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18/10/2019

Irregularidades cotidianas y riesgos inminentes

José Medina Go… / Domingo, 16 Junio 2019 - 21:55

Tema recurrente de esta columna es la Seguridad Aérea en todas sus modalidades y es necesario y obligado el discutir aspectos poco notorios de la seguridad aérea nacional e internacional. La delincuencia representa una afrenta a la observancia normativa y a las condiciones de equilibrio que son un prerrequisito para el adecuado funcionamiento aeronáutico transnacional. México no está ni remotamente exento de estos procesos, y es labor permanente de nuestras autoridades nacionales el controlar, mitigar y disuadir su incidencia. Lamentablemente, la delincuencia siempre busca vulnerabilidades que explotar y maximizar, independientemente de los riesgos que esto conlleva para el sector y la sociedad.

Debido a lo reciente y a las características del incidente que a continuación se expondrá el suscribiente ruega al lector una anticipada disculpa por no poder presentar datos más puntuales que permitan dar seguimiento al caso; sin embargo, deben observarse las debidas precauciones del tema y considerar este tan sólo como un ejemplo representativo de lo que ocurre a nivel nacional “bajo la línea del radar” (a veces literalmente) de nuestras autoridades. El pasado lunes 10 de junio elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal –encargados entre otras cosas de brindar seguridad y proveer de las condiciones mínimas indispensables de seguridad física a instalaciones aeroportuarias federales- asignados al Aeropuerto Internacional “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca, Estado de México, llevando a cabo labores de seguridad rutinarias detectaron algo peculiar: la matrícula de una aeronave tipo Hawker se estaba despegando, en virtud que ésta era una calcomanía. La normatividad nacional e internacional vigente señala que este registro debe ser aplicado con pintura fija y permanente con la finalidad de evitar aeronaves irregulares, con matriculación falsa, duplicada o ficticia.

Esta aeronave fue puesta a disposición de la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta que sea acreditado debidamente su origen y legal propiedad. Al final de cuentas la investigación de este caso desembocará (esperemos eventualmente) en sanciones y medidas correctivas relacionadas a la violación de disposiciones normativas, pero no es ese el punto al que queremos llegar. No es la primera vez que en el medio aeronáutico nacional se comenta en torno a irregularidades normativas en el aeropuerto de Toluca, e incluso se ha señalado como uno de tantos lugares donde se gestiona la compra-venta de aeronaves en condiciones irregulares. Desde casos como el anteriormente presentado hasta el intercambio de aeronaves sin certificados de aeronavegabilidad vigentes México posee un importante tema a atender en torno al “mercado gris y negro” de aeronaves, refacciones, certificados y documentación de las anteriores.

Desde temas de evasión fiscal hasta lavado de dinero, de tráfico de drogas hasta contrabando de armas, e incluso la venta y distribución de refacciones “piratas” o documentos “clonados”, nuestro país se encuentra en una coyuntura crucial en materia de administración y procuración normativa, así como de la urgente aplicación legal que permita un entorno conducente a la disuasión de estas conductas que ponen en riesgo la seguridad de todo nuestro sector y sociedad. Sobraría señalar los riesgos inherentes al empleo de refacciones “irregulares”, o a la compra-venta de aeronaves sin certificados de aeronavegabilidad debidamente emitidos. La clonación de matrículas, venta y contrabando de aeronaves irregulares o bien su uso para otros procesos delincuenciales como el narcotráfico y/o lavado de dinero por medio de bienes muebles también representan una importante afrenta al Estado, sus instituciones y su sociedad debido a su efecto nocivo.

Se ha sugeridos que la creación de una Agencia Federal de Aviación Civil con autonomía operativa y administrativa de la SCT es la solución para este tipo de situaciones, y aunque no se descarta que podría ser un factor importante lamentable y difícilmente no es determinante ni imperativo. Ejercer la ley y cuidar su observancia no deberían ser acciones que dependan de una “nueva entidad”, sino debieran ser labores permanentes de todas las instituciones coadyuvantes al Estado de Derecho y una responsabilidad conjunta y compartida con la sociedad. Dicho de otra forma, las actuales autoridades federales deberían de redoblar sus esfuerzos para minimizar y disuadir las irregularidades detectadas, y el resto de la comunidad aeronáutica nacional (predominantemente civil y privada pero no limitativa únicamente a ellos) deben ejercer una sistemática labor de observación y denuncia. Solo de esta forma será posible crear una “red integral” donde de manera responsable y conjunta se vaya blindando nuestro sector.

Bajo la premisa que el “eslabón más débil es donde se romperá la cadena”, debemos hacer una labor integral y sistemática para de manera equilibrada fortalecer nuestro sector aeronáutico nacional y hacer valer la normatividad y disposiciones mexicanas en todo nuestro territorio y espacio aéreo. Para ello es imperativo que las actuales autoridades federales especializadas en la materia emitan estrategias, líneas de acción, indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación relacionados a la aplicación, observancia, monitoreo y ampliación de las medidas necesarias para disuadir la delincuencia en el sector aeronáutico nacional. Lo anterior no sólo contribuye al Estado de Derecho y a la construcción y un Estado fuerte, sino también incide en la incidencia de accidentes e incidentes aéreos.

Cuidar y observar la normatividad aeronáutica no sólo disuade la comisión delictiva, sino también previene tragedias. Tal vez a primera instancia no parezca demasiado grave que una aeronave tenga su matrícula con calcomanías en vez de con pintura permanente. Pero ¿sabemos realmente qué aeronave es sin su matrícula? ¿Sabemos que historial tiene? ¿Conocemos que mantenimiento y refacciones tiene la misma? ¿Sabemos dónde estuvo y con qué condiciones? Y tal vez la más importante: asumiendo la respuesta negativa a cualquiera de las anteriores interrogantes ¿permitiría usted que su familia abordara dicha aeronave para un vuelo, o lo haría usted mismo?

Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de las preguntas anteriores es la postura del suscribiente que el problema en cuestión es otro y no es de pertinencia aeronáutica ni de este espacio. Pero si las respuestas son negativas entonces con mayor razón y urgencia debemos hacer un frente común nuestro sector y desde nuestra posición para promover un entorno donde la estricta observancia de la ley y la normatividad no sea una condición excepcional sino la práctica cotidiana permanente. Se trata de no callar lo que vemos está mal o que puede conllevar un riesgo, y de –en la medida de lo posible- fomentar una observancia atenta al cumplimiento de todas las disposiciones aeronáuticas aplicables.

En este esfuerzo no hay labor pequeña, ni detalle “insignificante” que se pueda omitir. Recordemos pues que una definición de “desastre” podría ser la colección de un conjunto de pequeños detalles que en su momento y de manera aislada eran intrascendentes, pero que juntos no fueron controlables. Sea este un llamado a no dejar pasar más “insignificancias” y asumamos la responsabilidad que nos corresponde.

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