidará su modelo de negocio basado en la transmisión de contenidos. Para los países sede, el evento representa una oportunidad de mostrar sus capacidades tecnológicas y de posicionarse como líderes en el ecosistema espacial y de telecomunicaciones. Así, el futbol y la infraestructura satelital se convierten en aliados estratégicos para articular el éxito de la justa mundialista y para fortalecer la integración cultural y tecnológica a escala planetaria. Le deseamos todo el éxito del mundo a la selección tricolor, comandada por El Vasco, Javier Aguirre, quien cuenta con toda la experiencia y un flamante equipo joven para hacer historia y pasar el límite del quinto partido. Si se puede México!

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

Esta semana inicio mi colaboración expresando un profundo agradecimiento a mi familia —Araceli, Emiliano y Rodrigo— y a mis amiga/os, cuyo apoyo fue invaluable durante los seis días de hospitalización que enfrenté a causa de una oclusión intestinal, atendida en el área de urgencias del Hospital Regional Fernando Quiroz del ISSSTE. En particular, deseo reconocer la atención oportuna, expedita y altamente profesional del Dr. Alejandro Iván Reyes, la Dra. Nayeli Silva y el enfermero Antonio Cancino Porta. La dedicación y calidad humana de profesionales como ellos otorgan un gran valor a nuestras instituciones de salud; me hicieron sentir plenamente cuidado durante todo el proceso de recuperación. A veces el cuerpo nos obliga a realizar una pausa en nuestra ajetreada agenda, necesaria para restablecer sus funciones y reiniciar con mayor brío nuestras actividades cotidianas. Este episodio me recordó la importancia de la solidaridad, la fortaleza emocional y el valor de quienes nos rodean. La gratitud hacia todos es también un reconocimiento al poder de la familia, la comunidad y al sentido humano que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, entramos en materia espacial.

El fenómeno de la urbanización global proyecta que la mayoría de la población mundial residirá en ciudades para 2050, lo que plantea desafíos sin precedentes en materia de eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida. Para enfrentar esta complejidad, surgió el concepto de Ciudad Inteligente / Smart City, un extenso e intensivo ecosistema urbano basado en la utilización de múltiples tecnologías para optimizar sus servicios y recursos.

El concepto Smart City no tiene un único momento de origen, ya que surgió de la confluencia de varios desarrollos urbanos, tecnológicos y económicos, principalmente entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su origen puede entenderse desde tres distintas perspectivas: tecnológico e industrial (mediados de la década de 2000), proveniente de las grandes empresas de tecnología (IBM y Cisco, entre otras) y comunicación, el auge de las TIC y el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT); Urbanístico y de Planificación (años 70, 80 y 90), donde el interés se centró en transformar las ciudades industriales en centros para la economía y ciudad del conocimiento (Knowledge City), enfocada en el capital humano, la innovación, el uso del conocimiento y el crecimiento inteligente (Smart Growth), desarrollado en EE. UU., como estrategia de planificación que buscaba ciudades más compactas, eficientes; y la Sostenibilidad (fines de los 90 y 2000), la necesidad de abordar los problemas ambientales de la urbanización masiva dotó al concepto de su imperativo moral y social.

La Smart City se erigió como solución para transformar los núcleos urbanos y enfrentar problemas críticos como las emisiones nocivas, el suministro energético ineficiente y la gestión de residuos. A partir de 2010, el concepto se amplió significativamente para incluir el objetivo principal de la sostenibilidad ambiental, económica y social, reconociendo que la tecnología por sí sola no es suficiente si no se aplica para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto ecológico. El movimiento global asociado se consolidó a principios de los años 2000, impulsados por la capacidad de las grandes empresas tecnológicas para interconectar y gestionar la infraestructura urbana a través de datos masivos (Big Data).

En este contexto de transformación digital impulsado por el creciente desarrollo de la IA, la infraestructura espacial se consolidó no como un complemento, sino como un pilar fundamental de la inteligencia urbana. Estos activos orbitales son la fuente principal de los datos geoespaciales críticos (el “Big Data” y el componente geolocalización) que alimentan la toma de decisiones en tiempo real y la planificación a largo plazo. La sinergia entre la tecnología espacial y las ciudades inteligentes es directa y genera una revolución geoespacial en la gestión urbana de 2026.

Ante la acelerada urbanización mundial actual, las ciudades se han convertido en el epicentro de los grandes desafíos del siglo XXI: sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad, resiliencia climática y calidad de vida, entre otros desafíos. En este escenario, la infraestructura espacial ha dejado de ser un recurso complementario para transformarse en el pilar invisible que sostiene la inteligencia urbana. Satélites de navegación, observación terrestre y comunicaciones se integran hoy con inteligencia artificial, Big Data y redes 5G/6G para redefinir la manera en que las urbes se planifican, gestionan y evolucionan. El resultado es un nuevo paradigma: las Smart Cities impulsadas por el espacio, es decir, la evolución del concepto de ciudad inteligente. Hoy, en 2026, la ciudad inteligente se concibe como un ecosistema urbano interconectado, donde la infraestructura espacial es esencial para garantizar decisiones basadas en datos precisos y en tiempo real.

El papel estratégico de la infraestructura espacial
La infraestructura espacial se articula en tres ejes fundamentales: navegación y posicionamiento (GNSS), observación de la Tierra (EO) y comunicaciones satelitales (SATCOM). Cada uno de ellos aporta capacidades únicas que, integradas, permiten a las ciudades pasar de una gestión reactiva a una administración proactiva.

En el ámbito de la navegación, los sistemas GNSS como GPS, Galileo, BeiDou y GLONASS, junto con nuevas constelaciones en la órbita baja terrestre (LEO), ofrecen posicionamiento milimétrico incluso en entornos urbanos densos. Esta precisión es vital para la movilidad autónoma, la logística de última milla con drones y la gestión de flotas de transporte público. Además, la integración con redes 5G/6G asegura continuidad en la conectividad vehicular, habilitando sistemas de transporte inteligentes (ITS) que reducen congestiones y emisiones.

La observación de la Tierra se ha convertido en el “ojo global” de las ciudades inteligentes. Los satélites ópticos, térmicos y radar permiten monitorear emisiones de gases contaminantes, detectar islas de calor, evaluar riesgos de hundimientos y planificar infraestructura verde. Tecnologías como InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) identifican deformaciones del terreno con precisión milimétrica, mientras que la termografía satelital revela pérdidas energéticas en edificios, facilitando políticas de rehabilitación. Estos datos se integran en gemelos digitales urbanos, modelos virtuales que simulan escenarios de crecimiento y resiliencia climática.

En cuanto a las comunicaciones satelitales, las constelaciones LEO (Low Earth Orbit) han revolucionado la conectividad urbana al garantizar cobertura global y baja latencia. Esto resulta crucial en situaciones de emergencia, donde las redes terrestres pueden fallar. Los satélites aseguran la transmisión de datos de sensores IoT, coordinan equipos de rescate y mantienen la continuidad de los servicios públicos. Además, permiten cerrar la brecha digital en zonas rurales y periurbanas, extendiendo los beneficios de la ciudad inteligente más allá de sus límites físicos.

Inteligencia artificial y geoespacialización
La verdadera transformación ocurre cuando los datos espaciales se integran con inteligencia artificial. Algoritmos de aprendizaje profundo aplicados a imágenes multiespectrales permiten clasificar usos de suelo, detectar asentamientos informales y evaluar la salud de la vegetación urbana. La segmentación semántica de imágenes satelitales facilita la planificación de infraestructura verde y la gestión de riesgos ambientales. Proyectos como Belmap4EU, que combinan datos satelitales con catastros nacionales, crean gemelos digitales que sirven como herramientas de gobernanza urbana. Belmap4EU, es una iniciativa de la empresa geoespacial GIM, apoyada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que extiende la base de datos de edificios Belmap; utiliza IA y datos satelitales (Sentinel-2), para crear herramientas geoespaciales de alta precisión en Bélgica y el Benelux.
La inteligencia artificial también potencia la capacidad predictiva de las ciudades. Modelos basados en datos satelitales anticipan fenómenos climáticos extremos, optimizan rutas de recolección de residuos y gestionan el consumo energético. En este sentido, la infraestructura espacial no solo observa y conecta, sino que también habilita una gestión anticipatoria que reduce costos y aumenta la resiliencia.

Aplicaciones recientes y de alto impacto
En 2026, varias iniciativas demuestran el potencial de la infraestructura espacial en la gestión urbana. El Banco Mundial (BM) ha desarrollado un dataset que rastrea emisiones de CO₂ y metano en más de seis mil ciudades, utilizando datos de satélites como OCO-2 y Sentinel-5P. Esta herramienta permite comparar métricas de sostenibilidad y diseñar políticas basadas en evidencia.

La ESA impulsa proyectos como ADMONS-TI, que combinan imágenes de ultra alta definición con sensores terrestres para monitorear infraestructura crítica, reduciendo riesgos y costos de mantenimiento. Plataformas como ATLASCast y SWIM integran nanosatélites y análisis predictivo para anticipar fenómenos extremos y gestionar recursos hídricos, vitales en un contexto de crisis climática.

En movilidad, sistemas como G-PARK utilizan GNSS de alta precisión para optimizar estacionamientos y micromovilidad, mientras que el análisis de tráfico satelital permite planificar corredores de transporte más eficientes. Estas aplicaciones muestran cómo la infraestructura espacial se traduce en beneficios tangibles para los ciudadanos.

Los desafíos y oportunidades
El despliegue masivo de tecnologías espaciales en las ciudades plantea desafíos significativos. La seguridad y privacidad de los datos geoespaciales es un tema crítico, ya que la información sobre movilidad y consumo energético puede ser sensible. La gobernanza internacional también es esencial: organismos como la ONU y la ESA promueven -a través de sus programas- marcos de cooperación para garantizar que estas tecnologías se utilicen con fines sostenibles y equitativos.

En regiones como la nuestra, América Latina y el Caribe, la brecha digital sigue siendo un reto. Aunque las comunicaciones satelitales reducen desigualdades, aún existen limitaciones de acceso en regiones con baja infraestructura terrestre. Además, la dependencia de sistemas espaciales plantea riesgos de vulnerabilidad ante ciberataques o fallos técnicos. Superar estos desafíos requiere de políticas integrales que combinen innovación tecnológica con regulación ética y social.

Hacia una gestión urbana proactiva
La convergencia entre infraestructura espacial, inteligencia artificial y redes de nueva generación está redefiniendo la gestión urbana. Las ciudades inteligentes de 2026 ya no dependen únicamente de sensores terrestres, cuentan con una plataforma espacial integrada que les permite ver, localizar y conectar a escala global y local. Esta capacidad transforma la planificación urbana en un proceso proactivo, donde las decisiones se basan en modelos predictivos y datos en tiempo real.

La infraestructura espacial actual no solo mejora la movilidad y la eficiencia energética, sino que también fortalece la resiliencia ante desastres y eleva la calidad de vida de los ciudadanos. En un mundo donde la urbanización es inevitable, el espacio se convierte en el aliado indispensable para construir ciudades más habitables, seguras y sostenibles; con múltiples oportunidades para construir y desarrollar soluciones, carreras y emprendimientos. La revolución geoespacial ya está en progreso, y su impacto marcará el futuro de la gestión urbana en las próximas décadas. Sin duda, es momento de enfocar atención e esta tendencia que seguramente impulsará importantes corrientes y modelos de negocio desde alguna variante del NewSpace.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

En los diversos artículos de opinión publicados en esta columna, Café Espacial en Aviación 21, he insistido en que el sector espacial mexicano se encuentra en una etapa decisiva. El diagnóstico que he delineado es claro, México posee talento, mercado y necesidad de articular y desarrollar el sector espacial (estratégico y transversal) como catalizador para otras industrias y motor de desarrollo nacional, pero carece de una política espacial que trascienda coyunturas y ciclos políticos. También he subrayado que el verdadero reto no es técnico, sino institucional, pasar de administrar excepciones a construir normalidad. Administrar excepciones o «gestión por excepción» es gestionar la «excepción a la regla» para mantener el flujo operativo funcionando correctamente, sin necesidad de supervisar minuciosamente la norma.

Para ello, he propuesto la construcción de los cimientos que se requieren para fortalecer al sector, a saber, la Política Espacial de México (PEM), una política de Estado orientada a desarrollar capacidades espaciales propias que garanticen la soberanía tecnológica, apoyen la seguridad nacional, impulsen el desarrollo económico y científico, la innovación (es decir, dejar de ser usuario y pasar a ser desarrollador, integrador y proveedor de capacidades espaciales, alineadas al desarrollo nacional), utilizando el espacio como infraestructura estratégica al servicio de la sociedad y habilitador de soluciones a grandes los retos que enfrenta la nación; la Ley Nacional de Desarrollo Espacial (una vez aprobada la Reforma constitucional en materia espacial, actualmente congelada en el Senado), que genere marcos jurídicos más sólidos, reglas claras y estándares previsibles que permitan operar con certidumbre, atraer inversión (nacional y extranjera); formar capital humano especializado; el Plan Estratégico de Desarrollo Espacial (civil y militar), México y sus fuerzas armadas deben desarrollar capacidades espaciales nacionales, para no depender de tecnología y constelaciones extranjeras para necesidades nacionales de lanzamiento, sistemas ISR, PNT, entre otras que permitirán salvaguardar la seguridad nacional; el Sistema Nacional de Innovación Espacial, un marco permanente de coordinación, financiamiento y ejecución que articule a gobierno, industria, academia y sociedad para desarrollar capacidades espaciales propias, convertirlas en valor económico y usar el espacio como palanca de desarrollo nacional; y el Programa Espacial Mexicano, el conjunto articulado de misiones, proyectos y capacidades (infraestructura y servicios) que permitan al país diseñar, operar y aprovechar sistemas espaciales propios al servicio del desarrollo nacional.

Asimismo, he enfatizado que el espacio debe ser entendido como lo que es, una infraestructura estratégica-transversal y no como promesa recurrente del futuro. En mis diferentes colaboraciones, he advertido que la falta de comprensión del sector, de continuidad y visión de largo plazo ha limitado la capacidad de México para consolidar proyectos espaciales propios. La política espacial, reitero, no puede depender únicamente de la cooperación internacional o de casos aislados de éxito académico, sino que debe articularse como política de Estado, vinculada con la industria, academia, sociedad civil organizada en el ámbito espacial, la seguridad -a cargo de las fuerzas armadas- y la innovación tecnológica. Para ello, se requiere de voluntad institucional, marcos jurídicos sólidos y visión estratégica para que México deje de administrar excepciones y construya normalidad en su política espacial.

Como lo he reiterado en varias columnas, la inversión en el desarrollo espacial ofrece amplios beneficios, que van más allá del simple interés por la exploración científica, se trata de una apuesta por el futuro, que permite a las naciones con capacidades espaciales consolidar su posición en el escenario global, impulsar el desarrollo tecnológico y económico, y garantizar su seguridad. Por ello, cada vez más naciones -en el mundo- apuestan por invertir en el estratégico sector espacial para su desarrollo, China (si bien su actividad espacial inició hace 70 años en conjunto con la Unión Soviética, la CNSA se creó apenas en 1993) es el caso más paradigmático, que ha logrado consolidar un ambicioso programa espacial que busca la paridad con los Estados Unidos (la competencia Artemis – ILRS, la he abordado en múltiples ocasiones en esta columna), pero también podemos revisar las experiencias del sector espacial de la India, Corea del Sur, España, Turquía, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, cada uno con sus propios intereses y particularidades, que por supuesto incluyen marcadas asimetrías, en algunos casos.

A este respecto, el análisis comparativo entre los Estados Unidos y México es obligado, particularmente en materia aeronáutica y de drones, pero extrapolado al sector espacial, que se complementa con la visión crítica que he reiterado en múltiples colaboraciones relacionadas al sector espacial en México. Mientras EE. UU. convirtió la normalización en plataforma de escala, México sigue atrapado en la lógica de la excepción. La propuesta que presentado en colaboraciones anteriores y que aquí reformulo (actualizo) coincide con la lección estadounidense, la regulación debe ser motor de competitividad y no un obstáculo burocrático. La política espacial mexicana, reitero, requiere de voluntad política institucional para dejar de improvisar y comenzar a construir un marco sólido que permita operar a escala, atraer capital y generar innovación.

El análisis del desarrollo de los EE. UU. en materia aeronáutica y de drones ofrece un espejo útil para diseñar el futuro del sector espacial mexicano. La experiencia estadounidense muestra que la clave no está únicamente en el talento o en la existencia de mercado, sino en la capacidad institucional de normalizar procesos, generar certidumbre regulatoria y convertir la regulación en plataforma de escala. México, por su parte, enfrenta un dilema similar en el sector espacial, cuenta con talento, necesidades estratégicas y un entorno geográfico que justifica el uso intensivo de tecnologías espaciales, pero carece de un marco institucional sólido que le permita transformar las condiciones de la incipiente industria en un ecosistema sostenible y competitivo.

En los EE. UU., la normalización del uso de drones no se limitó a la aviación civil. Se trató de un esfuerzo transversal que involucró seguridad, defensa, logística, manufactura y política industrial. El dron dejó de ser visto como un artefacto aislado, pasó a considerarse infraestructura operativa y pieza estratégica de poder económico. La regulación se convirtió en un mecanismo para atraer inversión, talento y proveedores, generando un círculo virtuoso donde la claridad normativa impulsó la expansión del mercado. México, en contraste, ha administrado el tema de manera fragmentada, con autorizaciones caso por caso y sin un marco que le permita operar a escala. Esta diferencia es crucial, mientras EE. UU. convirtió la regulación en motor de competitividad, México sigue atrapado en la lógica de la excepción, por ello, requiere urgentemente articular la política industrial y espacial que impulse la competencia estratégica y soberanía tecnológica hacia la competitividad global. Es fundamental superar estas lecciones y desafíos para asegurar el futuro del sector espacial mexicano.

En la extrapolación al sector espacial mexicano es evidente que la pregunta no es si México tiene talento, mercado o necesidades específicas en materia de desarrollo de su sector espacial: las tres condiciones existen. La pregunta real es si el gobierno entiende la importancia del sector en su dimensión estratégica y transversal para el desarrollo nacional (reitero, cada vez más países -en todo el mundo- apuestan por desarrollar su sector espacial -civil y militar- y crear una agencia espacial, dependiente directamente de la presidencia de la república), así como, si existe voluntad institucional para dejar de administrar excepciones y comenzar a construir la normalidad. Normalizar el espacio no significa abrir indiscriminadamente el acceso a órbitas o frecuencias, sino diseñar reglas claras, estándares previsibles y responsabilidades bien repartidas que permitan operar con seguridad y eficiencia. Un satélite normalizado no es un satélite sin control; es un satélite cuyo control no depende de trámites improvisados, sino de un marco regulatorio sólido que otorga certeza jurídica a operadores, inversionistas y usuarios.

La experiencia estadounidense con drones ofrece varias lecciones aplicables al sector espacial mexicano. La primera es la necesidad de una autoridad que genere certidumbre regulatoria. En México, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) -de origen- ha carecido de recursos y facultades suficientes para desempeñar este papel de manera plena. Sin un marco jurídico robusto y una autoridad con capacidad de decisión (la Junta de Gobierno de la AEM y la propia Agencia, deben depender directamente de la presidencia de la República), el sector espacial seguirá dependiendo de voluntades políticas coyunturales y de la lamentable improvisación administrativa puesta en práctica en el sector. La segunda lección es la coordinación interinstitucional, una Junta de Gobierno interinstitucional, dependiente de la presidencia de la República -por tratarse de asuntos estratégicos y transversales- garantiza una articulación expedita y eficiente del sector espacial nacional. En EE. UU., la normalización de drones implicó articular aviación civil, defensa, seguridad y autoridades locales. En México, el sector espacial requiere una coordinación similar entre presidencia, economía, ciencia, tecnología e innovación, defensa, marina, seguridad nacional, comunicaciones, así como gobiernos locales, universidades, industria y sociedad civil organizada en el ámbito espacial. La tercera lección es la importancia de los datos operativos. EE. UU. avanzó hacia decisiones basadas en evidencia, reduciendo la incertidumbre a lo desconocido, México necesita construir sistemas de innovación e información espacial que permitan evaluar riesgos y oportunidades con mayor precisión.

Pero quizá la lección más incómoda es que la normalización no es solo un asunto técnico, sino estratégico. En Estados Unidos, la discusión sobre los drones incluyó manufactura, cadenas de suministro, exportación y autonomía tecnológica. El dron fue concebido como pieza de poder económico. México debe entender que el espacio no es únicamente un tema científico o de soberanía, sino también un componente de política industrial y de competitividad global. Los países que convierten sus reglas en plataformas de escala atraen capital, talento y clientes; los que no lo hacen terminan consumiendo tecnología ajena y operando tarde.

El país cuenta con vastas oportunidades, una geografía compleja, sectores intensivos en monitoreo, costas extensas, nodos energéticos, polos turísticos, zonas agrícolas y áreas donde la conectividad es costosa; por ello urge una política de Estado en materia espacial. Pocos entornos justifican tanto el uso inteligente de sistemas espaciales como México, satélites de observación (cuyos beneficios cubren un amplio espectro de soluciones a industrias, sectores y grupos sociales), constelaciones de comunicaciones y sistemas de navegación pueden transformar la gestión ambiental, la seguridad, la logística y el desarrollo económico. Sin embargo, en este momento el diálogo y el discurso público no están a la altura del potencial del sector estratégico. La actual administración sigue pensando que el desarrollo llegará por acumulación de casos de uso, cuando en realidad llegará por decisión explícita de tratar al espacio como infraestructura estratégico – operativa del presente.

El error ha sido concebir el espacio como una promesa recurrente del futuro. La normalización exige cambiar la pregunta de “qué se puede autorizar” a “qué condiciones hacen posible operar a escala con seguridad”. En el ámbito espacial, esto significa pasar de discutir permisos aislados para proyectos universitarios o privados a diseñar un marco que permita la operación sistemática de constelaciones, estaciones terrenas, el desarrollo de plataformas de lanzamiento (puertos espaciales) y vehículos lanzadores nacionales, además de la integración de México en cadenas globales de valor.

La comparación con los EE. UU., muestra que el espacio debe ser tratado como un sector transversal de competencia estratégica. Esto implica reconocer que la política espacial no puede depender únicamente de la cooperación internacional, sino que debe articularse con una política industrial nacional sólida. México necesita vincular su sector espacial con manufactura avanzada, cadenas de suministro regionales (ejerciendo el liderazgo en la ALCE) y programas robustos de exportación, aprovechando el nivel adquirido por el sector aeronáutico nacional. La autonomía tecnológica no significa aislamiento, sino capacidad de negociar desde una posición de fortaleza económica, diplomática y científica.

Resumiendo, mis diversas colaboraciones sobre el tema, el futuro del sector espacial mexicano dependerá de la capacidad de articular seis ejes estratégicos: autonomía tecnológica, marco jurídico sólido, formación de talento, cooperación internacional, aplicaciones sociales y económicas, e impulso a la innovación y el emprendimiento. La autonomía tecnológica es crucial para disminuir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar la continuidad de proyectos nacionales. Un marco jurídico actualizado permitirá regular las actividades espaciales con base en estándares internacionales, protegiendo los intereses nacionales. La formación de talento especializado y la vinculación con la industria son indispensables para crear una masa crítica de profesionales capaces de sostener el crecimiento del sector. La cooperación internacional debe orientarse hacia alianzas estratégicas que aporten transferencia de conocimiento y tecnología, mientras que las aplicaciones sociales y económicas aseguran que los beneficios del espacio se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Finalmente, el fomento a la innovación y al emprendimiento abrirán espacio para la generación de startups y empresas emergentes que dinamicen el ecosistema espacial mexicano.

La lección de EE. UU. es clara, la normalización convierte la regulación en plataforma de escala. México debe dejar de administrar excepciones y comenzar a construir la normalidad en el sector espacial. Esto exige -como ya lo señalé- voluntad política, coordinación interinstitucional, infraestructura, datos operativos y visión estratégica. El espacio no debe seguir siendo tratado como promesa del futuro, debe ser asumido -de manera inaplazable- como infraestructura estratégica del presente.

México se encuentra en un punto de inflexión, en el que puede optar por mantener un papel periférico en el escenario espacial global o asumir el reto de construir un sector sólido, autónomo y competitivo. La clave está en transformar los desafíos actuales -limitaciones de recursos, dependencia tecnológica y marcos institucionales incipientes- en oportunidades estratégicas que impulsen el desarrollo nacional. Si logra consolidar una visión de largo plazo, el país no solo fortalecerá su soberanía, sino que también podrá posicionarse como líder regional en materia espacial.

El escenario prospectivo, que también he planteado (véase “El sector espacial de México, un escenario prospectivo”, marzo 20, 2026), no es únicamente una proyección de posibilidades, sino una invitación a la acción. Invertir en ciencia, tecnología y talento permitirá que el espacio se convierta en motor de desarrollo y bienestar para México. La experiencia estadounidense con drones demuestra que la normalización es el camino para convertir la regulación en ventaja competitiva. México debe aprender de esa lección y aplicarla al sector espacial, construyendo un marco sólido que permita operar a escala, atraer inversión y generar innovación. Estas reflexiones, derivadas del análisis del sector espacial nacional en las múltiples colaboraciones publicadas -a través de la columna semanal Café Espacial en Aviación 21- aportan un cierre contundente. México no carece de talento ni de mercado, sino de decisión política para transformar el espacio en infraestructura estratégica del presente. La experiencia estadounidense con drones demuestra que la normalización es el camino para convertir la regulación en ventaja competitiva. Si México logra -pronto- articular voluntad política institucional, coordinación interinstitucional y visión estratégica, podrá dejar de consumir tecnología ajena, desarrollar capacidades espaciales propias y comenzar a facturar su propio futuro espacial. El espacio, como lo he advertido reiteradamente, no debe seguir siendo tratado como promesa del futuro, sino asumido como motor de desarrollo nacional y regional.

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

En múltiples ocasiones en esta columna he expuesto los múltiples beneficios sociales que ofrece la ciencia y tecnología espacial para la población. En esta ocasión analizaremos como la tecnología satelital puede institucionalizarse en México -si hay voluntad gubernamental- como política pública de derechos humanos, en apoyo humanitario a los colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas.

En este contexto, la tecnología satelital de observación de la Tierra (EO), equipada con sensores ópticos, infrarrojos y de radar, puede ser una herramienta clave para apoyar a los colectivos de madres buscadoras en México, ya que mediante el reconocimiento satelital permite identificar posibles fosas clandestinas, rastrear patrones geográficos de desapariciones y acceder a zonas de difícil acceso con mayor precisión; además, su uso, combinado con drones, sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección, permite que la ciencia y tecnología espacial se convierta en un recurso estratégico, que fortalece las labores humanitarias, forenses y capacidades de búsqueda, ofreciendo evidencia objetiva y herramientas de precisión que trascienden la narrativa oficial.

El uso de la tecnología por parte de los colectivos representa un soporte adicional esencial que impacta directamente en los resultados. Como antecedente, la revista SciELO (junio, 2019) documenta que el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte (Sinaloa) utilizan prácticas comunicacionales y tecno políticas -mediante redes sociales-, que constituyen “tecnologías de esperanza”, para visibilizar fosas clandestinas.

Aplicaciones de la tecnología satelital en la búsqueda

La utilización de aplicaciones satelitales tiene una Incidencia benéfica directa de la tecnología espacial en la búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado.

-Las imágenes satelitales (monitoreo geoespacial), de alta resolución y sensores químicos permiten detectar alteraciones en el terreno (excavaciones recientes, alteraciones en vegetación, movimientos de tierra) que pueden indicar con precisión la existencia de fosas clandestinas; con la ventaja de una cobertura amplia y monitoreo constante.

-Constelaciones satelitales privadas. Empresas como Planet Labs o Maxar ofrecen imágenes de alta resolución que pueden ser usadas por ONGs y universidades para documentar hallazgos y presionar a las autoridades.

-Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), integran datos geoespaciales para mapear patrones de desaparición, ubicar sitios de interés y cruzar información, superponer capas de datos, con testimonios, denuncias y hallazgos previos. Asimismo, los hallazgos permiten construir mapas de riesgo y zonas críticas (sobre los miles de centros de adiestramiento, reclutamiento forzado y ejecución existentes en el territorio nacional, como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG), visibilizando la magnitud del problema.

-La teledetección, utiliza sensores remotos para identificar anomalías en suelos y cuerpos de agua, apoyando la arqueología forense y reduciendo la exposición directa de las buscadoras. Los sensores químicos cuentan con la ventaja de una alta sensibilidad a los cambios biológicos (descomposición).

-Los drones, con cámaras térmicas complementan la visión satelital, inspeccionando con precisión aéreas específicas cercanas en zonas inaccesibles, como barrancos o pozos, a un bajo costo relativo.

Retos y consideraciones estructurales

-Acceso desigual a tecnología avanzada. Los colectivos de madres buscadoras dependen del apoyo estatal o académico en alianzas con universidades y ONGs para acceder a imágenes satelitales recientes y de alta resolución.

-Capacitación técnica. Se requiere formación en SIG, teledetección, manejo de drones y análisis de imágenes para que las madres buscadoras y/o sus equipos de apoyo logístico puedan usar estas herramientas tecnológicas de manera autónoma.

-Seguridad en campo. La presencia del crimen organizado -con capacidades y tecnología de punta- implica riesgos; la tecnología ayuda a reducir la exposición directa de las madres buscadoras, pero lamentablemente no elimina el peligro; más de 22 han sido asesinadas en 15 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes realizan estas labores. Por ello, es necesario el uso de satélites y drones (utilizados en Jalisco -según El País, enero 29, 2024- con apoyo de la Universidad de Oxford), para evitar la confrontación directa.

-Resistencia institucional. La opacidad y negación oficial de la dimensión real del problema dificultan la incorporación de evidencia satelital en procesos judiciales.

-Seguridad digital. El manejo de datos sensibles debe protegerse contra espionaje y represalias del crimen organizado.

-Transparencia. Es necesaria y urgente la publicación de mapas de riesgo y hallazgos de las autoridades en plataformas digitales abiertas.

-Uso humanitario. La narrativa de la utilización de esta tecnología con fines de búsqueda debe centrarse en el apoyo social y científico, evitando confrontación política.

-Cooperación institucional e internacional. Es fundamental que universidades, ONGs y agencias gubernamentales colaboren para democratizar el acceso a estas tecnologías. Vincular a agencias espaciales y ONGs permitirá la realización de proyectos conjuntos con la ESA, NASA, CSA, entre otras agencias y universidades latinoamericanas.

Impacto nacional e internacional

La tecnología espacial y satelital no es solo un recurso técnico, es un instrumento político y humanitario que puede romper el círculo de impunidad que prevalece en torno a esta realidad insoslayable. Al generar evidencia verificable, apoyar la localización de fosas y visibilizar patrones de desaparición, la tecnología satelital se convierte en una aliada estratégica de los colectivos de madres buscadoras y en un mecanismo de presión internacional frente a un Estado que niega esta realidad.

En el complejo momento que vive el país, el gobierno actual que dice “gobernar por y para el pueblo”, las desapariciones -por reclutamiento del crimen organizado y trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado- se incrementan cuantiosamente, con el cobijo de la impunidad y opacidad; a pesar de que instancias internacionales han evidenciado la gravedad humanitaria del asunto, empeorada por la violencia armada y agravado por la infiltración del crimen organizado en las instituciones.

En este contexto, el 11 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público su informe “Desaparición de personas en México”, documento oficial CIDH -OEA, de 236 páginas que incluye 40 recomendaciones, 11 de las cuales están enfocadas en fortalecer las políticas sobre búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y puede descargarse en el siguiente vínculo:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2026/informe_desapariciones_mx_spa.pdf

El informe visibiliza el fenómeno de la desaparición de personas en México, aborda los esfuerzos que realizan las mujeres buscadoras, madres, personas, familias y colectivos que buscan a sus seres queridos. En el primer capítulo, el informe desglosa la situación actual de la desaparición a partir de los perfiles de las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), al 3 de junio de 2025, se computaban 128.713 personas desaparecidas, de las cuales 98,788 son hombres de entre 20 y 34 años de edad (en la mayoría de los casos por reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado), y 29,503 mujeres de entre 12 a 19 años (en su gran mayoría con fines de trata de personas y explotación sexual). A la fecha de aprobación del informe, según estimaciones independientes, la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000. Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica.

Previamente, el 17 de octubre de 2025 el Comité contra la Desaparición Forzada / Committee on Enforced Disappearances (CED) de la ONU tomó una decisión histórica al activar por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada (ratificada por México el 18 de marzo de 2008), remitiendo de manera urgente la situación de crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas; destacando el reclutamiento forzado y la colusión con el crimen organizado. Esta resolución (activación) -sin precedentes- que representa un hito para investigar la desaparición forzada, responde a la existencia de indicios fundados de que las desapariciones se cometen como una práctica sistemática -de forma generalizada- y no aislada en el país; alcanzando magnitudes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El CED alertó entonces que México concentra la mayor cantidad de acciones urgentes a nivel global (819 casos acumulados hasta inicios de 2026). Como parte de las resoluciones y acciones críticas recientes (abril, 2026), se denunció el colapso del sistema forense institucional (crisis forense y clandestina), evidenciando que el número de restos humanos sin identificar en el país escaló de 52,000 en 2021 a cerca de 72,000 cuerpos y fragmentos en 2026, hallados en más de 4,500 fosas clandestinas. La ONU ha documentado que las desapariciones están relacionadas con la operación del crimen organizado en México, a menudo con la aquiescencia, tolerancia o participación directa de autoridades locales, estatales y federales.

Empero la crítica internacional no termina ahí, la situación se agrava recientemente por el hecho de que -recientemente- de manera tangencial un tribunal federal de los Estados Unidos ha señalado abiertamente al gobernador de Sinaloa -en funciones e integrante del partido en el poder-, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y armas, relacionándolo claramente con el crimen organizado (por lo que solicitan su extradición); considerando que según la insistencia de Trump “son los carteles, simplemente, quienes gobiernan” el país, señalando que el crimen organizado ha infiltrado las más altas esferas del poder en México y poniendo en duda el legítimo combate al crimen organizado por parte del gobierno.

Ante esta descomunal realidad, en un país dónde el gobierno hace muy poco o nada para ayudar a los colectivos de las madres buscadoras, es necesario y urgente acelerar la utilización de tecnología satelital con propósito humanitario para dar esperanza a esos colectivos; cuyos beneficios pueden reflejarse en el corto y mediano plazo e impactar positivamente en beneficio del segmento de la sociedad directamente afectada. En este deplorable escenario, lo más grave es que mientras el gobierno de México trata de mantener su imagen de nación soberana, que enfrenta eficazmente sus problemas nacionales, el mandatario estadounidense -justificándose- evidencia a nuestro país como un “Estado fallido” que requiere de intervención externa, en el contexto de la seguridad nacional americana.

En suma, la ciencia y tecnología espacial (combinación de imágenes satelitales de alta resolución, drones con sensores térmicos y mapas SIG colaborativos) puede transformar la búsqueda de desaparecidos en México al ofrecer herramientas de precisión, reduciendo riesgos, aumentando la eficacia y la visibilización de hallazgos. Sin embargo, esto depende de que el Estado acepte apoyo internacional y garantice la seguridad de las madres buscadoras. Para los colectivos, el acceso a imágenes satelitales, drones y sistemas SIG no solo fortalece sus capacidades técnicas, sino que también les brinda un respaldo científico y político frente a la lamentable inacción estatal, que se entiende, ya que, al utilizar estas tecnologías en este ámbito específico, no habría justificación de porque no utilizarlas también en otras áreas sensibles como el rastreo y trazabilidad del huachicol fiscal.

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