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21/10/2018

Aeropuerto de Guadalajara será ampliado, pese a conflicto con ejidatarios

Luis Pablo Segundo / Martes, 5 Septiembre 2017 - 11:27
Autoridades y directivos de GAP prevén compra de más tierras; ejidatarios aún reclaman pago

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL), al tiempo que aseguró que el conflicto con los ejidatarios de la comunidad de El Zapote, Jalisco, ha quedado en el pasado.

En reunión este lunes con funcionarios federales y estatales, empresarios y representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Gerardo Ruíz Esparza, titular de la dependencia federal, destacó el papel fundamental que desempeña GDL en la economía del occidente del país, así como la "inminente" necesidad de llevar a cabo la ampliación planteada por el concesionario.

Por su parte, directivos de GAP realizaron una presentación en la que resaltaron la necesidad de adquirir terrenos adyacentes para realizar trabajos de ampliación del área terminal, así como la posible construcción de una segunda pista.

Sin embargo, para llevar a cabo tal expansión, se requerirán algunas hectáreas en posesión de El Zapote, organización comunal que mantiene un conflicto por la indemnización de la tierra que actualmente ocupa el aeródromo jalisciense.

En la misma reunión, Enrique González Tiburcio, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reiteró que tal disputa ya ha sido resuelta por la autoridad judicial.

No obstante, dijo, "el gobierno federal estará atento y acatará las resoluciones que, en su caso, resulten de los recursos que puedan interponerse".

Todos los asistentes a dicha reunión coincidieron en señalar que, conforme a los pagos efectuados a los ejidatarios y las resoluciones emitidas por el Tribunal Colegiado, los terrenos del ejido El Zapote han sido liquidados, por lo que una eventual compra de terrenos y la ampliación serían efectuadas conforme lo marca la ley.

De igual manera, acordaron atender oportunamente y con un espíritu de negociación constructiva las inquietudes que surjan con motivo de la adquisición de los terrenos para llevar a cabo el proyecto, indicó la SCT a través de un comunicado.

Inversión, pérdidas e indemnizaciones

De acuerdo con su Programa Maestro de Desarrollo (PMD), GAP prevé invertir cerca de 481 millones de pesos este año para el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Guadalajara.

Entre las obras destacan: la ampliación del área de embarque y sala de última espera (incluye instalación de aire acondicionado, mostradores, puertas de abordaje, bancas, y dos nuevos aeropasillos); la remodelación de la fachada principal del Edificio Terminal 1 y la ampliación del Sistema de Equipaje Documentado (incluye losa sobre posición 5).

Respecto al avance en los trabajos, las empresas contratistas han reclamado que, si existen retrasos en las obras, estos se deben a los más de 64 días de afectaciones acumuladas entre finales de 2016 y el primer semestre del año, resultado de los bloqueos realizados por los ejidatarios y que en varias ocasiones impidieron el acceso al estacionamiento, cerraron los accesos viales y dificultaron las operaciones aeroportuarias.

En este periodo, las pérdidas de ingresos comerciales sumaron un importe mayor a los 38 millones de pesos, según puntualizó el grupo aeroportuario para este medio.

Como se sabe, los ejidatarios demandan la indemnización de 307 hectáreas de terrenos que fueron expropiados hace 50 años para la construcción de GDL, y que en enero del presente año fueron valuadas en 61 millones 270 mil 866 pesos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

No obstante, tal cifra se ubica muy por debajo de los dos mil 600 millones de pesos exigidos por los comuneros.

Para la mencionada expansión, la administración aeroportuaria señaló al Occidental de Guadalajara que se apegará a la fórmula de adquisición de los terrenos adicionales, ya sea mediante compra-venta o incluso expropiación, en apego al uso de tierras previsto en la ley y conforme al valor determinado por los órganos federales que tienen la capacidad legal para hacerlo.

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